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INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad Provincial de Chupaca exija firmas legalizadas para la autorización de ruta
INDECOPI declaró ilegal que la Municipalidad Provincial de Chupaca exija firmas legalizadas en el contrato de la estación de ruta y dispuso que esa exigencia no se aplique a ningún transportista.

Ilegal exigir firmas legalizadas en el contrato de la estación de ruta
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en la Resolución 0682-2026/SEL-INDECOPI del 18 de setiembre de 2026, confirmó la Resolución 0011-2026/CEB-INDECOPI-JUN del 6 de febrero de 2026, de la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Junín. Esa resolución declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de la Municipalidad Provincial de Chupaca de que el contrato vigente que acredita el uso y usufructo de la infraestructura de la estación de ruta cuente con firmas legalizadas ante notario público, como condición para obtener la autorización de ruta para prestar el servicio regular de transporte de personas.
La exigencia figura en el numeral 1 del artículo 23 de la Ordenanza Municipal 008-2025-A-MPCH. La Municipalidad la aplicó a la Empresa de Transportes Señor de los Milagros S.A., la denunciante, en la Resolución Gerencial 031-2025-MPCH/GSP del 12 de junio de 2025, la Resolución Gerencial 040-2025-MPCH/GSP del 19 de julio de 2025 y la Resolución de Gerencia Municipal 276-2025-MPCH-GM del 07 de octubre de 2025. La declaración de ilegalidad alcanza también a esos tres actos, emitidos en aplicación de la ordenanza.
Inaplicación general desde la publicación en El Peruano
La Sala confirmó la inaplicación con efectos generales, en favor de todos los agentes económicos y ciudadanos en general, de la exigencia contenida en el numeral 1 del artículo 23 de la Ordenanza Municipal 008-2025-A-MPCH, conforme al artículo 8 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. El mandato surte efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución de la Sala en el diario oficial El Peruano.
Para la denunciante, la Sala confirmó además la inaplicación al caso concreto, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1256.
El incumplimiento de los mandatos de inaplicación puede sancionarse con una multa de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conforme al artículo 34 del Decreto Legislativo 1256.
El contrato vigente de la estación de ruta sigue siendo exigible
Lo resuelto no exime a los transportistas de acreditar el uso y usufructo de la infraestructura complementaria cuando soliciten la autorización de ruta, conforme al artículo 33 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC (RNAT). La ilegalidad recae solo en la formalidad de las firmas legalizadas ante notario público.
Tampoco obliga a la Municipalidad a otorgar la autorización de ruta que pidió la denunciante si esta no cumple todos los requisitos y condiciones de operación del RNAT.
La exigencia no tiene respaldo legal ni figura en el TUPA
La Sala sustentó la ilegalidad en dos razones:
- Sin ley que la respalde: Las entidades de la Administración Pública tienen prohibido exigir la legalización notarial de firmas, salvo que se exija por ley expresa, según el literal d) del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto Legislativo 1246. El contrato vigente que pide el numeral 33.2 del artículo 33 del RNAT no tiene que contar con firmas legalizadas.
- Fuera del TUPA: La exigencia no figura entre los requisitos del procedimiento PA13266403, de permiso de operaciones para el servicio de transporte regular de pasajeros, del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad, aprobado por Ordenanza Municipal 005-2021-MPCH. Con ello, la Municipalidad vulneró los numerales 36.3 y 36.4 del artículo 36 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 006-2026-JUS, según los cuales las entidades solo exigen los documentos aprobados por una norma sustantiva y recogidos en su TUPA.
Costas, costos e informe a cargo de la Municipalidad
La Sala confirmó también los mandatos de pago e informe de la Comisión dirigidos a la Municipalidad:
- Costas: La Municipalidad paga las costas del procedimiento a la denunciante en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, previa comunicación por la denunciante del número de cuenta para el pago. El incumplimiento se informa a la Comisión para evaluar el inicio de un procedimiento sancionador por la infracción del numeral 1 del artículo 36 del Decreto Legislativo 1256.
- Costos: La Municipalidad paga los costos del procedimiento a la denunciante, previa presentación de la solicitud de liquidación de costos.
- Informe: La Municipalidad informa en un plazo no mayor a un (1) mes las medidas adoptadas respecto de lo resuelto, conforme al numeral 1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1256.
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