Eliminación de Barreras Burocráticas

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Barreras burocráticas que conoce la Comisión

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) conoce las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad contenidas en actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional. Ninguna otra entidad puede arrogarse esa facultad. La Comisión comprende también a las comisiones adscritas a las oficinas regionales de INDECOPI que cuentan con funciones desconcentradas en esta materia por acuerdo del Consejo Directivo.

En el procedimiento intervienen 4 autoridades, con estas funciones:

Primera instancia: la Comisión resuelve en primera instancia.
Órgano instructor: la Secretaría Técnica de la Comisión inicia, tramita e instruye los procedimientos seguidos ante la Comisión.
Segunda instancia: la Sala competente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI conoce los procedimientos en segunda instancia.
Instrucción ante la Sala: la Secretaría Técnica de la Sala tramita e instruye los procedimientos seguidos ante la Sala.

Las barreras que conoce la Comisión son las que imponen las entidades de la administración pública y todo funcionario, servidor público o persona que ejerce funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual. Son entidades de la administración pública el Poder Ejecutivo, con sus ministerios y organismos públicos; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; los gobiernos regionales y locales; los organismos a los que la Constitución y las leyes confieren autonomía; las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa por concesión, delegación o autorización del Estado.

Barrera burocrática y medios de materialización

Una barrera burocrática es una exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que impone cualquier entidad para condicionar, restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o que puede afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y principios de simplificación administrativa. Sus efectos sobre el administrado pueden ser directos o indirectos. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro no la hace ilegal ni carente de razonabilidad.

La barrera afecta a estas 2 clases de sujetos:

Agentes económicos: personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares o patrimonios autónomos, con o sin fines de lucro, que pretenden iniciar, desarrollar o continuar una actividad económica.
Administrados: personas naturales o jurídicas que pretenden tramitar o tramitan un procedimiento administrativo sujeto a las normas y principios de simplificación administrativa.

La barrera se materializa en alguno de estos 3 medios:

Acto administrativo: declaración de una entidad destinada a producir efectos jurídicos individuales o individualizables, de modo directo, en un administrado o grupo de administrados o agentes económicos.
Disposición administrativa: todo dispositivo normativo emitido por una entidad destinado a producir efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados o agentes económicos.
Actuación material: todo comportamiento, manifestación o actividad material de una entidad, o de un funcionario, servidor o persona que ejerce funciones administrativas por delegación, que, sin pasar por un acto o una disposición administrativa, produce efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, o que incumple las normas y principios de simplificación administrativa.

Lo que no es barrera burocrática

Sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, no son barreras burocráticas estos 10 supuestos:

Leyes: las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros establecidos por leyes u otras normas con rango de ley y alcance nacional, emitidas en ejercicio de la función legislativa.
Contratos con el Estado: las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones o cobros contenidos en contratos suscritos por una entidad, procesos de subasta o bases de concursos para contratar con el Estado.
Inactividad: las omisiones, inacciones o cualquier inactividad de la administración pública, salvo que su actuación sea indispensable para ejercer las actividades económicas o para ejecutar un procedimiento administrativo y no exista una solución alternativa por medio del régimen de silencios administrativos u otros. En ese caso, la medida correctiva que adopte INDECOPI no puede arrogarse facultades propias de la entidad denunciada.
Tarifas: las tarifas o contraprestaciones por servicios prestados por el Estado o por empresas privadas o públicas, ajenos al ejercicio de la función administrativa.
Tributos no vinculados: el cobro de aranceles e impuestos y, en general, de cualquier tributo no vinculado, así como los criterios para determinarlos.
Medidas sanitarias agrarias: las medidas fitosanitarias y zoosanitarias.
Controversias tributarias: las controversias contencioso-tributarias, en especial las vinculadas a la correcta o incorrecta determinación de un tributo en un caso concreto.
Arbitrios: el cobro de arbitrios a personas naturales sin actividad económica.
Nulidad por debido procedimiento: la declaración de nulidad de un acto administrativo por motivos de debido procedimiento. El acto puede usarse para acreditar la existencia de una barrera cuando la sanción tuvo como fundamento el incumplimiento de la barrera controvertida.
Sanciones: la imposición de sanciones. El acto sancionador puede emplearse para acreditar la existencia de una barrera cuando la sanción tuvo como fundamento el incumplimiento de esa barrera.

Cuando, durante el procedimiento, la Comisión o la Sala identifica un requisito, exigencia, limitación, prohibición o cobro contenido en una ley o en una norma emitida en ejercicio de la función legislativa, que puede restringir o limitar el desarrollo de una actividad económica, las libertades de empresa o la iniciativa privada, o que incumple las normas y principios de simplificación administrativa, debe disponer que su Secretaría Técnica emita un informe técnico que recomiende medidas para eliminar ese obstáculo. El informe técnico se pone en conocimiento del Congreso de la República o del Poder Ejecutivo, según corresponda, y se publica en el portal institucional de INDECOPI.

Base normativa: artículos 2 y 5, numerales 1, 2 y 4 a 9 del artículo 3 y numerales 6.2 y 6.3 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256; numeral 3 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 31755; primer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 32587; artículo 49 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 31755; artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo 1272.

Inicio a pedido de parte o de oficio

El procedimiento ante la Comisión se inicia a pedido de parte, mediante denuncia, o de oficio, por decisión de la Secretaría Técnica de la Comisión.

