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INDECOPI declara ilegal exigir terminal terrestre y patrimonio de 300 UIT para la ruta Lima-Marcona
INDECOPI declara ilegal que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exija terminal terrestre en Marcona, con menos de 200 000 habitantes, y patrimonio de 300 UIT para la ruta Lima-Marcona.

2 barreras burocráticas ilegales en la ruta Lima-Marcona
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó, en la Resolución 0426-2026/SEL-INDECOPI del 22 de julio de 2026, la Resolución 0011-2026/CEB-INDECOPI del 9 de enero de 2026, con la que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró ilegales dos barreras burocráticas que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones impuso a Expreso Internacional San Roque E.I.R.L., empresa de transporte público regular de personas.
Las dos barreras están en la Resolución Directoral 0159-2025-MTC/17.04. Con ella, el Ministerio declaró la nulidad de la autorización que la denunciante tenía para operar la ruta Lima-Marcona y declaró improcedente su solicitud de una nueva autorización para la misma ruta. Estas son las dos barreras declaradas ilegales:
- Terminal terrestre: «La exigencia de acreditar tener suscrito un contrato vigente para usar y usufructuar un terminal terrestre habilitado en el distrito de Marcona, provincia de Nazca y departamento de Ica, para prestar el servicio de transporte público regular de personas».
- Patrimonio mínimo: «La exigencia de acreditar contar con un patrimonio mínimo neto de trescientas (300) UIT para prestar servicio de transporte público regular de personas entre centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes, ninguna de las cuales sea la región Lima Metropolitana o la Región Callao».
Terminal terrestre, solo exigible con más de 200 000 habitantes
Los terminales terrestres solo son obligatorios en las localidades con una población mayor a 200 000 habitantes, según el numeral 36.1 del artículo 36 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo 017-2009-MTC. Marcona tiene 23 161 habitantes, según el Censo Nacional de 2025. Al exigir a la denunciante un contrato para usar un terminal terrestre en Marcona, el Ministerio contravino ese numeral.
Por el número de habitantes de Marcona, al transportista solo le es exigible contar con una estación de ruta. La estación de ruta y el terminal terrestre son dos tipos distintos de infraestructura complementaria, y la obligación de contar con uno u otro depende del número de habitantes de la localidad donde se presta el servicio.
Patrimonio de 300 UIT, reservado a rutas sin Lima ni Callao
Solo las empresas que piden autorización para prestar el servicio de transporte terrestre público de personas de ámbito nacional entre centros poblados de dos o hasta tres regiones limítrofes, ninguna de las cuales sea Lima Metropolitana o la Región Callao, están obligadas a contar con un patrimonio mínimo de 300 UIT, según el numeral 38.1.5 del artículo 38 del Reglamento. La ruta que pidió la denunciante incluye Lima Metropolitana, de modo que el patrimonio mínimo de 300 UIT no le era aplicable.
Una resolución de nulidad sirve para acreditar la barrera
El Ministerio pidió declarar improcedente la denuncia. Alegó que la Resolución Directoral 0159-2025-MTC/17.04 declaró una nulidad como sanción, y que ese supuesto está excluido de las barreras burocráticas por el literal j) del artículo 3 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
La Sala rechazó el pedido. La declaración de nulidad de un acto administrativo por motivos de debido procedimiento y la imposición de sanciones no se consideran barreras burocráticas, según el artículo 3, pero el acto que declara la nulidad o impone la sanción puede usarse para acreditar la existencia de una barrera burocrática cuando la nulidad o la sanción se fundó en el incumplimiento de esa barrera. La denunciante no cuestionó la nulidad como sanción: usó la resolución directoral solo para acreditar las dos barreras.
El Ministerio no queda obligado a otorgar la autorización
La decisión no obliga al Ministerio a otorgar la autorización que pidió la denunciante. El Ministerio debe tramitar esa solicitud sin imponer a la denunciante exigencias o condiciones que no le sean aplicables.
Mandatos: inaplicación, procedimiento sancionador, multa e informe
La Sala confirmó también los mandatos que dictó la Comisión sobre la aplicación de las dos barreras:
- Inaplicación: el Ministerio y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) deben inaplicar las dos barreras al caso concreto de la denunciante, según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1256.
- Procedimiento sancionador: imponer las barreras en actos administrativos o actuaciones materiales emitidos después de notificada la resolución se considera incumplimiento del mandato de inaplicación y motiva el inicio de un procedimiento sancionador.
- Multa: el incumplimiento del mandato de inaplicación expone a una multa de hasta 20 UIT, según el artículo 34 del Decreto Legislativo 1256.
- Informe: el Ministerio informa, en un plazo no mayor a 1 mes, las medidas adoptadas respecto de lo resuelto, según el numeral 1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1256.
Costas y costos a cargo del Ministerio vencido
El Ministerio debe pagar a la denunciante las costas y costos del procedimiento, una vez notificada la resolución. El incumplimiento de ese pago expone a una multa de hasta 20 UIT, según el artículo 36 del Decreto Legislativo 1256.
El Ministerio alegó que el Estado está exonerado del pago de gastos en todos los procesos. La Constitución exonera al Estado de pagar gastos en los procesos judiciales, y esa exoneración no incluye los costos de un procedimiento administrativo de eliminación de barreras burocráticas. La Comisión o la Sala pueden ordenar a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos de la denunciante, siempre que esta lo haya solicitado al inicio o durante el procedimiento, según el artículo 25 del Decreto Legislativo 1256.
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