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INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad de Lima exija inscribirse en el registro de contratistas
INDECOPI declaró ilegal que la Municipalidad de Lima exija inscribirse en el registro de contratistas para obras en áreas de uso público. No es ilegal, en cambio, que exija presentar carta fianza.

La exigencia de inscribirse en el registro de contratistas es ilegal
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó, en la Resolución 0179-2026/SEL-INDECOPI, del 24 de abril de 2026, que la exigencia de inscribirse en el registro de contratistas de la Municipalidad Metropolitana de Lima para ejecutar obras en áreas de uso público es una barrera burocrática ilegal. Así lo había declarado la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ante la denuncia de Jorge Eduardo Lazarte Molina y de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. El extracto de la resolución se publicó en El Peruano el 17 de mayo de 2026.
El registro de contratistas es el Registro Automatizado de Empresas Contratistas o Subcontratistas Autorizadas para Ejecutar Obras en Áreas de Uso Público en la provincia de Lima. La exigencia de inscribirse en él está en el artículo 8-A de la Ordenanza 203, Reglamento para la Ejecución de Obras en las Áreas de Dominio Público, ratificada por la Ordenanza 2590, como condición para construir, instalar, reparar, remover, reubicar o realizar cualquier trabajo en áreas de uso público.
La Sala sostiene que la municipalidad no cuenta con una disposición legal que la habilite a imponer la inscripción previa en el registro de contratistas como condición obligatoria para esos trabajos. Las competencias de la municipalidad para autorizar, regular, supervisar y fiscalizar los trabajos en áreas de uso público no comprenden un requisito adicional de ese tipo. Con esa exigencia, la municipalidad excede sus atribuciones y contraviene los artículos 79 y 161 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y los artículos 42 y 45 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
Inaplicación con efectos generales
La Sala confirmó también la orden de la Comisión de que la municipalidad inaplique la exigencia de inscribirse en el registro de contratistas, con efectos generales, en favor de todos los agentes económicos afectados por su imposición, conforme al artículo 8 y al numeral 21.4 del artículo 21 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. El mandato de inaplicación surte efectos a partir del día siguiente de publicado el extracto de la resolución en El Peruano.
Si la municipalidad exige la inscripción en el registro de contratistas en actos administrativos o actuaciones materiales emitidos después de la confirmación de la Sala, esa exigencia se considera un presunto incumplimiento del mandato de inaplicación y motiva el inicio de un procedimiento sancionador.
La exigencia de presentar una carta fianza no es ilegal
La Sala revocó, en cambio, la decisión de la Comisión que declaró barrera burocrática ilegal la exigencia de presentar una carta fianza para el otorgamiento de la autorización de ejecución de obras en áreas de uso público, del artículo 10 de la Ordenanza 203, y declaró que esa exigencia no constituye barrera burocrática ilegal. La municipalidad puede exigir la presentación de una carta fianza en forma excepcional, según la zona de la intervención o la naturaleza de la obra, como requisito para otorgar la autorización y como garantía de que se restituyan las características urbanas del espacio público intervenido.
Para la Sala, esa exigencia está dentro de la competencia de la municipalidad para autorizar y controlar las obras en áreas de uso público. La Sala no analizó si es razonable, porque la denuncia no aportó indicios de que no lo fuera.
3 procedimientos mantienen el silencio administrativo negativo
La Sala revocó también la decisión de la Comisión que declaró barreras burocráticas carentes de razonabilidad las calificaciones con silencio administrativo negativo de 3 procedimientos de autorización de la municipalidad, y declaró que no constituyen barreras burocráticas ilegales. Los 3 procedimientos de autorización con silencio administrativo negativo son estos:
- Interferencia de vías por la ejecución de obras públicas: la calificación está en el artículo 12 de la Ordenanza 1680 y en el procedimiento PA14566D87 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad.
- Interferencia de vías por el uso de la vía pública a causa de obras privadas: la calificación está en el artículo 12 de la Ordenanza 1680 y en el procedimiento PA14569E3B del TUPA.
- Ejecución de obras de construcción, mejora e instalación de mobiliario o infraestructura urbana en áreas de uso público en el Cercado de Lima y en vías expresas, arteriales y colectoras: la calificación está en el procedimiento PA1456C54C del TUPA.
Para la Sala, la municipalidad adoptó esas calificaciones en ejercicio de sus competencias de gestión del tránsito urbano, organización del espacio físico y autorización y control de obras de carácter local. Además, las incorporó en la Ordenanza 1680 y en el TUPA y presentó sustento de su aplicación. La Sala tampoco analizó si esas calificaciones son razonables, porque la denuncia no aportó indicios de que no lo fueran.
Con ello, la Sala revocó, para la exigencia de presentar una carta fianza y para las calificaciones con silencio administrativo negativo, las órdenes que había dictado la Comisión, entre ellas la de inaplicar esas medidas con efectos generales.
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