Los órganos que inician las acciones de oficio privilegian las acciones de prevención y coordinación, para promover que las entidades investigadas eliminen voluntariamente las barreras presuntamente ilegales o carentes de razonabilidad. La Secretaría Técnica de la Comisión puede realizar acciones preventivas, investigaciones, inspecciones con o sin notificación previa y acciones de supervisión de oficio. La Comisión y su Secretaría Técnica pueden solicitar la información o documentación que consideren necesaria mediante cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o electrónico.

Denuncia informativa

La decisión de iniciar un procedimiento de oficio puede originarse en una denuncia informativa formulada por gremios empresariales, colegios profesionales, la Defensoría del Pueblo, otras instituciones o personas naturales o jurídicas. La identidad de quien la formula se mantiene en reserva si lo solicita.

La Secretaría Técnica de la Comisión atiende la denuncia informativa en un plazo máximo de 20 días hábiles y tiene un plazo máximo de 45 días hábiles para iniciar el procedimiento de oficio o archivar la denuncia informativa. La decisión es motivada y se comunica al administrado, y los actuados se publican en el portal institucional de INDECOPI.

No justifican el archivo de la denuncia informativa estos 4 supuestos:

Falta de pruebas: la falta de medios probatorios suficientes que INDECOPI puede obtener mediante requerimientos.
Falta de precisión: la imprecisión sobre la barrera controvertida o sus medios de materialización, cuando INDECOPI puede advertir su existencia por propia iniciativa.
Falta de indicios: la falta de indicios suficientes de carencia de razonabilidad, cuando INDECOPI puede identificarlos por propia iniciativa.
Sobrecarga administrativa: la sobrecarga administrativa o la dificultad para cumplir los plazos.

La Secretaría Técnica de la Comisión o la Comisión puede disponer la difusión de la resolución de inicio de cualquier procedimiento, a pedido de parte o de oficio, cuando lo considera pertinente por la importancia del caso.

Base normativa: numerales 7.1, 7.2 y 7.3 del artículo 7, numeral 1 del artículo 4, numeral 6.2 del artículo 6, artículos 45 y 47, primer párrafo del artículo 46 y artículo 52 del Decreto Legislativo 1256; numeral 7.4 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1256, incorporado por la Ley 31755.

Requisitos para interponer la denuncia

La denuncia se dirige al Secretario Técnico de la Comisión y consigna estos datos del denunciante y del pago:

Datos del denunciante: identificación y domicilio, sea persona natural o jurídica. La identificación es el RUC, el DNI, el carné de extranjería u otro documento de identificación similar.
Pago de la tasa: el día de pago y el número de constancia del pago.

Además, el denunciante identifica de manera concisa o presenta, en la denuncia o en sus anexos, estos 7 aspectos:

Barrera burocrática: la barrera o barreras materia de denuncia.
Medio de materialización: disposición administrativa, acto administrativo o actuación material. Si se denuncia una disposición administrativa, se identifica además el párrafo, el artículo o la parte pertinente en que se encuentra la barrera.
Entidad: la entidad o entidades que imponen o aplican la barrera.
Hechos: los hechos, cuando la barrera se materializa en actos administrativos o actuaciones materiales.
Fundamentos jurídicos: los que sustentan que la barrera es ilegal, de ser el caso.
Indicios: los que sustentan la presunta carencia de razonabilidad de la barrera, de ser el caso.
Medios probatorios: los que se requieran para acreditar lo afirmado, cuando corresponda.

Cuando la barrera se materializa en una actuación material, el denunciante presenta un medio probatorio que genere convicción sobre su existencia o su realización.

La Comisión y su Secretaría Técnica identifican de oficio otros medios de materialización distintos de los indicados en la denuncia, cuando su existencia es evidente, y pueden identificar la barrera cuestionada a partir del texto íntegro de la denuncia y no solo del petitorio.

Indicios de carencia de razonabilidad

En el procedimiento a pedido de parte, la Comisión o la Sala realiza el análisis de razonabilidad siempre que el denunciante cuestione la razonabilidad de la medida y presente algún indicio que sustente esa afirmación. Los indicios pueden presentarse en la misma denuncia y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve la admisión a trámite. En el procedimiento de oficio, la Comisión o la Sala realiza el análisis de razonabilidad siempre que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad.

Los indicios sustentan que la barrera califica en alguno de estos 2 supuestos:

Medida arbitraria: la que carece de fundamentos o justificación, o que, teniendo una justificación, no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida.
Medida desproporcionada: la que resulta excesiva en relación con sus fines, o respecto de la cual existe otra u otras medidas alternativas que pueden lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.

Sin que la lista sea taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad estos 3 argumentos:

Ajenos a la barrera: los que no se refieren a la barrera burocrática cuestionada.
Contra una política pública: los que tienen como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública.
Costos como único argumento: alegar como único argumento que la medida genera costos.

Representación

El procedimiento no requiere la participación de abogados. Cuando el denunciante actúa por medio de un abogado u otro representante, basta una carta poder simple con firma del denunciante, salvo que leyes especiales requieran una formalidad adicional. Para desistirse de la pretensión o del procedimiento, acogerse a las formas de terminación convencional del procedimiento o cobrar dinero se requiere poder especial, que indica expresamente los actos para los que se confiere y se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas ante notario o funcionario público autorizado, o mediante declaración en comparecencia personal del denunciante y del representante ante la autoridad.

Si la denuncia la presenta un representante, se adjunta una declaración jurada de la vigencia del poder y de la designación del representante legal. Los poderes otorgados en el extranjero que no están inscritos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se presentan visados por el cónsul peruano correspondiente y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o apostillados de conformidad con el Convenio de La Haya, según corresponda.

