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Defensa Técnica y Legal en Procedimientos por Actos de Competencia Desleal en Publicidad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

Solidez y especialización ante denuncias y fiscalizaciones por publicidad en el sector salud

En el entorno empresarial peruano, la regulación de la competencia y la actividad publicitaria adquieren especial relevancia en sectores estratégicos como el de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Las empresas que operan en este rubro enfrentan altos estándares normativos y un entorno de fiscalización constante, donde la adecuada gestión de la defensa administrativa y legal es determinante para la continuidad y reputación corporativa.

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Regulación, fiscalización y protección del proceso competitivo

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi es el órgano responsable de supervisar que la competencia en el mercado se desarrolle bajo principios de lealtad y buena fe empresarial, especialmente en lo relativo a la actividad publicitaria. En el caso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la fiscalización adquiere una dimensión adicional debido al impacto social y sanitario de estos productos, así como a la necesidad de proteger a los consumidores y asegurar el adecuado funcionamiento del proceso competitivo en el mercado nacional.

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Publicidad y actos de competencia desleal: alcance y exigencias

Especial atención a la publicidad sectorial en salud

En el marco del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal, la difusión de mensajes publicitarios que acompañan la promoción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios está sometida a rigurosos principios sectoriales. Uno de los aspectos más vigilados es el cumplimiento del “Principio de Legalidad” en la actividad publicitaria, que exige la observancia estricta de todas las normas imperativas aplicables. El incumplimiento de disposiciones sectoriales en el contenido, difusión o alcance de la publicidad puede configurar actos de competencia desleal sancionables.

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Actos contra el Principio de Legalidad en la actividad publicitaria

Definición y alcance en el sector farmacéutico y sanitario

Se considera un acto de competencia desleal contra el Principio de Legalidad la difusión de publicidad que no respete las normas imperativas vigentes, tanto generales como sectoriales. En el contexto de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, esto incluye, por ejemplo:

• Difusión de mensajes que omiten advertencias exigidas sobre riesgos del uso de los productos.

• Publicidad que induce a error sobre autorizaciones, condiciones de venta o características de seguridad.

• Promoción de productos o indicaciones no autorizadas por las autoridades competentes.

• Inobservancia de restricciones en la promoción directa al público de productos sujetos a prescripción o uso especializado.

El principio de legalidad exige que cualquier comunicación publicitaria respete de forma estricta las exigencias normativas sectoriales. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, medidas correctivas, órdenes de cese y otras acciones por parte de la autoridad administrativa competente.

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Rol de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

Autoridad administrativa con competencia nacional

La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, órgano del Indecopi, ejerce atribuciones exclusivas para investigar, sancionar y dictar medidas correctivas en materia de competencia desleal. Su función comprende:

• Supervisar la publicidad comercial en el mercado nacional, incluyendo el sector salud.

• Ordenar el inicio de investigaciones, instruir procedimientos y emitir resoluciones.

• Dictar medidas cautelares o correctivas para restablecer el proceso competitivo cuando corresponde.

• Imponer sanciones administrativas graduadas según la gravedad de la infracción y su impacto en el mercado.

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Procedimiento administrativo sancionador: etapas y garantías

Un proceso técnico y garantista, con plazos definidos

El procedimiento administrativo sancionador ante la Comisión se desarrolla bajo principios de objetividad, imparcialidad y garantía del derecho de defensa. El proceso comprende varias fases:

1. Inicio del procedimiento

• Puede iniciarse de oficio por la Secretaría Técnica o a raíz de una denuncia de parte.

• La denuncia no exige demostrar la condición de competidor o consumidor afectado, basta que el denunciante se considere afectado real o potencialmente por el acto denunciado.

2. Admisión y resolución de inicio

• La Secretaría Técnica evalúa los requisitos formales y la existencia de indicios razonables de infracción.

• Emite una resolución de inicio, imputa los hechos y comunica el derecho a formular descargos.

3. Presentación de descargos

• La empresa investigada dispone de un plazo para presentar argumentos y ofrecer medios probatorios.

4. Investigación y periodo de prueba

• Se actúan los medios probatorios ofrecidos, incluyendo documentos, inspecciones o pericias.

• La autoridad puede realizar inspecciones, recabar información y requerir el apoyo de la fuerza pública si es necesario.

5. Informe técnico y alegatos

• Concluida la investigación, la Secretaría Técnica puede emitir un informe técnico sobre los hechos probados y la eventual existencia de la infracción.

6. Audiencia de informe oral (si corresponde)

• La Comisión puede convocar a audiencia para que las partes expongan alegatos orales.

7. Resolución final

• La Comisión emite resolución motivada, decide sobre la existencia o no de la infracción y dispone las sanciones y medidas correctivas correspondientes.

8. Recurso de apelación

• Las partes pueden apelar la resolución ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi.

