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INDECOPI declara ilegal prohibir un bar con un plan urbano sin publicación válida
INDECOPI declaró ilegal la prohibición de operar un bar que la Municipalidad de Perené basó en un plan urbano sin publicación válida. La decisión no otorga la licencia de funcionamiento.

La prohibición del giro «bar» en Perené es barrera burocrática ilegal
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó, en la Resolución 0241-2026/SEL-INDECOPI, del 29 de mayo de 2026, que la Municipalidad Distrital de Perené impuso una barrera burocrática ilegal: la prohibición de operar con el giro «bar» en un inmueble del centro poblado de Sangani por no encontrarse en una zona compatible. Esa declaración la había hecho la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Junín en la Resolución Final 0056-2025/CEB-INDECOPI-JUN.
La prohibición consta en la Carta 060-2024-SGSFL/MDP/CTSC del 15 de abril de 2024, con la que la Municipalidad respondió a la solicitud de la denunciante, Vicenta Cuchula García, sobre la compatibilidad de uso del giro «bar» en el inmueble. La carta le indicó que, según una inspección y el Plan de Desarrollo Urbano del sector Sangani 2010-2020, aprobado por la Ordenanza Municipal 025-2010/MPCH de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, ninguna zona del plano admitía bares ni cantinas. La denunciante también había denunciado a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo por esa ordenanza; la Comisión declaró improcedente esa parte de la denuncia y nadie la apeló.
La Sala reconoció que la Municipalidad puede evaluar la compatibilidad de uso, pero solo con planes urbanos que obligan a quienes operan en el distrito. Una norma municipal que no se publicó o difundió como exige la ley no tiene efecto, según el artículo 44 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
La Comisión ya había establecido, en una parte de su resolución que nadie apeló, que la Ordenanza Municipal 025-2010/MPCH, que aprobó el Plan de Desarrollo Urbano del sector Sangani 2010-2020, no se publicó como exige la ley. Por eso, la Sala concluyó que la Municipalidad prohibió el bar con un plan que no tenía efecto frente a la denunciante.
La carta de incompatibilidad de uso basta para denunciar la barrera
La Municipalidad alegó que no había en curso ningún trámite de licencia de funcionamiento ni de autorización para el bar. La Sala respondió que la barrera no es una licencia denegada, sino la carta misma, que declaró el giro incompatible con la zona y le impedía abrir el bar en ese inmueble.
La Municipalidad negó también haber tramitado la carta. La Sala la tuvo por emitida por la Municipalidad, que no probó lo contrario.
Inaplicación al caso de la denunciante e informe municipal en 1 mes
La Sala confirmó la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al caso concreto de la denunciante, y la orden de que la Municipalidad informe, en un plazo no mayor a 1 (un) mes, sobre las medidas adoptadas respecto de lo resuelto.
La decisión no implica el otorgamiento automático de una licencia de funcionamiento, autorización, permiso, registro ni derecho alguno a favor de la denunciante. La Municipalidad conserva sus competencias para evaluar las solicitudes que se presenten ante ella, verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables y fiscalizar las actividades económicas de su jurisdicción.
La Municipalidad paga las costas y costos del procedimiento
La Sala confirmó la orden de que la Municipalidad pague a la denunciante las costas y costos del procedimiento, previa presentación de la solicitud de liquidación, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva 001-2015/TRI-INDECOPI.
La Municipalidad sostuvo que el artículo 47 de la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Civil exoneran al Estado del pago de gastos judiciales. Para la Sala, esa exoneración se refiere a la defensa del Estado en los juicios, y este caso no es un juicio, sino un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, con sus propias reglas sobre costas y costos.
En ese procedimiento, INDECOPI puede ordenar el pago de las costas y costos cuando el denunciante gana el caso y pide ese pago oportunamente, según el artículo 25 del Decreto Legislativo 1256 y la Directiva 001-2015/TRI-INDECOPI. La denunciante pidió el pago en su denuncia y ganó frente a la Municipalidad.
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