La Comisión o su Secretaría Técnica puede admitir como válidos los escritos que el abogado presente sin la firma del denunciante, siempre que el escrito con que se acredita al abogado lleve como mínimo la firma del denunciante y la del abogado.

Una asociación que denuncia precisa si lo hace en nombre propio o en representación de otros agentes económicos o administrados. En el segundo caso actúa como representante legal y acredita poderes de representación procesal suficientes para representar a cada asociado. La inaplicación al caso concreto beneficia solo a los asociados cuya representación se acreditó con esos poderes antes de la admisión a trámite de la denuncia.

Cualquier persona natural o jurídica puede denunciar en representación de derechos o intereses difusos o colectivos, sin necesidad de ser afectada directa o indirectamente por la barrera, con solo indicarlo en la denuncia.

Base normativa: numeral 7.2 del artículo 7, artículos 20 y 22, numeral 2 del artículo 4, numeral 16.1 del artículo 16 y numerales 21.1, 21.2 y 21.3 del artículo 21 del Decreto Legislativo 1256; artículo 15 y numeral 16.2 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1256, modificados por la Ley 31755; numeral 21.4 del artículo 21 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 32587; numerales 115.1 y 115.2 del artículo 115 de la Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo 1272; requisitos 1 a 8 del procedimiento PA14006DB6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo 088-2025-PCM.

Admisión a trámite, inadmisibilidad e improcedencia

La Secretaría Técnica de la Comisión se pronuncia sobre la admisión a trámite de la denuncia luego de verificar el cumplimiento de los requisitos.

Si la unidad de trámite documentario de INDECOPI o la Secretaría Técnica de la Comisión advierte el incumplimiento de algún requisito, puede hacer un único requerimiento para subsanarlo dentro del plazo de 2 días hábiles. Si el requerimiento no se responde en el plazo, o se responde sin subsanar las observaciones, la Secretaría Técnica de la Comisión puede declarar la inadmisibilidad de la denuncia y disponer, a solicitud del denunciante, la devolución de los actuados y de la tasa.

Improcedencia

La Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala declara la improcedencia de la denuncia de parte en estos 5 supuestos:

El denunciante carece evidentemente de legitimidad para obrar.
El denunciante carece manifiestamente de interés para obrar.
Se advierte la caducidad del derecho.
No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio.
El petitorio es jurídica o físicamente imposible.

En primera instancia, si la Comisión o su Secretaría Técnica estima que la denuncia es improcedente, la declara de manera liminar y el procedimiento termina. Si el defecto afecta solo a alguna de las pretensiones, la improcedencia se limita a ellas y los demás extremos pueden admitirse. La Comisión también puede declarar la improcedencia después de admitida la denuncia y presentados los descargos. La Secretaría Técnica de la Comisión o la Comisión puede efectuar requerimientos de información sobre aspectos de procedencia.

La denuncia sobre requisitos, exigencias, prohibiciones o cobros que el administrado ya cumplió, antes de denunciar o durante el procedimiento, se tramita y resuelve siempre que configure una infracción administrativa sancionable, pueda encontrar solución mediante una medida correctiva o la entidad pueda exigirlos en el futuro.

Notificación

Los actos del procedimiento se notifican en este orden de prelación:

Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en el domicilio del administrado.
Telegrama, correo certificado, telefax u otro medio que permita comprobar fehacientemente el acuse de recibo y quién lo recibe, siempre que el administrado haya solicitado expresamente ese medio.
Publicación en el diario oficial o en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley, y en el portal institucional.

INDECOPI no puede suplir una modalidad con otra ni modificar ese orden, bajo sanción de nulidad de la notificación. El administrado que consigna en un escrito una dirección electrónica y autoriza expresamente su uso puede ser notificado por ese medio, sin aplicar el orden de prelación; la notificación surte efecto el día que consta haber sido recibida.

Base normativa: artículos 26 y 28 y numerales 27.1 a 27.4 del artículo 27 del Decreto Legislativo 1256; numeral 27.5 del artículo 27 del Decreto Legislativo 1256, incorporado por la Ley 31755; artículo 427 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 30293; numerales 20.1, 20.2 y 20.4 del artículo 20 de la Ley 27444, modificados por los Decretos Legislativos 1272 y 1452.

Medida cautelar para que la entidad se abstenga de aplicar la barrera

En cualquier etapa del procedimiento, la Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala puede dictar una medida cautelar, de oficio o a pedido del denunciante, para que la entidad denunciada se abstenga de aplicar o imponer la barrera presuntamente ilegal o carente de razonabilidad antes de la emisión de la resolución final. La medida cautelar que dicta la Secretaría Técnica de la Comisión se otorga con cargo a dar cuenta a la Comisión.

La medida cautelar se concede o se rechaza en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.

Para dictarla, la autoridad verifica la existencia concurrente de estos 3 elementos:

Barrera: la barrera burocrática que se pretende inaplicar.
Verosimilitud: la verosimilitud del carácter ilegal o de la carencia de razonabilidad de la barrera.
Daño potencialmente irreparable: indicios razonables de que, por el tiempo que transcurre entre la interposición de la denuncia y la resolución que pone fin al procedimiento, en primera o segunda instancia, se cause al denunciante un daño potencialmente irreparable. Entre esos daños puede acreditarse un elevado costo de oportunidad, siempre que se verifique que lleva a pérdidas económicas irrecuperables en el largo plazo.

