Denuncia por Competencia Desleal

Actos de competencia desleal que se denuncian

Se reprime todo acto o conducta de competencia desleal que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo.

Ámbito de aplicación

Un acto queda comprendido cuando su efecto o finalidad, de modo directo o indirecto, es concurrir en el mercado. Se incluyen los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario determinar habitualidad en quien desarrolla el acto.

Responden por actos de competencia desleal todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios autónomos u otras entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. En las organizaciones de hecho y en las sociedades irregulares, la responsabilidad recae sobre sus gestores. Las personas naturales que actúan en nombre de esas personas o entidades, por encargo de ellas, les generan responsabilidad con sus actos, sin que se exijan condiciones de representación civil.

Se reprime cualquier acto de competencia desleal que produzca o pueda producir efectos en todo o en parte del territorio nacional, aun cuando se haya originado en el extranjero.

Rige la primacía de la realidad: la autoridad determina la verdadera naturaleza de las conductas investigadas según las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos que utilizan los contratantes no impide ese análisis.

Cláusula general

Están prohibidos y se sancionan los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que adopten, el medio que permita su realización —incluida la actividad publicitaria— y el sector de la actividad económica en que se manifiesten. Un acto de competencia desleal es el que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.

Para determinar que existe un acto de competencia desleal no es necesario acreditar conciencia o voluntad sobre su realización, ni que el acto genere un daño efectivo a otro concurrente, a los consumidores o al orden público económico: basta constatar que el daño sea potencial.

Los actos que siguen forman un listado enunciativo de actos de competencia desleal.

Actos que afectan la transparencia del mercado

Son actos de engaño los que tienen como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, el modo de fabricación o distribución, las características, la aptitud para el uso, la calidad, la cantidad, el precio, las condiciones de venta o adquisición y, en general, los atributos, beneficios o condiciones de los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico pone a disposición en el mercado. También lo son los que inducen a error sobre los atributos del propio agente, incluido todo lo que representa su actividad empresarial.

Son actos de confusión los que tienen como efecto, real o potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de modo que se considere que tienen un origen empresarial distinto del que realmente les corresponde. Pueden materializarse mediante la utilización indebida de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Actos indebidos vinculados con la reputación de otro agente económico

Son actos de explotación indebida de la reputación ajena los que, sin configurar actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero. Pueden materializarse mediante la utilización de bienes protegidos por las normas de propiedad intelectual.

Son actos de denigración los que tienen como efecto, real o potencial, directamente o por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional de otro u otros agentes económicos. Los actos de denigración son lícitos siempre que cumplan estas 4 condiciones:

• Información verdadera: la información es objetiva, verificable y ajustada a la realidad.
• Información exacta: la información es clara y actual, y se presenta de modo que evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad del agente económico aludido o de su oferta.
• Pertinencia en la forma: se evitan, entre otros recursos, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias.
• Pertinencia en el fondo: se evitan las alusiones a la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualquier otra circunstancia estrictamente personal de los titulares o representantes de otra empresa, y toda alusión que no transmita información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia.

Los actos de comparación presentan las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; los actos de equiparación presentan únicamente una adhesión de la oferta propia a los atributos de la oferta ajena. Para que exista uno u otro se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, a la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. Son lícitos si cumplen las mismas 4 condiciones exigidas a la denigración; si no las cumplen, configuran actos de competencia desleal.

Actos que alteran indebidamente la posición competitiva propia o ajena

Son actos de violación de secretos empresariales los que tienen como efecto, real o potencial, cualquiera de estas 2 conductas:

• Divulgar o explotar, sin autorización de su titular, secretos empresariales ajenos a los que se tuvo acceso legítimamente con deber de reserva, o ilegítimamente.
• Adquirir secretos empresariales ajenos por medio de espionaje, inducción al incumplimiento del deber de reserva o procedimiento análogo.

Son actos de violación de normas los que tienen como efecto, real o potencial, valerse en el mercado de una ventaja significativa derivada de la concurrencia en el mercado mediante la infracción de normas imperativas. La ventaja significativa se determina evaluando la mejor posición competitiva obtenida mediante la infracción.

El Estado puede realizar actividad empresarial, directa o indirecta, solo si lo autoriza una ley expresa, de forma subsidiaria y por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial que una entidad pública o una empresa estatal desarrolla sin cumplir esas condiciones también configura un acto de violación de normas. En ese caso no se requiere acreditar que quien la desarrolla adquirió una ventaja significativa.

Son actos de sabotaje empresarial los que tienen como efecto, real o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o la actividad empresarial en general de otro agente económico, mediante la interferencia en la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, que los induzca a incumplir alguna prestación esencial, o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades. Ofrecer mejores condiciones de contratación a los trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados de otro agente económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, no constituye sabotaje empresarial.

Base normativa: artículos 1 a 7 del Decreto Legislativo 1044; numeral 8.1 del Decreto Legislativo 1044; artículos 9 a 13 del Decreto Legislativo 1044; numerales 14.1 y 14.3 del Decreto Legislativo 1044; artículo 15 del Decreto Legislativo 1044; artículo 60 de la Constitución Política del Perú.

Actos de competencia desleal mediante la actividad publicitaria

La publicidad es toda forma de comunicación, difundida a través de cualquier medio o soporte, objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen, las marcas, los productos o los servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.

Los demás términos de la actividad publicitaria tienen las siguientes definiciones:

