Actualidad
OEFA archiva multa de 133,131 UIT a La Arena por subsanación voluntaria
OEFA archivó una multa de 133,131 UIT a La Arena S.A. por subsanación voluntaria y excluyó la capacitación del personal del cálculo de multas cuando no se vincula con la obligación incumplida.

El Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA revocó la sanción de 133,131 UIT a La Arena S.A. por el sistema de subdrenaje de un depósito de desmonte de su mina en Huamachuco, porque Senace aprobó esa configuración a pedido de la empresa antes de la imputación de cargos, y confirmó su responsabilidad por otras conductas de la emergencia ambiental del 5 de abril de 2022.
La decisión consta en la Resolución N° 592-2026-OEFA/TFA-SE, que resolvió la apelación de La Arena contra la Resolución Directoral N° 00544-2026-OEFA/DFAI. Con esa resolución, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) de OEFA la había declarado responsable de 5 conductas vinculadas con la emergencia ambiental en la unidad minera La Arena, en Huamachuco (La Libertad), y la había multado con 144,466 UIT.
El Tribunal confirmó en parte la resolución de DFAI y la revocó o anuló en lo demás. Lo que decidió sobre cada conducta y su multa es lo siguiente:
| Conducta | Responsabilidad | Multa |
|---|---|---|
| 1. No llamar a OEFA antes de presentar el reporte preliminar de la emergencia | Confirmada | 0,253 UIT, anulada |
| 2. Sistema de subdrenaje del depósito de desmonte N° 2 distinto del aprobado | Revocada; procedimiento archivado | 133,131 UIT, revocada |
| 3. Falta de medidas de prevención frente a las filtraciones del dren colector | Confirmada | Reducida de 3,492 a 2,950 UIT |
| 4. Incumplimiento del Plan de Contingencias y del Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias | Confirmada en los extremos (i) y (ii); imputación anulada en los extremos (iii), (iv) y (v) | 3,487 UIT, anulada |
| 5. Poza 3 sin revestimiento | Imputación anulada | 4,103 UIT y medida correctiva, anuladas |
La responsabilidad por las conductas 1 y 3 y por los extremos (i) y (ii) de la conducta 4, y la multa de 2,950 UIT por la conducta 3, agotan la vía administrativa. En las multas y las imputaciones anuladas, el procedimiento sancionador vuelve al momento en que se produjo el vicio.
Subsanación voluntaria con la modificación del estudio ambiental
La conducta 2 se refería al sistema de subdrenaje del depósito de desmonte N° 2. La tercera modificación del estudio de impacto ambiental de la unidad, aprobada por Senace en 2017, preveía conducir los flujos por tuberías de doble pared y una bomba tipo lapicero. En la supervisión especial del 7 al 12 de abril de 2022, OEFA verificó dos drenes colectores abiertos que operaban en circuito y un bombeo superficial con barcazas.
El Tribunal dio por configurada la infracción. La ingeniería de detalle que aprobó la Dirección General de Minería (DGM) no modifica la certificación ambiental: si la configuración que se va a ejecutar difiere de la aprobada, el titular debe gestionar ante las autoridades competentes la determinación del trámite ambiental aplicable y, de corresponder, la modificación del estudio ambiental o la aprobación del instrumento pertinente antes de implementarla.
Aun así, el Tribunal archivó el procedimiento en este extremo por la eximente de subsanación voluntaria del literal f) del numeral 1 del artículo 236-A del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, con el criterio de la Casación N° 36926-2022 LIMA de la Corte Suprema. La Arena presentó a Senace la solicitud de la cuarta modificación del estudio de impacto ambiental el 1 de mayo de 2024; la imputación de cargos se le notificó el 1 de agosto de 2025, y Senace aprobó la modificación el 4 de noviembre de 2025.
El Tribunal verificó los requisitos de la eximente: la solicitud de modificación se presentó antes de la notificación de la imputación de cargos, la configuración verificada en la supervisión es la misma que se evaluó en la cuarta modificación, y la autoridad ambiental competente evaluó y aprobó esa configuración.
La llamada a OEFA forma parte del reporte preliminar
Ocurrida una emergencia ambiental, el titular accede de inmediato al aplicativo ERA Emergencias para saber si está obligado a reportarla. Si no lo usa, el reporte preliminar se hace con una llamada telefónica a OEFA y el ingreso de la información en el formato virtual de la Plataforma Única de Servicios Digitales (PLUSD) de OEFA, con un plazo de hasta 12 horas, contadas desde la ocurrencia del evento, para confirmar su generación. Así rige desde el 1 de diciembre de 2021 el Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD y modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 00017-2021-OEFA/CD.
La Arena registró el reporte preliminar dentro del plazo, pero directamente en la PLUSD, sin usar ERA Emergencias y sin llamar a OEFA. El Tribunal consideró que la llamada no es una obligación aparte del reporte, sino uno de los actos que integran su forma. Presentar el reporte sin ella encaja en la infracción de remitir los reportes de emergencias ambientales fuera de la forma establecida, del numeral 3.1 del Rubro 3 del Cuadro de Tipificación aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD.
Inspección preventiva ante flujos de subdrenaje en aumento
La conducta 3 fue no adoptar medidas de prevención para evitar las filtraciones de agua de contacto del dren colector del depósito de desmonte N° 2, que alcanzaron una zona agrícola y de pastoreo colindante. La medida que identificó la imputación de cargos fue la inspección del depósito para identificar las zonas de filtración.