La medida cautelar dictada por la Comisión o su Secretaría Técnica mantiene su efecto hasta que la Sala emite pronunciamiento final o la revoca al declarar fundada una apelación en su contra.

Base normativa: numerales 23.1 y 23.2 del artículo 23 y numerales 1 y 2 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1256; numeral 23.3 del artículo 23 del Decreto Legislativo 1256, incorporado por la Ley 31755; numeral 3 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 31755.

Instrucción y descargos de la entidad en 5 días hábiles

La entidad denunciada puede formular descargos en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que admite a trámite la denuncia o inicia el procedimiento de oficio. La Secretaría Técnica de la Comisión puede prorrogar ese plazo por una sola vez y por un máximo de 10 días hábiles adicionales, contados desde el vencimiento del plazo originalmente otorgado.

En los descargos, la entidad debe presentar los argumentos de legalidad o razonabilidad de la barrera cuestionada, según lo cuestionado en la denuncia o en el procedimiento de oficio, conforme a la metodología de análisis de legalidad y de razonabilidad; pronunciarse sobre cada uno de los argumentos del denunciante, o comunicar la derogación o modificación de la barrera o, si la barrera se materializa en un acto administrativo o una actuación material, su inaplicación al denunciante.

La obligación de comunicar la derogación, modificación o inaplicación se mantiene durante todo el procedimiento, y la entidad presenta los documentos que acreditan sus afirmaciones. En ese supuesto, la Comisión o la Sala declara la sustracción de la materia controvertida y dispone el archivo del expediente, incluso si se trata de un procedimiento sancionador.

Informe oral

En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, la Comisión o la Sala puede citar a las partes a una audiencia de informe oral, para contar con mayores elementos para resolver.

Suspensión del procedimiento

El procedimiento ante la Comisión o la Sala solo se suspende en estos 2 supuestos:

Proceso judicial previo: antes del inicio del procedimiento se inició un proceso judicial sobre la misma materia, es decir, uno en el que la parte denunciante cuestiona de manera conjunta la misma disposición, acto administrativo o actuación material de la entidad denunciada, con los mismos argumentos de legalidad o razonabilidad.
Cuestión contenciosa: surge una cuestión contenciosa, en sede judicial o administrativa, que a criterio de la Comisión o la Sala requiere un pronunciamiento previo sin el cual no puede resolverse el asunto.

Base normativa: artículos 29, 30 y 31 del Decreto Legislativo 1256.

Análisis de legalidad y de razonabilidad de la barrera

La Comisión o la Sala evalúa la legalidad y la razonabilidad de las barreras contenidas en disposiciones administrativas con la metodología que sigue, en los procedimientos a pedido de parte y de oficio. En las barreras materializadas en actos administrativos y actuaciones materiales, aplica esa metodología en cuanto corresponda.

Por el principio de interpretación favorable, cuando un caso admite más de una interpretación durante la tramitación del procedimiento, la Comisión y la Sala hacen prevalecer el sentido que cumple mejor la finalidad de la legislación sobre eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa, y de las normas sobre estabilidad jurídica del régimen económico que garantizan la libre iniciativa privada, la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.

Análisis de legalidad

El análisis de legalidad evalúa, en este orden, estos 3 aspectos:

Si existen atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer o aplicar la barrera.
Si la entidad siguió los procedimientos y formalidades exigidos para emitir o publicar la disposición administrativa que materializa la barrera.
Si la imposición o aplicación de la barrera contraviene normas o principios de simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal.

Si la Comisión o la Sala determina la ilegalidad por el primer aspecto, puede declarar fundada la denuncia o el procedimiento de oficio sin evaluar los siguientes, y así sucesivamente. Determinada la ilegalidad, no es necesario continuar con el análisis de razonabilidad. Si descarta la ilegalidad, pasa al análisis de razonabilidad, que en el procedimiento a pedido de parte depende de los indicios presentados hasta antes de la resolución de admisión.

Análisis de razonabilidad

Durante el procedimiento, la entidad puede presentar información o documentación que desacredite los indicios de carencia de razonabilidad de la medida.

Una vez que la Comisión o la Sala considera que se presentaron indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad, analiza la razonabilidad de la medida y verifica que los elementos que siguen se cumplieron al momento de la elaboración y emisión de la medida cuestionada. La entidad acredita cada elemento.

Para acreditar que la medida no es arbitraria, la entidad acredita estos 3 elementos:

Interés público: la existencia del interés público que sustentó la medida, que debe encontrarse dentro del ámbito de las atribuciones legales de la entidad.
Problema: la existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida.
Idoneidad: que la medida resulta idónea o adecuada para solucionar el problema o alcanzar el objetivo de la medida.

Para acreditar que la medida es proporcional a sus fines, la entidad acredita estos 3 elementos:

Evaluación de beneficios y costos: una evaluación de los beneficios o el impacto positivo de la medida y de los costos o el impacto negativo para los agentes económicos obligados a cumplirla, para otros agentes afectados y para la competencia en el mercado.
Resultado de la evaluación: que la evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos.
Medidas alternativas: que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas, incluida la posibilidad de no emitir una nueva regulación.

Si la entidad no acredita alguno de estos elementos, la Comisión o la Sala declara la carencia de razonabilidad de la barrera.

Base normativa: artículos 13 y 17, numerales 14.1, 14.2 y 14.3 del artículo 14 y numeral 18.2 del artículo 18 del Decreto Legislativo 1256; numeral 3 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1256, incorporado por la Ley 31755; artículo 15 y numeral 18.1 del artículo 18 del Decreto Legislativo 1256, modificados por la Ley 31755; Título II del Decreto Legislativo 757.