• Anunciante: persona natural o jurídica que desarrolla actos cuyo efecto o finalidad, directa o indirecta, es concurrir en el mercado y que, mediante la difusión de publicidad, se propone ilustrar al público sobre la naturaleza, las características, las propiedades o los atributos de los bienes o servicios que produce, intermedia o presta, o motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.
• Anuncio: unidad de difusión publicitaria.
• Campaña publicitaria: anuncios difundidos en un mismo espacio geográfico y temporal por el mismo anunciante, a través de diversos medios, respecto de los mismos productos y con el mismo mensaje publicitario principal.
• Agencia de publicidad: persona natural o jurídica que brinda servicios de diseño, confección, organización o ejecución de anuncios y otras prestaciones publicitarias.
• Medio de comunicación social: persona natural o jurídica que brinda servicios en cualquiera de las formas en que es factible difundir publicidad en el territorio nacional, de manera personalizada o impersonal, por medios como correspondencia, televisión, radio, teléfono, Internet, facsímil, diarios, revistas, afiches, paneles, volantes u otro que produzca un efecto de comunicación similar.
• Norma de difusión: norma referida a las características, modalidades y prohibiciones de la divulgación de la publicidad al público. No lo son las referidas a la ubicación física de anuncios, que tienen finalidad urbanística y no regulan el mensaje publicitario.
• Promoción de ventas: acción destinada a incentivar la transacción de bienes o servicios en condiciones de oferta excepcionales y temporales, más ventajosas que las de la oferta ordinaria o estándar, como la reducción de precios, el incremento de cantidad, los concursos, los sorteos o los canjes.
• Publicidad en producto: publicidad fijada en el empaque, el envase o el cuerpo del producto.
• Rotulado: información básica comercial que el proveedor suministra al consumidor en cumplimiento de una norma jurídica o de estándares de calidad recomendables, en términos neutros o meramente descriptivos y sin la finalidad de promover la adquisición o el consumo. El rotulado no tiene naturaleza publicitaria y queda fuera de la represión de la competencia desleal.
• Publicidad testimonial: publicidad que el consumidor puede percibir como la manifestación de las opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias de un testigo, porque se identifica el nombre de quien da el testimonio o porque es identificable por su fama o notoriedad pública.
• Testigo: persona natural o jurídica, de derecho público o privado, distinta del anunciante, cuyas opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias se presentan en publicidad.

Publicidad testimonial

Configura un acto de engaño la difusión de publicidad testimonial que no está sustentada en experiencias auténticas y recientes de un testigo.

Principio de autenticidad

Infringen el principio de autenticidad los actos que tienen como efecto, real o potencial, impedir que el destinatario de la publicidad la reconozca claramente como tal. Lo infringe la publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material recreativo que no consigna, expresa y destacadamente, que se trata de un publirreportaje o de un anuncio contratado.

Principio de legalidad

Infringe el principio de legalidad la difusión de publicidad que no respeta las normas imperativas aplicables a la actividad publicitaria, incluido el incumplimiento de cualquier disposición sectorial que regule su contenido, difusión o alcance. En particular, infringen el principio de legalidad las siguientes omisiones en la publicidad:

• Omitir la advertencia a los consumidores sobre los principales riesgos que implica el uso o consumo de los productos peligrosos anunciados.
• Omitir, cuando se anuncia el precio, el precio total del bien o servicio con los tributos aplicables y todo cargo adicional indispensable para su adquisición.
• Omitir, cuando se anuncia un precio en moneda extranjera, su equivalente en moneda nacional, en caracteres idénticos y de tamaño equivalente.
• Omitir, en los anuncios que ofrecen directamente operaciones financieras pasivas o activas presentando tasas de interés, la tasa de interés efectiva anual aplicable y el monto y detalle de cualquier cargo adicional.
• Omitir, en los anuncios que ofrecen directamente productos con precios de venta al crédito, el importe de la cuota inicial cuando corresponda, el monto total de los intereses, la tasa de interés efectiva anual aplicable y el monto y detalle de cualquier cargo adicional.
• Omitir, en cada anuncio de promociones de ventas, la indicación clara de su duración y de la cantidad mínima de unidades disponibles de los productos ofrecidos.
• Omitir, en los anuncios de servicios telefónicos de valor añadido, la indicación clara del destino de la llamada, de la tarifa y del horario en que esa tarifa se aplica.

En los anuncios de operaciones financieras y de ventas al crédito, el anunciante consigna además la tasa de costo efectivo anual en 2 casos: la de la operación financiera activa anunciada bajo sistema de cuotas, con un ejemplo explicativo, y la de la venta al crédito anunciada. En ambos casos consigna también el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad, cuando corresponda. Esa información complementaria puede ponerse a disposición de los consumidores mediante un servicio gratuito de fácil acceso que les permita informarse de manera pronta y suficiente; en ese caso, el anuncio indica clara y expresamente que la información existe y dónde se localiza el servicio.

Principio de adecuación social

Infringe el principio de adecuación social la difusión de publicidad que tiene alguno de estos 2 efectos:

• Inducir a los destinatarios del mensaje a cometer un acto ilegal o un acto de discriminación u ofensa por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
• Promocionar servicios de contenido erótico a un público distinto del adulto. Esa publicidad solo está permitida en prensa escrita de circulación restringida para adultos y, en radio o televisión, entre la 1:00 y las 5:00 horas.

Evaluación de la publicidad

La actividad publicitaria es ejercicio de la libertad de expresión empresarial y vehículo de la libre iniciativa privada. Ese ejercicio no puede significar actos de competencia desleal que afecten o limiten el adecuado funcionamiento del proceso competitivo, ni afectar el derecho de los consumidores a la información sobre los bienes y servicios. Se permite el uso del humor, la fantasía y la exageración, en la medida en que no configuren actos de competencia desleal.

La publicidad se evalúa como un instrumento para promover en el destinatario, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de bienes o servicios. La evaluación abarca todo el contenido del anuncio —las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos sonoros— y considera que el destinatario realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio que percibe. Las campañas publicitarias se analizan en su conjunto, con las particularidades de los anuncios que las conforman.

Rige el control posterior: la publicidad no requiere autorización ni supervisión previa de autoridad alguna, y la supervisión se efectúa solo sobre la publicidad ya difundida en el mercado.

Responsables de los actos cometidos mediante publicidad

La responsabilidad administrativa por los actos de competencia desleal cometidos a través de la publicidad se asigna a estos 3 sujetos:

Sujeto	Responde por
Anunciante	Todo acto de competencia desleal cometido a través de la publicidad, en todos los casos
Medio de comunicación social	Los actos que infringen normas de difusión que regulan, condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos o la publicidad de determinados tipos de productos
Agencia de publicidad	Los actos generados por un contenido publicitario distinto de las características propias del bien o servicio anunciado

El medio de comunicación social responde en cuanto le corresponde y de manera individual. La responsabilidad del medio y la de la agencia son independientes de la del anunciante.

Base normativa: numeral 8.2 del Decreto Legislativo 1044; artículos 16 a 23 del Decreto Legislativo 1044; artículo 59 del Decreto Legislativo 1044.

Autoridades que instruyen y resuelven el procedimiento

Los actos de competencia desleal se investigan y sancionan en el procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal (en adelante, el procedimiento sancionador), a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Primera instancia: la Comisión

En primera instancia resuelve la Comisión, nombre que comprende a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal y a las comisiones de las oficinas regionales de INDECOPI en las que se han desconcentrado sus funciones. La Comisión es el órgano con autonomía técnica y funcional encargado de reprimir la competencia desleal, con competencia exclusiva a nivel nacional, salvo que una norma expresa con rango legal haya asignado o asigne esa competencia a otro organismo público.

