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OEFA multa con 124,742 UIT a Frontera Energy del Perú por incumplir 4 medidas preventivas en el Lote 192
OEFA multó con 124,742 UIT a Frontera Energy del Perú por incumplir 4 medidas preventivas en el Lote 192, porque cumplirlas tarde no subsana la infracción.

El Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA confirmó la responsabilidad de Frontera Energy del Perú S.A. En Liquidación (Frontera) por incumplir 4 medidas preventivas dictadas tras una fuga en el pozo Dorissa 13 del Lote 192, porque cumplirlas fuera de plazo no subsana la infracción, y revocó su multa de 128,831 UIT para reformarla en 124,742 UIT, vigentes a la fecha de pago, al excluir del cálculo el costo de capacitar al personal.
La decisión consta en la Resolución N.° 604-2026-OEFA/TFA-SE, que resolvió la apelación de Frontera contra la multa que le había impuesto la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de OEFA. Con esta resolución queda agotada la vía administrativa.
La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas de OEFA dictó las medidas el 30 de junio de 2021, por la fuga de fluido de producción reportada el 17 de febrero de 2020 en el pozo Dorissa 13 del Lote 192, en Trompeteros, Loreto. Las medidas ordenaron a Frontera contener el hidrocarburo derramado, limpiar y descontaminar las áreas afectadas, almacenar y transportar los residuos de esa limpieza y darles disposición final. Cada medida tenía un plazo de cumplimiento y un plazo para acreditar el cumplimiento con un informe técnico; con la prórroga que la Dirección de Supervisión concedió el 22 de noviembre de 2021, los plazos de cumplimiento vencieron entre el 30 de noviembre de 2021 y el 25 de enero de 2022.
Cumplir una medida preventiva fuera de plazo no la subsana
Para el Tribunal, el incumplimiento de una medida preventiva es una infracción instantánea, que se consuma al día siguiente del vencimiento de los plazos fijados en la medida. La medida se dicta ante un peligro inminente o un alto riesgo de daño grave al ambiente, y cumplirla fuera de plazo no corrige la finalidad preventiva, que ya quedó frustrada. Por eso la infracción es insubsanable, aunque sus efectos se prolonguen en el tiempo.
Con ese criterio, el Tribunal rechazó el costo postergado que pedía Frontera: calcular la multa al momento del cumplimiento tardío y reconocer lo invertido en contención, limpieza y manejo de residuos. El costo postergado exige una infracción que pueda subsanarse antes de la multa.
El cumplimiento tardío cuenta en otro componente de la multa: cierra el periodo de incumplimiento con que se calcula el beneficio ilícito, que corre desde la fecha del incumplimiento hasta la de su cese. En este caso, ese periodo se contó hasta las fechas en que Frontera ejecutó las medidas, entre el 1 de enero de 2023 y el 24 de marzo de 2025.
La fuerza mayor se prueba dentro del plazo de cumplimiento
La responsabilidad administrativa ante OEFA es objetiva, según el artículo 144 de la Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, y el artículo 18 de la Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Verificada la infracción, la empresa solo se exime si acredita de manera fehaciente la ruptura del nexo causal por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de tercero, o alguna eximente del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N.° 006-2026-JUS (TUO de la LPAG). El caso fortuito o la fuerza mayor, eximente según el literal a) del numeral 1 del artículo 236-A del TUO de la LPAG, es un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, como lo define el artículo 1315 del Código Civil.
El Tribunal añade una condición de tiempo: el evento tiene que haberse producido o mantenido durante el plazo de cumplimiento de las medidas preventivas e impedir cumplirlas a tiempo. Ninguna de las pruebas de Frontera acreditó un evento así.
Los agravantes alcanzan también a la acreditación del cumplimiento
La Dirección de Fiscalización calculó la multa de cada medida en 2 extremos: el extremo 1, la ejecución material de la medida, y el extremo 2, la elaboración y remisión del informe técnico que acredita esa ejecución. Frontera sostuvo que el extremo 2 es una obligación formal, sin capacidad de causar daño ambiental, y que no admitía los factores agravantes f1, gravedad del daño al ambiente; f2, perjuicio económico causado, y f3, aspectos ambientales o fuente de contaminación.