Resolución de la Comisión en 120 días hábiles

El procedimiento ante la Comisión tiene una duración máxima de 120 días hábiles. Es un procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo negativo: si vence el plazo sin respuesta, el denunciante puede interponer el recurso de apelación.

Mediante resolución, la Comisión o la Sala ordena la inaplicación de la barrera declarada ilegal o carente de razonabilidad. El alcance de la inaplicación depende de la declaración, del medio de materialización y del tipo de procedimiento:

Declaración	Medio de materialización	Procedimiento	Inaplicación
Ilegalidad	Disposición administrativa o actuación material	A pedido de parte o de oficio	Con efectos generales, salvo que la ilegalidad se haya originado por una revocación indirecta de licencia de funcionamiento
Carencia de razonabilidad	Disposición administrativa o actuación material	De oficio	Con efectos generales
Ilegalidad o carencia de razonabilidad	Disposición administrativa o actuación material	A pedido de parte, en representación de derechos o intereses difusos o colectivos	Con efectos generales
Ilegalidad o carencia de razonabilidad	Disposición administrativa, acto administrativo o actuación material	A pedido de parte	Al caso concreto, en favor del denunciante

La inaplicación con efectos generales beneficia a todos los agentes económicos y administrados afectados, real o potencialmente, por la barrera. La inaplicación al caso concreto beneficia únicamente al denunciante que obtiene el pronunciamiento favorable.

En los procedimientos en que declara la barrera, la Comisión o la Sala puede además emitir medidas correctivas, ordenar la devolución de las costas y costos e imponer sanciones, cuando corresponda.

Publicación del extracto

La inaplicación con efectos generales opera a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución de la Comisión o de la Sala en el diario oficial El Peruano. INDECOPI emite la orden de publicación hasta el décimo día hábil después de notificada la resolución respectiva. La publicación del extracto en el diario oficial es gratuita, y el texto completo de la resolución se publica en el portal sobre eliminación de barreras burocráticas que administra INDECOPI.

La publicación del extracto se realiza en 2 pasos, cada uno con su plazo:

Remisión a la Gerencia Legal: el órgano que resolvió remite el extracto a la Gerencia Legal de INDECOPI en un plazo máximo de 8 días hábiles. Para una resolución de la Comisión, el plazo se computa a partir del día siguiente de la notificación de la resolución que la declara consentida. Para una resolución de la Sala, se computa desde el día siguiente de notificada la resolución que declara la barrera.
Envío al diario oficial: la Gerencia Legal envía el extracto al diario oficial a más tardar en 2 días hábiles de recibido.

Si la resolución de la Comisión queda consentida, se publica el extracto de esa resolución. Si la Sala la confirma, se publica solo el extracto de la resolución de la Sala, con el número de la resolución de la Comisión confirmada. Si la Sala la confirma con otros fundamentos, o la revoca y declara la barrera, se publica solo el extracto de la resolución de la Sala.

En los procedimientos a pedido de parte en trámite hasta el día de la publicación que versen sobre la misma barrera inaplicada con efectos generales, la Comisión o la Sala resuelve en el mismo sentido y emite las medidas correctivas, la devolución de costas y costos y las sanciones que correspondan.

Medidas correctivas

La Comisión o la Sala puede ordenar o conceder estas 2 medidas correctivas:

Devolución de derechos de trámite: la entidad devuelve los derechos de trámite cobrados cuando fueron declarados barreras ilegales o carentes de razonabilidad en el caso concreto de un denunciante.
Información a los ciudadanos: como medida complementaria, la entidad informa a los ciudadanos sobre las barreras declaradas ilegales o carentes de razonabilidad mediante resoluciones de la Comisión que agotaron la vía administrativa o resoluciones de la Sala.

Costas y costos

En los procedimientos a pedido de parte, la Comisión o la Sala puede ordenar a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos del denunciante, siempre que este los haya solicitado al inicio o durante el procedimiento.

Son costas la tasa pagada para interponer la denuncia y los gastos que asumió el denunciante para realizar actuaciones en el procedimiento, como los honorarios de peritos o profesionales expertos. La devolución de la tasa no requiere liquidación: se efectúa con la orden contenida en la resolución firme.

La liquidación de costas y costos se solicita cuando el expediente principal está concluido en todos sus extremos, y se tramita en el mismo expediente: en primera instancia, ante la Comisión que tramitó el procedimiento, y en segunda, ante la Sala. La solicitud contiene estos 3 elementos:

Expediente y monto: el expediente o la resolución que dispuso el pago, y el monto solicitado.
Sustento: los documentos que sustentan las sumas solicitadas y el abono de los tributos respectivos, o la razón por la que no corresponde abonarlos.
Poder: si la presenta un representante, un poder simple que señale expresamente la facultad de solicitar la liquidación.

La solicitud no paga tasa. Solo se admiten medios probatorios documentales. La entidad obligada tiene 5 días hábiles para formular observaciones, y la decisión señala por separado los montos de costas y de costos y el plazo para pagarlos. Cada instancia tiene un plazo máximo de tramitación de 30 días hábiles. La solicitud se rige por el plazo de prescripción de 10 años de la acción personal.

Multa a la entidad por aplicar barreras ilegales

Las sanciones que impone la Comisión o la Sala pueden recaer en funcionarios, servidores públicos o personas que ejercen función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, y en las entidades.