Una comisión regional es competente solo respecto de los actos que se originan y tienen efectos, reales o potenciales, exclusivamente dentro de su circunscripción territorial. En un procedimiento ante una comisión regional, las partes y los terceros señalan, al apersonarse, un domicilio procesal dentro de la circunscripción territorial de esa comisión, y pueden presentar sus escritos en cualquier unidad de recepción documental de INDECOPI. Si una comisión regional, durante investigaciones preliminares, conoce actos de publicidad que corresponden a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, le remite la documentación pertinente.

Instrucción: la Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica de la Comisión es el órgano con autonomía técnica que instruye el procedimiento sancionador. Emite opinión sobre la existencia o no del acto infractor cuando la Comisión lo requiere para resolver el fondo del asunto.

Segunda instancia: la Sala

En segunda instancia administrativa resuelve el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de INDECOPI, que está constituido por salas especializadas. La apelación en esta materia la conoce y resuelve la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de ese Tribunal (en adelante, la Sala). La Sala revisa en segunda y última instancia los actos impugnables de la Comisión y de la Secretaría Técnica.

Alcance de la competencia de la Comisión

El alcance de la competencia de la Comisión se precisa en los siguientes supuestos:

• Servicios públicos de telecomunicaciones: en ese mercado, la represión de la competencia desleal está a cargo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), con las instancias, facultades y procedimientos de su propio marco normativo.
• Propiedad intelectual: los actos de confusión y de explotación indebida de la reputación ajena vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual corresponden a la Comisión de Propiedad Intelectual competente, únicamente si la denuncia de parte la presenta el titular del derecho o quien este haya facultado.
• Publicidad: cuando el acto se desarrolla mediante la actividad publicitaria, la competencia corresponde únicamente a la Comisión y a la Sala, sin excepción. Ninguna otra autoridad del Estado puede supervisar ni sancionar en materia publicitaria.
• Consumidores afectados: el acto de competencia desleal se sanciona con independencia de la afectación directa que cause a los consumidores. Si hay consumidores afectados, la autoridad de protección al consumidor aplica las normas que tutelan sus derechos.
• Efectos fuera del país: en el marco exclusivo de un acuerdo internacional y en aplicación del principio de reciprocidad, la Comisión puede investigar actos desarrollados en el territorio nacional con efectos en uno o más países que forman parte del acuerdo.
• Normas supranacionales: la Comisión y la Sala aplican las normas comunitarias o supranacionales que tipifican actos de competencia desleal, siempre que no haya conflicto con la distribución de competencias que esas normas determinen. Su interpretación reconoce la preeminencia que les corresponde.

Base normativa: artículo 24 del Decreto Legislativo 1044; numeral 25.1 del Decreto Legislativo 1044; numeral 26.1 del Decreto Legislativo 1044; numeral 27.1 del Decreto Legislativo 1044; Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Disposiciones Complementarias Finales del Decreto Legislativo 1044; numeral 12.1 del Decreto Legislativo 1033; literal a) del numeral 14.1 del Decreto Legislativo 1033, modificado por el Decreto Legislativo 1308; numeral 4.3 de la Directiva 005-2010/DIR-COD-INDECOPI, modificado por la Directiva 006-2018-DIR-COD-INDECOPI; numeral 5.2.3 de la Directiva 005-2010/DIR-COD-INDECOPI.

Denuncia de parte: requisitos e indicios razonables

El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, por iniciativa de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica efectúa investigaciones preliminares e inicia de oficio el procedimiento, y la Comisión puede ordenarle ese inicio.

La denuncia de parte promueve el procedimiento sancionador sin quitarle a la Secretaría Técnica la titularidad de la acción de oficio: el denunciante es un colaborador en el procedimiento. Quien presenta una denuncia de parte no requiere acreditar la condición de competidor o de consumidor vinculado al imputado; basta que se repute afectado, efectiva o potencialmente, por el acto de competencia desleal que denuncia.

La denuncia procede cuando el acto se está ejecutando, cuando existe amenaza de que se produzca e incluso cuando ya cesaron sus efectos.

Requisitos de la denuncia de parte

La denuncia de parte contiene los siguientes requisitos:

• Identificación del denunciante: nombre, denominación o razón social, número de RUC o de DNI, según corresponda, y domicilio.
• Representación: cuando se actúa mediante representante, los poderes correspondientes o una declaración jurada que consigne la vigencia del poder y la designación del representante legal. Los poderes otorgados en el extranjero se presentan visados por el cónsul peruano correspondiente y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o apostillados, según corresponda.
• Indicios razonables: los de la presunta existencia de uno o más actos de competencia desleal.
• Identificación del imputado: nombre y domicilio del imputado, siempre que sea posible identificarlo.
• Medios probatorios: los que sustentan la denuncia.
• Medidas cautelares: las que se solicitan, de ser el caso.
• Inspección: cuando se solicita, el lugar de la visita y la materia que se va a verificar.
• Copias: de la denuncia y sus recaudos, según el número de imputados.
• Pago del derecho de tramitación: el comprobante de pago, con la fecha y el número de la constancia.

Hay 2 derechos de tramitación: el general, para la denuncia por actos de competencia desleal, y el de la denuncia por presuntos actos de engaño o por infracción del principio de legalidad publicitaria en perjuicio de los consumidores, cuando la presentan consumidores o asociaciones de consumidores.

La denuncia se presenta en la sede central o en las oficinas regionales de INDECOPI, en los Centros MAC Lima Norte, Callao, Ventanilla y Lima Este, o por el canal de atención virtual de INDECOPI.

Denuncia informativa por actividad empresarial del Estado

Cualquier ciudadano puede presentar ante la Secretaría Técnica una denuncia informativa por la actividad empresarial de una entidad pública o empresa estatal que configura un acto de violación de normas. La Secretaría Técnica atiende la denuncia informativa en un plazo máximo de 10 días hábiles y tiene un plazo máximo de 40 días hábiles para iniciar el procedimiento de oficio o archivarla, con notificación de la decisión motivada al administrado. Los actuados se publican en el portal institucional de INDECOPI. La falta de un medio probatorio suficiente que INDECOPI puede obtener mediante requerimiento de información no justifica el archivo de la denuncia.