El procedimiento asegura el acceso al expediente, la confidencialidad de la información sensible y el respeto pleno al derecho de defensa de las empresas investigadas.

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Criterios de responsabilidad y graduación de la sanción

Evaluación técnica y parámetros claros

La responsabilidad administrativa recae principalmente sobre el anunciante, pero puede extenderse a medios de comunicación y agencias de publicidad en supuestos específicos. Para determinar la gravedad de la infracción y graduar la sanción, la autoridad considera, entre otros criterios:

• Beneficio ilícito obtenido.

• Modalidad y alcance del acto de competencia desleal.

• Dimensión y sensibilidad del mercado afectado.

• Duración y reiteración de la conducta.

• Impacto potencial o real sobre el proceso competitivo y los consumidores.

Las sanciones pueden consistir en amonestaciones, multas de diversa cuantía según la gravedad (leve, grave o muy grave), y la imposición de medidas correctivas orientadas a restablecer la leal competencia en el mercado.

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Medidas cautelares y correctivas: protección inmediata del mercado

Herramientas de intervención ágil y proporcional

Durante el procedimiento, la Comisión puede dictar medidas cautelares para evitar que el daño se agrave o asegurar la eficacia de la decisión final. Estas medidas pueden incluir:

• Orden de cesación inmediata de la publicidad investigada.

• Inmovilización de productos o material publicitario.

• Cierre temporal del establecimiento comercial involucrado.

• Prohibición de nuevas conductas infractoras.

Tras la resolución final, pueden imponerse medidas correctivas como:

• Retiro de mensajes publicitarios ilícitos.

• Rectificación de información engañosa.

• Remoción de efectos derivados del acto infractor.

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Particularidades de la defensa en materia de publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios

Sector altamente regulado y de interés público

La defensa técnica y legal en casos de competencia desleal publicitaria en el sector salud requiere una comprensión especializada del marco normativo sectorial y del procedimiento administrativo. Entre los aspectos clave que se deben considerar destacan:

• Evaluación de la conformidad regulatoria: Revisión exhaustiva de la legalidad de los mensajes publicitarios, incluyendo exigencias de rotulado, autorizaciones previas, y límites a la promoción directa al consumidor.

• Sustento técnico-científico: Demostración, a través de documentación idónea, de la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas difundidas en la publicidad.

• Prevención de inducción a error: Garantía de que los mensajes no inducen a error respecto a características, riesgos, o condiciones de uso de los productos.

• Gestión de riesgo reputacional y legal: Preparación para afrontar la fiscalización sectorial, el requerimiento de pruebas y la interacción con la autoridad administrativa en todas las fases del procedimiento.

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Principales desafíos y riesgos para las empresas del sector

Impacto directo en la continuidad operativa y reputacional

En el contexto actual, una investigación o sanción por actos de competencia desleal puede implicar:

• Interrupción de campañas publicitarias o retiro de productos del mercado.

• Imposición de multas y medidas restrictivas con efectos económicos y de reputación.

• Requerimiento de rectificación pública o adopción de acciones correctivas inmediatas.

Estos riesgos hacen imprescindible la planificación estratégica y la asesoría legal especializada desde el primer momento de la fiscalización o denuncia.

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Estrategias de defensa y gestión del procedimiento

Preparación y respuesta técnica ante la fiscalización

Para una defensa efectiva en el procedimiento sancionador, es fundamental:

• Analizar el marco sectorial aplicable y los criterios administrativos vigentes.

• Preparar la documentación y los medios probatorios necesarios.

• Anticipar argumentos técnicos y legales en defensa de la licitud de la publicidad.

• Participar activamente en las diligencias y responder oportunamente a los requerimientos de la autoridad.

• Evaluar las opciones de impugnación y los recursos disponibles en segunda instancia administrativa.

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Contexto normativo y principios de interpretación

Legalidad, predictibilidad y protección del proceso competitivo

El análisis de la autoridad administrativa se basa en los principios de legalidad, autenticidad, adecuación social y buena fe empresarial. El foco no está solo en el daño real, sino también en el riesgo potencial para el proceso competitivo y los consumidores. El marco normativo exige máxima diligencia a las empresas del sector salud en la difusión de publicidad, con énfasis en la protección del interés público y la salud colectiva.

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Conclusión: enfoque legal seguro y estratégico en la defensa administrativa

Prioridad en la solidez técnica y el cumplimiento regulatorio

La defensa ante procedimientos por actos de competencia desleal en publicidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios demanda una estrategia técnica, legal y sectorialmente informada. El cumplimiento de los estándares regulatorios, la gestión proactiva de la defensa y la respuesta oportuna a la autoridad constituyen la mejor garantía para afrontar con éxito las fiscalizaciones y denuncias en este ámbito especializado.

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Garantizamos el respaldo necesario para afrontar con solvencia los procedimientos ante la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, protegiendo el posicionamiento y la operación de su empresa en el mercado peruano.