La Comisión o la Sala puede imponer a la entidad multas de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) cuando verifica que alguno de sus funcionarios, servidores o personas que ejercen función administrativa en su nombre aplica u ordena aplicar barreras en estos 14 supuestos:

Requisitos adicionales a los máximos: exigir requisitos adicionales a la lista de requisitos máximos de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su reglamento; de la Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y su reglamento; de la Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en las áreas de dominio público y su reglamento, o de los dispositivos que los sustituyan o complementen.
Requisitos fuera del TUPA: exigir requisitos que no constan en el TUPA de la entidad.
Requisitos sin sustento: exigir requisitos que, estando en el TUPA de la entidad, no cuentan con sustento normativo vigente.
Documentación prohibida: exigir documentación o información cuya solicitud está prohibida para la tramitación de procedimientos administrativos. Entre otras, está prohibido pedir la información que la entidad genera o posee, o que debe poseer por un trámite o una fiscalización de los 5 años anteriores si los datos no variaron; la expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del sector; la que se acreditó en una fase o un trámite anterior; la constancia de un pago hecho ante la propia entidad; la información que la entidad puede obtener por interoperabilidad; la copia del DNI, y la legalización notarial de firmas, salvo que una ley expresa la exija.
Documentación en reemplazo: negarse a recibir la documentación o información que las entidades están obligadas a recibir en reemplazo de documentación oficial. Son las copias simples acompañadas de declaración jurada de su autenticidad, las traducciones simples suscritas por un traductor identificado, las declaraciones juradas en reemplazo de la información o documentación prohibida de solicitar, los instrumentos privados, boletas notariales o copias simples de escrituras públicas, las constancias de profesionales independientes en reemplazo de certificaciones oficiales y las reproducciones de los formatos oficiales que respetan su estructura.
Derechos de trámite: exigir el pago de derechos de trámite en alguno de los 13 supuestos que se detallan luego de esta lista.
Plazos mayores a los máximos: establecer plazos mayores a los máximos de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y su reglamento, o de los dispositivos que regulan el despliegue de infraestructura en servicios públicos y el otorgamiento de licencias, autorizaciones o permisos para actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados.
Regímenes de silencio administrativo: establecer regímenes de silencio administrativo sin observar las reglas de silencio de la Ley 27444 y las leyes especiales que lo reconocen. En los procedimientos a instancia de parte no sujetos a silencio negativo rige el silencio positivo. El silencio negativo es excepcional y es aplicable cuando la petición puede afectar significativamente el interés público en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional o el patrimonio cultural. También es aplicable en los procedimientos de promoción de inversión privada, trilaterales, de inscripción registral, los que generan obligación de dar o hacer del Estado, las autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas y los procedimientos por los que se transfieren facultades de la administración pública. Un decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros puede ampliar las materias en que corresponde el silencio negativo. La norma que crea o modifica el procedimiento califica el silencio negativo y lo sustenta técnica y legalmente.
Silencio administrativo positivo: desconocer su efecto cuando ha operado.
Aprobación automática: desconocerla cuando ha operado respecto de solicitudes de licencias, autorizaciones o permisos para el despliegue, ejecución, mantenimiento o implementación de infraestructura en servicios públicos, o para actividades industriales, comerciales o de servicios, públicos o privados.
Derecho de petición: impedir o negar la presentación de solicitudes o escritos.
Suspensión de la tramitación: suspender la tramitación de procedimientos administrativos sin una ley o mandato judicial que lo autorice expresamente.
Plazo de vigencia de autorizaciones: imponer un plazo de vigencia a las autorizaciones otorgadas para actividades económicas sin una ley especial que lo disponga expresamente.
Nuevas observaciones: imponer observaciones que no se formularon en una primera oportunidad.

El cobro de derechos de trámite es sancionable en estos 13 supuestos:

En procedimientos iniciados de oficio.
En procedimientos en que se ejerce el derecho de petición graciable.
Para tramitar una denuncia por infracciones funcionales de los funcionarios de la entidad.
Para tramitar una denuncia por infracciones que deben conocer las oficinas de auditoría interna.
Sin que una ley, o una norma de similar fuerza y rango, faculte a la entidad a crear el derecho de trámite.
Cuando el derecho no se determinó con la metodología que aprueba un decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas; cuando, en una entidad del Poder Ejecutivo, no cuenta con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas, o cuando el TUPA que lo consigna no se aprobó por decreto supremo del sector, ordenanza regional, ordenanza municipal o resolución del titular del organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno.
Cuando el derecho no fue ratificado por la municipalidad provincial correspondiente.
Cuando el derecho no consta en el TUPA de la entidad.
Cuando se cobra por etapas en la tramitación de un procedimiento administrativo.
Cuando no corresponde al costo que el servicio genera para la entidad durante toda la tramitación, o al costo real de producción de los documentos que expide.
Cuando supera la UIT vigente, salvo que esté acogido al régimen de excepción que permite superarla.
Cuando se cobra de manera diferenciada para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud frente a las demás de su mismo tipo.
Cuando se cobra de manera discriminatoria, según el tipo de administrado que sigue el procedimiento.

La multa puede imponerse en el mismo procedimiento a pedido de parte en que se declara la barrera ilegal o en uno posterior, y la resolución que la impone contiene también la declaración de ilegalidad de la barrera.