Prescripción de la infracción

La infracción prescribe a los 5 años de ejecutado el último acto imputado como infractor. Interrumpe la prescripción cualquier acto de la Secretaría Técnica relacionado con la investigación de la infracción que se ponga en conocimiento del presunto responsable. El cómputo se reinicia si el procedimiento sancionador permanece paralizado más de 60 días hábiles por una causa no imputable al presunto responsable.

Base normativa: literal a) del numeral 25.2 del Decreto Legislativo 1044; literales a) y b) del numeral 26.2 del Decreto Legislativo 1044; numeral 28.1 del Decreto Legislativo 1044; numeral 28.2 del Decreto Legislativo 1044, modificado por el Decreto Legislativo 1205; numeral 28.3 del Decreto Legislativo 1044; artículo 29 del Decreto Legislativo 1044; numeral 14.4 del Decreto Legislativo 1044, incorporado por la Ley 32587; artículo 51 del Decreto Legislativo 1044; procedimiento PA140010FB del TUPA de INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo 088-2025-PCM, modificado por la Resolución 000047-2026-PRE/INDECOPI.

Admisión de la denuncia, imputación de cargos y descargos

Actuaciones previas

Presentada la denuncia de parte y antes de la resolución de imputación de cargos, la Secretaría Técnica puede realizar actuaciones previas para reunir información o identificar indicios razonables de actos de competencia desleal. Las actuaciones previas duran como máximo 30 días hábiles, contados desde la presentación de la denuncia.

Admisión a trámite

La Secretaría Técnica decide la admisión a trámite de la denuncia de parte, y puede declararla inadmisible o improcedente. Para pronunciarse, verifica el cumplimiento de los requisitos formales de la denuncia de parte, la competencia de la Comisión y la existencia de indicios razonables de infracción.

La resolución que declara inadmisible o improcedente la denuncia es impugnable ante la Sala en el plazo de 5 días hábiles.

Resolución de imputación de cargos

La resolución de imputación de cargos contiene los siguientes elementos:

• La identificación de la persona o personas a las que se imputa la presunta infracción.
• Una sucinta exposición de los hechos que motivan el procedimiento, la calificación jurídica de la posible infracción y, en su caso, las sanciones que pueden corresponder.
• La identificación del órgano competente para resolver el caso y de la norma que le atribuye esa competencia.
• La indicación del derecho a formular descargos y del plazo para ejercerlo.

La resolución de imputación de cargos se informa a la Comisión en un plazo no mayor de 5 días hábiles y, en ese mismo plazo, se notifica al imputado y al denunciante. El denunciante queda apersonado al procedimiento por la presentación de la denuncia.

Descargos

El imputado presenta sus descargos en un plazo máximo de 10 días hábiles, con los argumentos y consideraciones que estime convenientes y el ofrecimiento de las pruebas correspondientes. El Secretario Técnico puede prorrogar ese plazo por una sola vez y hasta por 5 días hábiles, solo si verifica la necesidad de la prórroga.

Base normativa: literal c) del numeral 26.2 del Decreto Legislativo 1044; artículos 30, 31 y 32 del Decreto Legislativo 1044.

Medidas cautelares: cese del acto, comiso y cierre temporal

En cualquier etapa del procedimiento sancionador, la Comisión puede dictar una medida cautelar, de oficio o a pedido del denunciante o de los terceros con interés legítimo apersonados al procedimiento. La medida cautelar asegura la eficacia de la decisión definitiva, incluido el cumplimiento de las medidas correctivas y el cobro de las sanciones que se impongan. Una vez declarada la infracción por resolución firme, la medida cautelar relativa al cobro de la sanción se mantiene bajo responsabilidad del ejecutor coactivo.

Requisitos para dictarla

La Comisión dicta una medida cautelar cuando verifica que concurren la verosimilitud en la existencia de un acto de competencia desleal y el peligro en la demora del pronunciamiento final. La medida se ajusta a la intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.

Medidas que restringen la actividad del imputado

La medida cautelar puede ser innovativa o no innovativa, genérica o específica. La Comisión puede imponer condiciones al imputado u ordenarle la adopción de comportamientos positivos, y en especial puede adoptar las siguientes medidas:

• Cese del acto: la orden de cese del acto o su prohibición, si todavía no se ha puesto en práctica.
• Comiso, depósito o inmovilización: de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de la denuncia.
• Ingreso al país: las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso de los productos materia de la denuncia, coordinadas con las autoridades competentes.
• Cierre temporal: el del establecimiento del imputado.
• Otras medidas: cualquiera que contribuya a preservar la leal competencia afectada y a evitar el daño que puedan causar los actos materia del procedimiento.

Trámite de la solicitud

La Comisión concede o deniega la solicitud de medida cautelar en un plazo no mayor de 15 días hábiles. A quien la solicita no se le exige contracautela ni otra medida de aseguramiento civil. La Comisión puede conceder una medida distinta de la solicitada si se ajusta mejor a la intensidad, proporcionalidad y necesidad del daño que se pretende evitar.

En caso de urgencia, el Presidente de la Comisión puede dictar una medida cautelar para evitar un daño irreparable, con cargo a informar a la Comisión en su siguiente sesión, que decide si la ratifica.

En cualquier momento del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, la medida cautelar puede suspenderse, modificarse o revocarse.

Apelación de la medida cautelar

La resolución que impone una medida cautelar es apelable ante la Sala en el plazo de 5 días hábiles. La apelación se concede sin efecto suspensivo y se tramita en cuaderno separado: la medida se cumple mientras se resuelve. La Sala suspende la ejecución, de oficio o a petición de parte, cuando la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente; antes, pondera el perjuicio que la suspensión causaría al interés público o a terceros frente al que la eficacia inmediata de la medida causa al apelante.

La Sala resuelve la apelación en un plazo no mayor de 10 días hábiles. La Sala tiene las mismas facultades que la Comisión para dictar medidas cautelares.

Multas coercitivas por incumplimiento de la medida cautelar

Si el obligado no cumple una medida cautelar ordenada por la Comisión o por la Sala, se le impone automáticamente una multa coercitiva no menor de 10 ni mayor de 125 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), graduada con los criterios con que se determina la gravedad de la infracción. La multa se paga dentro de 5 días hábiles; vencido ese plazo, se ordena su cobranza coactiva. Si el incumplimiento persiste, la Comisión puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última impuesta, hasta el límite de 700 UIT. Estas multas no impiden imponer una sanción distinta al final del procedimiento.

