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INDECOPI declara ilegal desconocer el silencio positivo en la renovación de un certificado de ITSE
INDECOPI declaró barrera burocrática ilegal que la Municipalidad Provincial de Jaén desconociera el silencio administrativo positivo que renovó el certificado de ITSE de un terminal terrestre.

La renovación del certificado de ITSE se aprobó a los 9 días hábiles
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó, en la Resolución 0621-2026/SEL-INDECOPI del 9 de septiembre de 2026, que la Municipalidad Provincial de Jaén impuso una barrera burocrática ilegal al desconocer el silencio administrativo positivo que aprobó la renovación del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) de un establecimiento de riesgo muy alto. La Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Lambayeque lo había declarado así en primera instancia, a denuncia de la empresa Terminal Terrestre Sur-Jaén E.I.R.L., titular del establecimiento.
La empresa pidió la renovación del certificado de ITSE el 20 de enero de 2026. La Municipalidad tenía un plazo máximo de 9 días hábiles desde la solicitud para realizar la ITSE y pronunciarse, según el artículo 29 del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (Reglamento de ITSE), aprobado por el Decreto Supremo 002-2018-PCM. Si el plazo vence sin pronunciamiento de la Municipalidad o sin que se haya realizado la ITSE, opera el silencio administrativo positivo, según el artículo 11 del Reglamento de ITSE.
La Municipalidad no emitió pronunciamiento alguno dentro de ese plazo, que venció el 2 de febrero de 2026. Para la Sala, operó entonces el silencio administrativo positivo y la empresa contaba con una resolución ficta que le otorgó la renovación solicitada. Según el artículo 188 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la Ley 27444), el procedimiento sujeto a silencio administrativo positivo queda aprobado en los términos solicitados, y ese silencio tiene el carácter de resolución que pone fin al procedimiento.
La Municipalidad desconoció en 4 actos la renovación aprobada
Al desconocer los efectos de esa resolución ficta, la Municipalidad vulneró, según la Sala, los artículos 11 y 29 del Reglamento de ITSE y los artículos 33 y 188 del TUO de la Ley 27444. Lo hizo en abril de 2026, con los actos en los que se materializa la barrera burocrática ilegal:
- Imputación de cargos: la Notificación de Imputación de Cargos 61-2026-MPJ/SGFCA, del 16 de abril de 2026, imputa a la empresa no contar con certificado de ITSE.
- Clausura: el Acta de Clausura 20-2026-MPJ-SGFCA, de la misma fecha, ordena la clausura del establecimiento hasta que se subsane esa conducta.
- Improcedencia del silencio: la Resolución Administrativa 002-2026-MPJ-G.P.S.C./S.G.G.R.D, del 17 de abril de 2026, declara improcedente la aplicación del silencio administrativo positivo a la solicitud de la empresa.
- Revocatoria de la licencia: la Resolución de Alcaldía 211-2026-MPJ/A, del 17 de abril de 2026, inicia la revocatoria de la licencia de funcionamiento de la empresa por las condiciones de seguridad y por no tener certificado de ITSE vigente.
La Municipalidad alegó que emitió esos actos en su fiscalización posterior, después de una VISE realizada el 20 de marzo de 2026 para verificar las condiciones de seguridad del establecimiento. La Sala aceptó que esa VISE forma parte de la fiscalización posterior, pero comprobó que los 4 actos no se emitieron para recoger o subsanar una observación de la VISE, sino que mencionan expresamente que la conducta infractora es no tener certificado de ITSE.
La Municipalidad conserva la fiscalización posterior
La Sala precisó que reconocer el silencio administrativo positivo no impide a la Municipalidad la fiscalización posterior de la renovación del certificado de ITSE. En esa fiscalización, la Municipalidad conserva 3 facultades:
- Revisión ex post: revisar la documentación que presentó la empresa.
- Nulidad: declarar la nulidad de la renovación, e incluso multar a la empresa, si constata una omisión o un defecto en los requisitos o en las condiciones para otorgarla que constituya causal de nulidad del acto administrativo, y sigue el procedimiento para declararla.
- Revocatoria del certificado: revocar el certificado de ITSE si verifica que el establecimiento incumple las condiciones de seguridad que sustentaron su emisión, conforme al artículo 15 del Reglamento de ITSE y con el procedimiento del TUO de la Ley 27444.
En este caso, la Sala no advirtió una causal de nulidad ni el procedimiento para declararla.
La denuncia es improcedente respecto del acta de constatación
La Sala revocó la resolución de la Comisión en cuanto al Acta de Constatación 207-2026-MPJ/SGFCA, del 16 de abril de 2026, y declaró improcedente la denuncia en ese extremo, porque el acta no contiene el desconocimiento del silencio administrativo positivo. El acta recoge que la empresa no atendió las observaciones de la Municipalidad, pero no menciona que le falte el certificado de ITSE.
La Sala confirma la inaplicación, las costas y los costos
La Sala revocó las órdenes de la Comisión en cuanto al acta de constatación y confirmó estas órdenes sobre la barrera burocrática ilegal:
- Inaplicación: la Municipalidad no puede aplicar la barrera burocrática ilegal a la empresa, según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, y el incumplimiento puede sancionarse con una multa de hasta 20 UIT, según el artículo 34 del Decreto Legislativo 1256.
- Costas: la Municipalidad debe pagar a la empresa las costas del procedimiento en un plazo no mayor de 15 días hábiles, una vez notificada la resolución y comunicado el número de cuenta; si no paga, el incumplimiento se informará a la Comisión para que evalúe un procedimiento sancionador.
- Costos: la Municipalidad debe pagar a la empresa los costos del procedimiento, previa solicitud de liquidación.
- Informe: la Municipalidad debe informar, en un plazo no mayor de 1 mes, las medidas que adopte sobre lo resuelto.
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