Las sanciones de la Comisión o la Sala se sujetan a esta escala:

Falta	Sanción
Leve	Desde amonestación hasta multa de 2 UIT
Grave	Multa mayor a 2 UIT hasta 10 UIT
Muy grave	Multa mayor a 10 UIT hasta 20 UIT

Para graduar la sanción, la Comisión o la Sala puede considerar la gravedad del daño ocasionado, la reincidencia o continuidad de la infracción, la intencionalidad de la conducta y otros criterios del caso. La tabla de graduación de sanciones la aprueba el Consejo Directivo de INDECOPI, y su aprobación no es requisito para ejercer la potestad sancionadora. La Comisión y la Sala aplican la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas aprobados por el Decreto Supremo 032-2021-PCM.

Base normativa: artículos 10, 12, 19, 25, 33, 35, 38, 40, 43 y 51, numerales 8.2, 8.3 y 8.5 del artículo 8, numerales 10 y 11 del artículo 3, numeral 32.1 del artículo 32 y tercer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256; numeral 8.1 del artículo 8 y artículo 9 del Decreto Legislativo 1256, modificados por la Ley 32587; numeral 21.4 del artículo 21 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 32587; artículo 40, numeral 41.1 del artículo 41 y numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley 27444, modificados por el Decreto Legislativo 1272; artículo 33 de la Ley 27444, incorporado por el Decreto Legislativo 1272; numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34 de la Ley 27444, incorporados por el Decreto Legislativo 1272 y modificados por el Decreto Legislativo 1452; numeral 38.1 del artículo 38 y numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley 27444, modificados por el Decreto Legislativo 1452; artículo 4 y literales a y d del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246; artículos 1 y 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM; numerales 1.1, 1.2, 1.4, 3.2 y 6.1 de la Directiva 001-2015-TRI-INDECOPI, modificados por la Directiva 001-2017-TRI-INDECOPI; numerales 1.5, 1.6, 2.1, 3.3, 3.4, 5.3, 10.2 y 10.3 de la Directiva 001-2015-TRI-INDECOPI; numeral 3.5 de la Directiva 001-2015-TRI-INDECOPI, precisado por la Directiva 003-2015-TRI-INDECOPI; numeral 5.1 de la Directiva 002-2017-DIR-COD-INDECOPI, aprobada por la Resolución 019-2017-INDECOPI-COD; numeral 1 del artículo 2001 del Código Civil; procedimiento PA14006DB6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo 088-2025-PCM.

Apelación ante la Sala en 15 días hábiles

La apelación es el único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento. Procede contra la resolución que resuelve la suspensión del procedimiento, la que resuelve la liquidación de costas y costos, la que declara la improcedencia de la denuncia, la que ordena una medida cautelar, la que pone fin a la instancia y la que impone multas, salvo la multa por incumplimiento de mandato.

El plazo para apelar es de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución. No procede la reconsideración. La Sala es la única autoridad administrativa que puede conocer y resolver las apelaciones contra las resoluciones de la Comisión, y el procedimiento ante ella tiene una duración máxima de 120 días hábiles.

La apelación de las resoluciones que ponen fin a la instancia se concede sin efecto suspensivo, salvo que la Comisión determine, mediante resolución motivada, que procede con efecto suspensivo. La apelación de multas se concede con efecto suspensivo y se tramita en cuaderno separado; es improcedente la apelación sustentada únicamente en el incremento de la cuantía de la multa impuesta. La apelación de medidas cautelares se concede sin efecto suspensivo y se tramita en cuaderno separado. Las resoluciones de la Comisión y de la Sala son ejecutables cuando han quedado consentidas o son confirmadas por la Sala, según corresponda conforme a estas reglas de apelación.

Pago de la multa dentro del plazo de apelación

La multa se rebaja en 30 % cuando el infractor la paga dentro del plazo de apelación, lo que implica la renuncia a impugnarla. En ese caso, el infractor puede solicitar a INDECOPI el fraccionamiento del pago, que queda a criterio de INDECOPI.

Demanda contencioso-administrativa

Las entidades del Poder Ejecutivo, incluidos los ministerios, no pueden interponer demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de eliminación de barreras burocráticas, u otra actuación impugnable en vía judicial, salvo que se cumplan de manera conjunta estas 2 condiciones:

Autorización de la máxima autoridad: la máxima autoridad de la entidad autoriza la acción judicial de manera formal y expresa, y esa facultad es indelegable.
Aprobación del Consejo de Ministros: el Consejo de Ministros aprueba esa autorización.

Los procuradores públicos que no interponen estas acciones no incurren en responsabilidad. En los gobiernos regionales y locales, la demanda requiere la autorización formal y expresa de la máxima autoridad de la entidad, facultad indelegable, y los procuradores públicos regionales y municipales informan de ella al consejo regional o al concejo municipal dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la interposición de la demanda.

La demanda contra las resoluciones de la Sala la conoce en primera instancia la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior respectiva, que también conoce la solicitud de medida cautelar. La Sala Civil de la Corte Suprema resuelve en apelación, y la Sala Constitucional y Social, en casación.

Base normativa: numerales 32.1 y 32.3 del artículo 32, artículos 19 y 41 y segundo párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256; numeral 32.2 del artículo 32 y primer párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256, modificados por la Ley 32587; segunda disposición complementaria final y transitoria del Decreto Legislativo 1256, modificada por la Ley 32587; procedimiento PA14006DB6 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo 088-2025-PCM.