Base normativa: literal d) del numeral 25.2 del Decreto Legislativo 1044; artículos 33 y 34 del Decreto Legislativo 1044; artículo 56 del Decreto Legislativo 1044; numerales 216.2 y 216.3 de la Ley 27444, modificados por el Decreto Legislativo 1272.

Instrucción y período de prueba de hasta 100 días hábiles

La Secretaría Técnica instruye el procedimiento sancionador: realiza investigaciones, actúa medios probatorios y ejerce las facultades que las leyes atribuyen a las comisiones de INDECOPI. Puede realizar de oficio todas las actuaciones probatorias necesarias para examinar los hechos y recabar los documentos, la información o los objetos relevantes para determinar si existe la infracción imputada.

Período de prueba

El período de prueba no puede exceder de 100 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo para presentar descargos.

Las partes pueden ofrecer, entre otros medios probatorios, documentos, inspecciones y pericias. Las testimoniales, los interrogatorios y otras pruebas distintas proceden si la Comisión considera que revisten especial necesidad para resolver el caso. La Comisión puede rechazar, mediante resolución motivada, los medios probatorios del imputado, del denunciante o de los terceros apersonados que sean manifiestamente impertinentes o innecesarios.

Las partes presentan escritos, argumentan y ofrecen medios probatorios solo hasta antes de que concluya el período de prueba. Después, la Comisión puede disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de medios probatorios adicionales si los considera necesarios para esclarecer los hechos denunciados.

Costo de la prueba

Los gastos de actuación de las pruebas son de cargo de la parte que las ofrece y no tienen naturaleza tributaria. Los costos de los medios probatorios que ordena la autoridad pueden distribuirse entre el imputado y el denunciante.

Carga de la prueba

La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios anunciados corresponde al anunciante que las comunicó. Para difundir cualquier mensaje referido a características comprobables de un bien o servicio, el anunciante debe contar previamente con las pruebas que sustentan la veracidad del mensaje.

En los actos de violación de normas, la infracción de normas imperativas queda acreditada en estos 2 supuestos:

• Decisión previa y firme: se prueba una decisión previa y firme de la autoridad competente en la materia que determina la infracción, siempre que su revisión no esté pendiente en la vía contencioso-administrativa.
• Autorizaciones, contratos o títulos: quien está obligado a contar con autorizaciones, contratos o títulos para desarrollar una actividad empresarial no acredita documentalmente que los tiene. Si es necesario, la autoridad pide a la autoridad competente un informe sobre la existencia de la autorización.

Facultades de investigación

Para el desarrollo de sus investigaciones, la Secretaría Técnica tiene las siguientes facultades:

• Exhibición de documentos: exigir a personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos la exhibición de todo tipo de documentos —libros contables y societarios, comprobantes de pago, correspondencia interna o externa y registros magnéticos, con los programas necesarios para leerlos— y solicitar información sobre la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.
• Citación e interrogatorio: citar e interrogar a las personas investigadas o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, con grabaciones en audio, video u otro instrumento electrónico que genere un registro completo y fidedigno de sus declaraciones.
• Inspección: inspeccionar, con o sin previa notificación, los locales de personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares y patrimonios autónomos; examinar libros, registros, documentación y bienes; comprobar el desarrollo de procesos productivos; tomar declaración a las personas que se encuentren en ellos; y tomar copia de archivos físicos, magnéticos o electrónicos y de cualquier documento, así como fotografías o filmaciones. Para ingresar puede solicitar el apoyo de la fuerza pública.
• Inmovilización de documentos: excepcionalmente y con acuerdo previo de la Comisión, inmovilizar libros, archivos, documentos, correspondencia y registros de la persona investigada por un plazo no mayor de 10 días hábiles, prorrogable por otro igual, tomando copia de ellos.
• Retiro de documentos: en las mismas circunstancias, retirarlos del local hasta por 15 días hábiles, con orden judicial. La solicitud de retiro es motivada y la resuelve un Juez Penal en 24 horas, sin correr traslado a la otra parte.

En toda inspección se levanta un acta firmada por quien la tiene a cargo y por los interesados o por quienes estén a cargo del almacén, oficina o establecimiento. Para actuar pruebas y realizar diligencias, el Secretario Técnico o la persona que designe puede requerir la intervención inmediata de la Policía Nacional, sin notificación previa. Los hechos que constatan el Secretario Técnico, la persona que designe o los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalizan en documento público con los requisitos legales, tienen valor probatorio pleno, sin perjuicio de las pruebas que aporten los administrados en defensa de sus derechos o intereses.

Descerraje y copia de correspondencia privada

La Secretaría Técnica requiere autorización judicial previa para el descerraje, cuando hay negativa a la entrada en los locales o estos están cerrados, y para copiar correspondencia privada contenida en archivos físicos o electrónicos. La autorización se tramita en estos 7 pasos:

1. La Secretaría Técnica solicita al Juez Penal de Turno una cita, sin mencionar el nombre de la persona o entidad que será inspeccionada sin previo aviso.
2. El Juez programa, en un plazo no mayor de 3 días hábiles y bajo responsabilidad, una reunión con la Secretaría Técnica, a la que puede asistir un Fiscal.
3. En la reunión, el Secretario Técnico explica las razones de la solicitud, presenta la información o exhibe los documentos que evidencian indicios razonables de la infracción, e identifica a la persona o empresa y el lugar de la inspección.
4. Si el Juez considera justificada la solicitud, la declara procedente y emite en el acto la resolución; se levanta un acta suscrita por todos los presentes.
5. La resolución señala el nombre, denominación o razón social de la persona o empresa, la ubicación de los locales y los alcances de la autorización, que pueden comprender la revisión y copia de los correos electrónicos recibidos o remitidos por los directivos, administradores o representantes.
6. En un plazo no mayor de 3 días hábiles desde la visita, la Secretaría Técnica remite al Juez, y en su caso al Fiscal, un informe sobre la diligencia.
7. El Juez y el Fiscal guardan reserva absoluta, bajo responsabilidad, desde el inicio de la reunión hasta que reciben ese informe.

Si el Juez deniega la solicitud, la Secretaría Técnica puede formular una segunda solicitud.

Nueva imputación de cargos

Si la instrucción modifica la determinación inicial de los hechos, su posible calificación o las sanciones a imponer, la Secretaría Técnica emite una nueva resolución de imputación de cargos que sustituye a la anterior como pliego de cargos, informa a la Comisión y la notifica al imputado y al denunciante. Con ella se inicia un nuevo cómputo del plazo para presentar descargos y del plazo legal de tramitación del procedimiento.

