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INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad Provincial de Pisco exija el certificado de inspección sanitaria
INDECOPI declaró ilegal que la Municipalidad Provincial de Pisco exija el certificado de inspección sanitaria a un «minimarket», porque la Ley General de Salud no prevé esa exigencia.

El certificado de inspección sanitaria, barrera burocrática ilegal
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en la Resolución 0228-2026/SEL-INDECOPI del 22 de mayo de 2026, confirmó, bajo otros fundamentos, la Resolución Final 0010-2025/CEB-INDECOPI-ICA del 16 de octubre de 2025, de la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Ica. La Comisión había declarado barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con el certificado de inspección sanitaria para desarrollar el giro comercial de «minimarket».
La Municipalidad Provincial de Pisco impuso esa exigencia a Solana Comercial S.A.C. en el Acta de Fiscalización 000445-2023 MPP/OGA/UFS y en la Resolución de Sanción 000024-2023-OGAT-UFT-MPP del 20 de julio de 2023.
La Municipalidad no puede exigir un documento específico
Para la Sala, la competencia de control y vigilancia sanitaria que la Municipalidad tiene sobre los establecimientos comerciales no la faculta a exigir un documento específico que acredite las condiciones de higiene del local, ni a sancionar como infracción, mediante una ordenanza, que el establecimiento no lo tenga.
Ese documento no está previsto en la Ley 26842, Ley General de Salud, ni en los reglamentos aprobados por el Decreto Supremo 007-98-SA y el Decreto Supremo 022-2001-SA. El establecimiento no está obligado a acreditar las condiciones de higiene del local con un documento específico, como un certificado de salubridad, un informe técnico o un permiso sanitario, y elige a su proveedor de servicios sanitarios.
Al exigir el certificado, la Municipalidad contravino el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y el artículo 125 de la Ley 26842. Según la Sala, los gobiernos locales están sujetos a los límites que fijan las leyes nacionales que regulan las actividades y el funcionamiento del sector público, y la competencia de control en materia de salud que ejerce una municipalidad no le da facultades normativas.
La Comisión había fundado su decisión en el artículo 13 de la Ley 26842, según el cual ninguna autoridad puede exigir carné sanitario, carné de salud o documento similar como condición para ejercer actividades profesionales, de producción, comercio o afines. La Sala descartó ese fundamento: el artículo 13 alcanza a la persona natural, y el establecimiento comercial no tiene un estado de salud que certificar.
La higiene del local sigue sujeta a fiscalización municipal
La Sala precisó que la declaración de ilegalidad no libera a los establecimientos comerciales, en especial a los que comercializan alimentos y bebidas, de mantener sus locales en condiciones de higiene y salubridad. Las municipalidades están autorizadas a supervisar y fiscalizar esas condiciones y a sancionar al establecimiento que no cumpla sus obligaciones de limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
Mandatos a la Municipalidad a favor de Solana Comercial S.A.C.
A favor de Solana Comercial S.A.C., la Sala confirmó también estos mandatos de la Comisión a la Municipalidad:
- Inaplicación: la Municipalidad no aplica la barrera burocrática al caso concreto de Solana Comercial S.A.C., conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
- Multa por incumplir la inaplicación: el incumplimiento es sancionable con una multa de hasta 20 UIT, conforme al artículo 34 del Decreto Legislativo 1256.
- Costas: la Municipalidad las paga en un plazo no mayor a 15 días hábiles, previa comunicación del número de cuenta por Solana Comercial S.A.C.
- Incumplimiento del pago de costas: se informa a la Comisión, que evalúa el inicio de un procedimiento sancionador contra la Municipalidad por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 36 del Decreto Legislativo 1256.
- Costos: la Municipalidad los paga previa presentación de la solicitud de liquidación de costos, en la que se verifica el cumplimiento de los requisitos de la Directiva 001-2015-TRI-INDECOPI.
- Informe de medidas: la Municipalidad informa, en un plazo no mayor a un mes, las medidas adoptadas respecto de lo resuelto, conforme al numeral 1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1256.
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