Cumplimiento de la resolución y multas por incumplimiento de mandato

La entidad cumple las medidas correctivas en estos plazos máximos:

Devolución de derechos de trámite: 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha del consentimiento de la resolución de la Comisión o de la fecha de notificación de la resolución de la Sala, según sea el caso.
Información a los ciudadanos: 5 días hábiles. La entidad puede emplear medios físicos y virtuales disponibles para todo administrado o agente económico que acude a su área de trámite documentario, así como su portal.

El procurador público o abogado defensor de la entidad remite copia de la resolución firme o consentida que declaró la barrera al titular de la entidad y a la Secretaría General, o la que haga sus veces, para que se difunda entre sus funcionarios y servidores. El plazo es de 2 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha en que quedó consentida o fue notificada la resolución que confirma la de la Comisión.

Reporte de acciones adoptadas

La entidad denunciada en un procedimiento en que se declaró la barrera, con resolución consentida o confirmada por la Sala, comunica a INDECOPI las medidas adoptadas mediante un Reporte de Acciones Adoptadas para la Eliminación de Barreras Burocráticas. El plazo máximo es de 1 mes, contado a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de consentimiento de la primera instancia o de la notificación de la resolución de la segunda instancia.

El reporte indica, por cada barrera, cuál de estas 3 acciones adoptó la entidad:

Inaplicación con efectos generales: inaplicar con efectos generales la barrera declarada ilegal.
Inaplicación al caso concreto: inaplicar la barrera únicamente para el caso concreto del denunciante.
Derogación: derogar la barrera contenida en una disposición administrativa, con la referencia de la norma que la eliminó, el diario y la fecha de publicación.

El reporte lo llena quien tiene poder de representación de la entidad, tiene carácter de declaración jurada y se remite por el aplicativo en línea del portal institucional de INDECOPI, por correo electrónico con el formato aprobado o en cualquier mesa de partes de INDECOPI. La entidad que interpuso demanda contencioso-administrativa mantiene la obligación de reportar. La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución de la resolución de INDECOPI, salvo que el juez, mediante una medida cautelar, o la ley dispongan lo contrario.

El órgano de control interno de la entidad dispone las acciones que considere pertinentes si la entidad no comunica las medidas adoptadas o si el procurador público o abogado defensor no remite la copia de la resolución.

Multas por incumplimiento de mandato

La Comisión puede imponer multas de hasta 20 UIT al funcionario, servidor público o persona que ejerce función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en estos 5 supuestos:

Cuando incumple el mandato de inaplicación con efectos generales de la barrera declarada ilegal.
Cuando incumple el mandato de inaplicación al caso concreto de la barrera declarada ilegal o carente de razonabilidad.
Cuando, luego de publicado lo resuelto en un procedimiento de oficio, aplica u ordena aplicar la barrera declarada carente de razonabilidad, o cuando, pudiendo disponer su inaplicación, omite hacerlo.
Cuando, luego de publicado lo resuelto en procedimientos de oficio iniciados antes de la vigencia del Decreto Legislativo 1256, aplica u ordena aplicar la barrera declarada ilegal o carente de razonabilidad, o cuando, pudiendo disponer su inaplicación, omite hacerlo.
Cuando incumple el mandato de inaplicación de la barrera declarada ilegal o carente de razonabilidad en un procedimiento a pedido de parte tramitado con las normas anteriores a la vigencia del Decreto Legislativo 1256.

La Comisión impone estas multas en instancia única. Cuando, después de publicada la inaplicación con efectos generales, se presenta una denuncia de parte por la aplicación de la barrera declarada ilegal, materializada en la misma disposición administrativa o actuación material, la Comisión encausa el escrito como una denuncia informativa de incumplimiento de mandato.

La Comisión o la Sala puede imponer a la entidad una multa de hasta 20 UIT cuando incumple el mandato de pago de costas y costos, el de medidas correctivas, el de medida cautelar o la orden de devolución del cobro declarado ilegal, más los intereses que correspondan, en un procedimiento a pedido de parte.

Comunicación al órgano de control interno

La potestad sancionadora se ejerce sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal y de la declaración de ilegalidad o carencia de razonabilidad de la barrera. Bajo responsabilidad, las entidades remiten a su órgano de control interno esta información:

Sanción a funcionarios: los resultados del procedimiento sancionador que agotó la vía administrativa, seguido contra sus funcionarios, servidores o personas que ejercen función administrativa en su nombre.
Sanción a la entidad: los resultados del procedimiento sancionador seguido contra la entidad que agotó la vía administrativa, con el nombre de los funcionarios involucrados en la emisión o imposición de la barrera cuya aplicación motivó la sanción.
Medidas adoptadas: las medidas adoptadas respecto de lo resuelto por la Comisión o la Sala.

La Comisión, a través de su Secretaría Técnica, puede informar al órgano de control interno de la entidad cuando verifica que la disposición que aprueba el TUPA de la entidad no se publicó en el medio de difusión que corresponde, o que el TUPA no se publicó en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas o en el portal institucional.

Base normativa: numerales 1, 2 y 3 del artículo 34, artículos 36, 37, 39, 42 y 44, numeral 50.1 del artículo 50, numeral 32.1 del artículo 32 y segundo párrafo del numeral 6.1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1256; numerales 4 y 5 del artículo 34 del Decreto Legislativo 1256, incorporados por el Decreto Legislativo 1308; numeral 8.4 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1256, modificado por la Ley 32587; numerales V.1, V.2 y V.3 de la Directiva 001-2017-DIR-COD-INDECOPI, aprobada por la Resolución 018-2017-INDECOPI-COD; artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por el Decreto Supremo 011-2019-JUS.