Acceso al expediente

Hasta que el procedimiento concluya en sede administrativa, solo el imputado, el denunciante y los terceros con interés legítimo apersonados tienen derecho a conocer el estado del expediente, acceder a él y obtener copias, salvo la información cuya reserva haya aprobado la Comisión.

La Secretaría Técnica puede informar a la ciudadanía, de manera objetiva y explicativa, sobre los pronunciamientos de la Comisión —aunque estén en plazo de impugnación o hayan sido impugnados— y sobre los procedimientos o investigaciones en trámite, cuando tengan relevancia social o sirvan para evitar que los hechos afecten negativamente a los consumidores o a otros agentes económicos.

Información confidencial

A solicitud de parte o de un tercero con interés legítimo, incluida una entidad pública, la Comisión declara la reserva de la información confidencial: los secretos empresariales, la información que afecte la intimidad personal o familiar y aquella cuya divulgación pueda perjudicar a su titular. Quien aporta información al procedimiento puede haberla recibido de un tercero. También puede declararse confidencial la información cuya divulgación implique una afectación significativa para su titular o para ese tercero, u otorgue una ventaja significativa a un competidor de quien la aporta. Además, puede declararse confidencial la información que la ley considera reservada o confidencial, que comprende, entre otros, estos 3 tipos de información:

• Los datos personales cuya publicidad invade la intimidad personal y familiar de las partes, incluida la información sobre la salud personal.
• La información de terceros ajenos al procedimiento cuya divulgación sin autorización previa pueda ocasionar perjuicios a alguna de las partes.
• La información protegida por el secreto bancario, tributario, comercial, industrial, empresarial, tecnológico y bursátil.

La reserva de un secreto comercial, industrial, tecnológico o empresarial se concede cuando la información cumple estas 3 condiciones:

• Es un conocimiento de carácter reservado o privado sobre un objeto determinado.
• Quienes tienen acceso a ella tienen voluntad e interés consciente de mantenerla reservada y adoptan las medidas necesarias para ello.
• Tiene un valor comercial, efectivo o potencial.

La solicitud de reserva cumple estos 5 requisitos:

• Pedido expreso: se formula en el mismo escrito con que se presenta la información o, en una visita inspectiva, en el acta. Si no se formula así, la autoridad no responde por la divulgación.
• Identificación precisa: se indica qué información se pide reservar, en qué documentos está y en qué parte de ellos. No cabe pedir la reserva genérica de toda la información, salvo la obtenida en entrevistas o visitas de inspección.
• Justificación: se sustenta el carácter confidencial de la información. Si falta, se requiere al solicitante que la presente en 7 días hábiles, bajo apercibimiento de denegar el pedido.
• Resumen no confidencial: uno suficientemente detallado para comprender el contenido sustancial de la información; las series estadísticas se presentan mediante indicadores de tendencia. Si la naturaleza de la información impide elaborarlo, se exponen las razones y, si la Comisión las acepta, se presenta un listado de la información. Si falta, se requiere en 7 días hábiles, y si no se presenta se deniega la reserva.
• Plazo: el tiempo por el que se pide el tratamiento confidencial.

Para resolver, la Comisión evalúa la pertinencia de la información para el caso, que no haya sido divulgada antes y la afectación que causaría su divulgación, cuya prueba corresponde al potencial afectado. No es confidencial la información hecha pública por mandato legal o voluntariamente, ni la entregada a entidades responsables de divulgarla. La información cuya reserva se pide puede valorarse sin tratamiento confidencial si puede obtenerse de otra fuente con carácter no confidencial. La Comisión puede declarar la reserva de oficio, en especial la de la información vinculada a la intimidad personal o familiar o que ponga en riesgo la integridad física de las personas. El trámite concluye en un plazo máximo de 30 días hábiles desde que se recibe la solicitud completa y, en todo caso, antes de la resolución que pone fin al procedimiento. Si la autoridad no declara confidenciales los documentos, el solicitante tiene 5 días hábiles para pedir su devolución; si no la pide, se incorporan al expediente público.

En una visita de inspección o una entrevista, el interesado puede solicitar en el acto la reserva genérica de toda la información o documentación que declara o entrega. Después, la Secretaría Técnica le informa qué información es pertinente para la investigación y le requiere que precise respecto de ella la solicitud de reserva, en un plazo de 7 días hábiles, bajo apercibimiento de denegar el pedido.

Solo acceden a la información declarada bajo reserva los miembros de la Comisión, los vocales de la Sala, sus secretarios técnicos y las personas autorizadas por ellos que laboren o mantengan relación contractual con INDECOPI. La Comisión y la Sala adoptan las medidas necesarias para garantizar la reserva.

Cuando el titular presenta después un nuevo escrito con información ya declarada confidencial, adjunta una versión confidencial que señala dónde está esa información y una versión no confidencial que la cubre de forma identificable. Si no lo hace, la autoridad le concede hasta 5 días hábiles; vencido ese plazo, incorpora el documento íntegro al expediente principal y lo traslada sin medidas de seguridad, y la divulgación queda bajo responsabilidad del titular. La confidencialidad de la información que no fue señalada y cubierta queda sin efecto.

La confidencialidad se levanta de pleno derecho si la información se divulga lícitamente. Excepcionalmente, por razones de interés público o para garantizar el derecho de defensa, la Comisión puede levantarla mediante resolución motivada si es imprescindible para continuar el procedimiento; ante pruebas de cargo, evalúa si el levantamiento es imprescindible para probar la responsabilidad del imputado y permitirle ejercer su defensa. Levantada la confidencialidad, las pruebas de cargo se ponen en conocimiento del imputado, y la información contraria a un pedido, en conocimiento de quien lo formuló. El tratamiento confidencial se mantiene por el plazo solicitado y, de ser el caso, por el que establezca la ley.