El Tribunal confirmó la responsabilidad porque, entre las lluvias del 2 de marzo de 2022 y la emergencia del 5 de abril, los propios registros de La Arena mostraban que los flujos de subdrenaje y el nivel de agua del dren colector subían de forma continua, hasta llevar la planta de tratamiento a su máxima capacidad, y esa inspección no se acreditó. El mantenimiento y la inspección de elementos accesibles del sistema de subdrenaje no la sustituyen.
El Tribunal no aceptó el caso fortuito o la fuerza mayor por las lluvias, porque La Arena no acreditó que le impidieran inspeccionar el depósito.
Plan de Contingencias: alarma general y aviso a la comunidad
La conducta 4 se basó en el numeral 12.3.5 del Plan de Contingencias del quinto informe técnico sustentatorio de la unidad, con conformidad de Senace del 28 de febrero de 2022, para el escenario «Colapso de estructuras de pozas de soluciones y/o estructuras de agua o manejo de lodos». La Arena sostuvo que hubo una filtración y no una rotura. El Tribunal aplicó el plan porque los flujos del subdrenaje no fueron captados en su totalidad y alcanzaron un área externa al sistema de manejo previsto.
En el extremo (i), el compromiso distingue una alarma general, para comunicar el evento a todo el personal, y una alarma especial, para identificar la rotura de estructuras de contención de agua, geomembranas o pozas. La alarma especial no condiciona la general. El reporte interno del evento y las investigaciones preliminares de La Arena no acreditan que activara la alarma general.
En el extremo (ii), el plan no fija una formalidad para comunicar el evento a las comunidades involucradas y el uso de medios electrónicos es compatible con una emergencia, pero La Arena debía acreditar la condición de autoridad o representante de los destinatarios en la fecha de la emergencia, con actas de elección, resoluciones de designación, constancias, documentos registrales u otro elemento objetivo. La Arena remitió por WhatsApp la Carta N° 0209-2022-GGSS-LASA del 6 de abril de 2022 a David Armas García, Eleuterio Baltazar Rodríguez y Ernesto Armas García, a quienes identificó como agente municipal del caserío La Arena, presidente de la Ronda Campesina y presidente de la Asociación del Proyecto de Expansión Urbana en el caserío La Arena, sin acreditar esos cargos.
La capacitación del personal queda fuera de los costos evitados
El Tribunal varió el criterio de resoluciones anteriores, que incluían la capacitación del personal entre los costos evitados del beneficio ilícito. Estableció que los costos evitados se limitan a los gastos directamente exigibles, indispensables para cumplir la obligación fiscalizable y con relación causal directa e inmediata con la conducta infractora. Llamar a OEFA, activar la alarma, comunicar el evento a la comunidad o inspeccionar el depósito no dependen de capacitar al personal.
En la conducta 3, el Tribunal recalculó la multa sin la capacitación y mantuvo el costo de las inspecciones rutinarias del depósito. En la conducta 1 y en los extremos (i) y (ii) de la conducta 4, la capacitación era el único costo evitado; el Tribunal anuló esas multas por vicio de motivación y devolvió el cálculo a DFAI.
Procedimientos iniciados antes de la nueva metodología de multas
La Arena pidió fijar en 0 % el factor f2, que gradúa la multa según el nivel de pobreza del lugar, con el argumento de que la nueva metodología de cálculo de multas, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 00005-2026-OEFA/CD y publicada el 27 de marzo de 2026, lo excluyó. El Tribunal lo rechazó: los procedimientos sancionadores iniciados antes de la vigencia de esa metodología se rigen en todas sus instancias por la aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por la Resolución del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. Con ella, el factor f2 se mantuvo en 8 % para Huamachuco.
El Tribunal también validó que DFAI actualizara la fecha de cálculo de la multa al 27 de marzo de 2026, aunque la propuesta notificada con el informe final de instrucción la calculaba al 3 de febrero de 2026: esa propuesta no era la sanción definitiva.
Imputaciones anuladas por no delimitar la obligación
En los extremos (iii), (iv) y (v) de la conducta 4, la imputación de cargos añadió la expresión «respecto del área del bofedal» a la evaluación del daño de las estructuras, la gestión de las reparaciones y la inspección de la presa. El Tribunal consideró que el bofedal es un componente ambiental y no una estructura, poza o presa del escenario del plan, por lo que la imputación trasladó las obligaciones a otro objeto. Declaró la nulidad por vulnerar los principios del debido procedimiento y de tipicidad, desde la Resolución Subdirectoral N° 0608-2025-OEFA/DFAI-SFEM, que inició el procedimiento sancionador. La Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas puede formular una nueva imputación que identifique la estructura sobre la que debía verificarse cada acción.
En la conducta 5, la Poza 3, sin revestimiento, recibió agua ácida de las filtraciones del depósito durante la emergencia. La imputación no precisó la medida concreta de prevención o control exigible —geomembrana, compactación del terreno, otra barrera de aislamiento, estructura prefabricada u otra alternativa equivalente—, ni el daño potencial a la flora o fauna que exige el tipo, ni si la medida podía ejecutarse durante la respuesta inmediata al evento. El Tribunal anuló este extremo, con la multa y la medida correctiva de remediación, por vulnerar el principio del debido procedimiento y el deber de motivación.
Fuentes
Actualidad
OEFA multa con 124,742 UIT a Frontera Energy del Perú por incumplir 4 medidas preventivas en el Lote 192
OEFA archiva la sanción a Frontera Energy por no prevenir una emergencia ambiental en un pozo que recibió cerrado
OEFA deja firme la multa a Avivel por la DAMRS y anula la sanción por negar el ingreso a la supervisión
OEFA multa con 3,556 UIT a Hidroeléctrica Rapaz por 7 infracciones en su línea de transmisión
OEFA multa a Chungar por no informar previamente la suspensión de dos hidroeléctricas ni monitorear el agua