El Tribunal respondió que la medida preventiva es una sola obligación, cumplida solo cuando se ejecutan todas sus actividades, incluida la acreditación oportuna ante la autoridad. Su incumplimiento genera un daño potencial, y los factores de graduación inciden sobre todo el costo evitado, el ahorro que obtuvo la empresa al cometer la infracción; separar los extremos sirve solo para costear cada actividad. Descartó el criterio de la Resolución N.° 915-2024-OEFA/TFA-SE, que invocó Frontera, porque en este caso la conducta sí puede generar un daño potencial al ambiente.
La metodología de multas de 2026 no rige para procedimientos previos
El 27 de marzo de 2026 se publicó la Resolución de Consejo Directivo N.° 00005-2026-OEFA/CD, con una nueva metodología de cálculo de multas. Los procedimientos administrativos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigencia, como el de Frontera, se rigen en todas sus instancias por la metodología anterior, aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 024-2017-OEFA/CD, según la Única Disposición Complementaria Transitoria de la nueva resolución.
Frontera pidió aplicarle la nueva metodología, que según alegó eliminó el factor f2, por retroactividad benigna. El Tribunal lo negó: la retroactividad benigna del numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG alcanza solo a las disposiciones sancionadoras, las que califican conductas como infracciones y fijan su consecuencia, y la metodología de multas no tiene naturaleza sancionadora. El factor f2 se mantuvo en las 4 multas, y el Tribunal constató que los informes de multa explicaban por qué se aplicaba.
Sin ingresos acreditados no hay análisis de no confiscatoriedad
La multa no puede superar el 10 % del ingreso bruto anual que el infractor percibió el año anterior a la infracción, por el numeral 12.2 del artículo 12 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N.° 027-2017-OEFA/CD. La empresa acredita esos ingresos con declaraciones juradas presentadas ante SUNAT, estados financieros, libros contables u otros documentos similares, y el análisis abarca todos sus ingresos, no solo los de la unidad fiscalizada. Sin esa información, la empresa pierde el análisis de no confiscatoriedad.
Frontera, en liquidación, presentó sus ingresos de 2022, 2023 y 2024, años en que afirma no haber percibido ingresos, y pidió que se aplicara el numeral 12.5, que para la actividad en etapa de cierre o abandono toma los 2 últimos ingresos brutos anuales percibidos. Para el Tribunal, ese numeral se aplica solo cuando la empresa no percibió ingresos el año anterior a la infracción; con la lectura de Frontera, la empresa que deja de percibir ingresos después de la infracción queda fuera de toda multa. Las infracciones se cometieron en 2021 y 2022, y Frontera no acreditó sus ingresos de 2020 y 2021 ni que no los hubiera tenido, de modo que el análisis no se hizo.
La capacitación del personal sale del costo evitado
Al revisar la multa, el Tribunal encontró que la Dirección de Fiscalización había incluido el costo de capacitación del personal entre los costos evitados del extremo 2 de cada medida. Lo excluyó: el costo evitado comprende solo los gastos directamente exigibles, indispensables para cumplir la obligación fiscalizable y con una relación causal directa e inmediata con la infracción, y la capacitación no cumplía esas condiciones.
Ese fue el único componente que cambió el Tribunal: el beneficio ilícito del extremo 1, la probabilidad de detección y los factores de graduación quedaron como los fijó la Dirección de Fiscalización. Con ese retiro bajaron las 4 multas.
Las multas por cada medida preventiva incumplida
Tras el recálculo del Tribunal, Frontera debe pagar estas multas por cada medida preventiva incumplida:
- Contener el hidrocarburo derramado: 10,487 UIT.
- Limpiar y descontaminar las áreas afectadas: 79,471 UIT.
- Almacenar y transportar los residuos: 27,248 UIT.
- Dar disposición final a los residuos: 7,536 UIT.
La multa por la disposición final queda por debajo del rango de 10 a 1 000 UIT previsto para la infracción; el Tribunal la impuso por ese monto en aplicación de la Resolución de Consejo Directivo N.° 001-2020-OEFA/CD.
Fuentes
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