Base normativa: literales d) y e) del numeral 26.2 del Decreto Legislativo 1044; numeral 26.3 del Decreto Legislativo 1044; numerales 8.3 y 8.4 del Decreto Legislativo 1044; numeral 14.2 del Decreto Legislativo 1044; artículo 35 del Decreto Legislativo 1044, modificado por el Decreto Legislativo 1391; artículos 36 y 37 del Decreto Legislativo 1044; numerales 38.1 y 38.2 del Decreto Legislativo 1044; artículo 39 del Decreto Legislativo 1044, modificado por el Decreto Legislativo 1391; artículo 40 del Decreto Legislativo 1044; numeral 44.1 del Decreto Legislativo 1044; numerales 2.1 y 3.6 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI, modificados por la Directiva 002-2017-TRI-INDECOPI; literales b) y c) del numeral 3.2 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI, modificados por la Directiva 002-2017-TRI-INDECOPI; literales a), d) y e) del numeral 3.2 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI; numerales 3.3, 3.7, 3.9, 4.2, 4.3 y 6 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI; numeral 4.1 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI, modificado por la Directiva 003-2022/TRI-INDECOPI; numerales 5.11 y 5.12 de la Directiva 001-2008/TRI-INDECOPI, incorporados por la Directiva 003-2022/TRI-INDECOPI.

Informe técnico, informe oral y resolución final de la Comisión

Antes de que termine el período de prueba, cuando la Secretaría Técnica considera que se actuaron los medios probatorios y sucedáneos suficientes, informa a las partes que concluyó su actuación instructiva y que el procedimiento está en conocimiento de la Comisión para que resuelva el fondo. El período de prueba concluye 10 días hábiles después de que la Secretaría Técnica pone todo lo actuado en conocimiento de la Comisión.

Si la Comisión necesita mayores elementos de juicio, indica a la Secretaría Técnica que notifique a las partes para que absuelvan lo que ordene, en un plazo no menor de 5 días hábiles fijado según la complejidad de lo solicitado. Las partes absuelven por escrito, con los medios probatorios que consideren convenientes o que se les hayan requerido.

Informe técnico

La Comisión puede solicitar a la Secretaría Técnica un informe técnico que, en un plazo máximo de 15 días hábiles, dictamine sobre los hechos que considera probados, sobre la existencia o no de la infracción imputada y, de ser el caso, sobre las medidas correctivas necesarias. Si la Secretaría Técnica no encuentra prueba de un acto de competencia desleal, propone a la Comisión declarar que no existe infracción. El informe técnico se notifica a las partes, que tienen 10 días hábiles para formular alegatos.

Informe oral y alegatos finales

La Comisión puede citar a audiencia de informe oral, a solicitud de parte o de oficio, con no menos de 5 días hábiles de anticipación. Las partes pueden presentar alegatos finales durante los 10 días hábiles siguientes al informe oral, sin pruebas adicionales.

Concluido el período de prueba, las partes solo presentan escritos y argumentan cuando la Secretaría Técnica las notifica para absolver lo que ordena la Comisión, cuando absuelven el informe técnico o en los alegatos finales.

Resolución final

La Comisión tiene 15 días hábiles para emitir la resolución final, contados desde lo último que ocurra entre la finalización del período de prueba, la absolución del informe técnico y el vencimiento del plazo para presentar alegatos finales. En la resolución final, la Comisión declara si existe un acto de competencia desleal e impone la sanción que corresponde. La resolución es motivada, decide todas las cuestiones que derivan del expediente y no puede atribuir responsabilidad por hechos que no hayan sido imputados adecuadamente en la instrucción. Se notifica a las partes en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su expedición.

Acuerdo conciliatorio

Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, la Comisión puede decidir la continuación de oficio del procedimiento cuando el análisis de los hechos denunciados advierte una posible afectación del interés público.

Plazo para resolver y caducidad administrativa

El plazo de atención del procedimiento es de 205 días hábiles, con evaluación previa y silencio administrativo negativo: si vencido ese plazo el denunciante no obtiene respuesta, puede interponer los recursos administrativos.

La caducidad administrativa se rige por las normas generales del procedimiento sancionador, que se aplican de forma supletoria; el procedimiento especial no puede imponer al imputado condiciones menos favorables que ellas. La caducidad administrativa tiene las siguientes reglas:

• Plazo para resolver: el procedimiento sancionador iniciado de oficio se resuelve en 9 meses, contados desde la notificación de la imputación de cargos. El órgano competente puede ampliarlo excepcionalmente, hasta por 3 meses, con resolución sustentada emitida antes del vencimiento. Cuando, conforme a ley, la entidad cuenta con un plazo mayor para resolver, la caducidad opera al vencimiento de ese plazo.
• Efecto: vencido el plazo sin que se notifique la resolución, el procedimiento caduca automáticamente y se archiva.
• Declaración: la declara de oficio el órgano competente, y el imputado puede solicitarla si no se ha declarado.
• Nuevo procedimiento: si la infracción no ha prescrito, el órgano competente evalúa el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado no interrumpe la prescripción.
• Actuaciones y medios probatorios: la caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización ni los medios probatorios que no puedan o no necesiten actuarse de nuevo.
• Medidas correctivas y cautelares: las dictadas se mantienen 3 meses adicionales mientras se dispone el inicio del nuevo procedimiento, y luego caducan.
• Apelación: la caducidad administrativa no se aplica al procedimiento recursivo.

Base normativa: literales b) y c) del numeral 25.2 del Decreto Legislativo 1044; numeral 38.3 del Decreto Legislativo 1044; artículos 41, 42 y 43 del Decreto Legislativo 1044; numeral 44.2 del Decreto Legislativo 1044; artículo 45 del Decreto Legislativo 1044; procedimiento PA140010FB del TUPA de INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo 088-2025-PCM, modificado por la Resolución 000047-2026-PRE/INDECOPI; artículo 237-A de la Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo 1452; numeral 229.2 de la Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo 1272.

Sanciones, medidas correctivas y multas coercitivas

La realización de actos de competencia desleal es una infracción, y la Comisión la sanciona según la calificación de su gravedad con estas sanciones:

Calificación de la infracción	Sanción
Leve, sin afectación real en el mercado	Amonestación
Leve	Multa de hasta 50 UIT
Grave	Multa de hasta 250 UIT
Muy grave	Multa de hasta 700 UIT

Ninguna multa puede superar el 10 % de los ingresos brutos percibidos por el infractor por todas sus actividades económicas en el ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión. Ese tope no se aplica cuando el infractor no acredita el monto de esos ingresos o cuando está en situación de reincidencia. La reincidencia es circunstancia agravante: la sanción no puede ser menor que la sanción precedente. La multa se calcula con la UIT vigente a la fecha de pago efectivo.

La multa se rebaja en un 25 % cuando el infractor la paga antes de que venza el plazo para impugnar la resolución de la Comisión que puso fin a la instancia y no interpone recurso alguno contra ella.

