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INDECOPI declara ilegal desconocer el silencio positivo de una licencia de edificación
INDECOPI declaró barrera burocrática ilegal que la Municipalidad Distrital de Santa María desconociera el silencio administrativo positivo que operó sobre una licencia de edificación.

Barrera burocrática ilegal en una licencia de edificación
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en la Resolución 0388-2026/SEL-INDECOPI del 17 de julio de 2026, confirmó que la Municipalidad Distrital de Santa María, en la provincia de Huaura, impuso una barrera burocrática ilegal: el desconocimiento del silencio administrativo positivo que operó sobre una solicitud de licencia de edificación en la modalidad B.
La Sala confirmó así la Resolución 0556-2025/CEB-INDECOPI, con la que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró ilegal esa barrera.
La Municipalidad tenía 15 días hábiles para pronunciarse
Las municipalidades tienen un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la presentación del expediente, para revisar una solicitud de licencia de edificación en la modalidad B, según el tercer párrafo del numeral 2 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, y los numerales 64.7 y 64.12 del artículo 64 del Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado mediante el Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA. Si vence ese plazo sin que notifiquen su pronunciamiento, se aplica el silencio administrativo positivo y deben otorgar la licencia de edificación en un plazo máximo de 3 días hábiles.
Manuel Aladino Vargas Flores presentó la solicitud el 19 de marzo de 2025. El plazo venció el 8 de abril de 2025 sin que la Municipalidad se pronunciara, y el 9 de abril de 2025 operó el silencio administrativo positivo, con la aprobación ficta de la solicitud.
Después de esa fecha, la Municipalidad siguió evaluando el fondo de la solicitud: la observó con una carta del 11 de abril de 2025 y la declaró improcedente con una resolución subgerencial del 20 de mayo de 2025. Con esos dos actos, la Municipalidad desconoció el silencio administrativo positivo.
Las observaciones de fondo debían hacerse en los 15 días hábiles
La Municipalidad alegó en su apelación que no hubo aprobación ficta porque la solicitud tenía un objeto jurídicamente imposible: una licencia de edificación sobre un predio que comprende áreas de uso público y redes de alcantarillado.
La Sala respondió que la Municipalidad debió formular cualquier observación vinculada al fondo de la solicitud dentro del plazo de 15 días hábiles, para que el solicitante pudiera subsanarla o se declarara improcedente la solicitud. La Sala añadió que no tiene competencia para analizar los planos del predio y determinar si la edificación ocupa vías públicas, y desestimó el argumento.
La Municipalidad conserva la fiscalización posterior
La Sala precisó que el reconocimiento del silencio administrativo positivo no desconoce las facultades de fiscalización posterior de la Municipalidad, reconocidas en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS (TUO de la Ley 27444). La Municipalidad puede revisar con posterioridad la documentación que presentó el solicitante y, si encuentra motivos, declarar la nulidad de oficio de la aprobación ficta o revocarla.
La nulidad procede, conforme al artículo 213 del TUO de la Ley 27444, si la Municipalidad constata en la revisión de oficio una omisión o un defecto en los requisitos o las condiciones legales para otorgar la licencia de edificación, siempre que lo constatado constituya una causal de nulidad y agravie el interés público o lesione derechos fundamentales.
La Municipalidad debe inaplicar la barrera y pagar costas y costos
La Sala confirmó además que la Municipalidad debe cumplir estos dos mandatos:
- Inaplicación: la Municipalidad debe inaplicar la barrera burocrática declarada ilegal al caso concreto del solicitante, según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
- Costas y costos: la Municipalidad debe pagar al solicitante las costas y costos del procedimiento, una vez notificada la resolución.
Si la Municipalidad impone la barrera con actos administrativos o actuaciones materiales emitidos después de notificada la resolución, esos actos se consideran incumplimiento del mandato de inaplicación y habilitan el inicio de un procedimiento sancionador. El incumplimiento del mandato de inaplicación y el del mandato de pago de costas y costos son sancionables, cada uno, con una multa de hasta 20 unidades impositivas tributarias (UIT), según los artículos 34 y 36 del Decreto Legislativo 1256.
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