Criterios de graduación

Para determinar la gravedad de la infracción y graduar la multa, la Comisión puede considerar, entre otros criterios, el beneficio ilícito resultante de la infracción, la probabilidad de detección, la modalidad y el alcance del acto, la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado del infractor, el efecto del acto sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre otros agentes del proceso competitivo y sobre los consumidores o usuarios, la duración del acto y la reincidencia o reiteración en la comisión de actos de competencia desleal.

Prescripción de la sanción

La acción para exigir el cumplimiento de la sanción prescribe a los 3 años, contados desde el día siguiente a aquel en que queda firme la resolución que la impone. La interrumpe el inicio del procedimiento de ejecución coactiva con conocimiento del interesado. El cómputo se reinicia si ese procedimiento permanece paralizado más de 30 días hábiles por causa no imputable al infractor.

Medidas correctivas

Además de la sanción, la Comisión puede dictar medidas correctivas para restablecer la leal competencia en el mercado, que pueden consistir, entre otras, en las siguientes medidas:

• El cese del acto o su prohibición, si todavía no se ha puesto en práctica.
• La remoción de los efectos producidos por el acto, mediante la realización de actividades, incluso bajo condiciones determinadas.
• El comiso o la destrucción de los productos, etiquetas, envases, material infractor y demás elementos de falsa identificación.
• El cierre temporal del establecimiento infractor.
• La rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
• Las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de la infracción, coordinadas con las autoridades competentes.
• La publicación de la resolución condenatoria.

La Sala tiene las mismas facultades que la Comisión para dictar medidas correctivas.

Multas coercitivas por incumplimiento de medidas correctivas

Si el obligado no cumple una medida correctiva o un mandato ordenado por la Comisión, se le impone una multa coercitiva no menor de 1 ni mayor de 10 UIT, que se paga dentro de 5 días hábiles; vencido ese plazo, se ordena su cobranza coactiva. Si el incumplimiento persiste, la Comisión puede imponer nuevas multas coercitivas, duplicando sucesivamente el monto de la última impuesta, hasta que se cumpla la medida o el mandato y hasta el límite de 16 veces el monto de la multa coercitiva original. Las multas coercitivas no tienen naturaleza de sanción por el acto de competencia desleal. El incumplimiento de una medida correctiva o de un mandato se tramita en un procedimiento sancionador independiente de aquel en que se dispuso.

Base normativa: literal e) del numeral 25.2 del Decreto Legislativo 1044; artículos 52, 53, 54 y 55 del Decreto Legislativo 1044; artículo 57 del Decreto Legislativo 1044, modificado por el Decreto Legislativo 1391.

Apelación ante la Sala y demanda ante el Poder Judicial

La resolución final de la Comisión es apelable por el imputado, por el denunciante y por los terceros con interés legítimo apersonados, en el plazo de 10 días hábiles. Quien busca que se declare la existencia del acto infractor y se imponga una sanción solo puede apelar la resolución final cuando esta exculpó al imputado.

En el mismo plazo son apelables los actos de la Secretaría Técnica o de la Comisión que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento y los que pueden producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Contra las resoluciones y los actos de la Secretaría Técnica o de la Comisión no cabe recurso de reconsideración.

Interposición de la apelación

La apelación se presenta ante el órgano que expidió la resolución apelada. Ese órgano comprueba que reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia y la remite a la Sala en el plazo de 15 días hábiles, con el expediente principal o en cuaderno por cuerda separada, según corresponda. Si la declara inadmisible o improcedente, procede el recurso de queja ante la Sala.

Trámite ante la Sala

La apelación se tramita ante la Sala en estos pasos:

1. La Sala notifica a los interesados el arribo del expediente y el inicio del trámite de la apelación, en un plazo de 15 días hábiles contados desde que lo recibe.
2. Los apelantes pueden presentar alegatos, documentos y justificaciones en los 15 días hábiles siguientes a esa notificación.
3. A pedido de parte o de oficio, la Sala cita a las partes a audiencia de informe oral con no menos de 5 días de anticipación.
4. Las partes presentan alegatos finales solo hasta los 5 días hábiles siguientes al informe oral. La Sala no toma en consideración los documentos presentados después.

La Sala, a través de su Secretaría Técnica, puede actuar de oficio medios probatorios para esclarecer los hechos imputados. La apelación se tramita en un plazo no mayor de 120 días hábiles, y la resolución de la Sala se notifica a las partes y a los terceros apersonados en un plazo máximo de 10 días hábiles desde su expedición. Cuando el infractor sancionado es quien apela, la resolución de la Sala no puede imponerle una sanción más grave.

Demanda contencioso-administrativa

Las resoluciones definitivas de la Sala agotan la vía administrativa: contra ellas no cabe recurso alguno en la vía administrativa y solo procede una demanda contencioso-administrativa. Rige el principio de competencia primaria: no puede acudirse al Poder Judicial sin antes agotar las instancias administrativas ante INDECOPI u OSIPTEL, según corresponda.

Indemnización por daños y perjuicios

Cualquier perjudicado por actos de competencia desleal declarados por la Comisión o por la Sala puede demandar ante el Poder Judicial la indemnización por daños y perjuicios contra los responsables identificados por INDECOPI. También pueden demandarla quienes fueron denunciados temeraria o falsamente, con dolo o negligencia.

En defensa de los intereses difusos y colectivos de los consumidores, la Comisión, previo informe favorable de la Secretaría Técnica, remite lo actuado a la Gerencia Legal de INDECOPI, que inicia el proceso judicial de indemnización por daños y perjuicios. Los plazos, reglas, condiciones o restricciones de esa acción se aprueban mediante lineamientos de la Comisión, a propuesta de la Secretaría Técnica.

Base normativa: numeral 27.2 del Decreto Legislativo 1044; artículos 46 a 50 del Decreto Legislativo 1044; numerales 58.1 y 58.2 del Decreto Legislativo 1044; numeral 58.3 del Decreto Legislativo 1044, modificado por la Ley 31112; Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1044.

Derecho de tramitación

• Denuncia por infracción a la Ley de Represión de la Competencia DeslealS/ 1415.10
• Denuncia por la presunta comisión de actos de engaño y por la infracción del principio de legalidad publicitaria en perjuicio de los consumidores, interpuesta por consumidores y por asociaciones de consumidoresS/ 108.00

Fuente: TUPA de Indecopi, Decreto Supremo 088-2025-PCM y sus modificatorias.