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INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad de Miraflores se niegue a recibir una solicitud de ITSE
INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad de Miraflores se negara a recibir una solicitud de ITSE, que debía recibir aunque le faltaran requisitos.

Negarse a recibir la solicitud de ITSE fue barrera burocrática ilegal
En la Resolución 0246-2026/SEL-INDECOPI, del 29 de mayo de 2026, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó que la Municipalidad Distrital de Miraflores impuso una barrera burocrática ilegal a Eritos S.A.C., como había declarado la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI. La barrera es la negativa de la municipalidad de tramitar la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) al establecimiento comercial de Eritos S.A.C. ubicado en Calle San Ramón 258, en el distrito de Miraflores, materializada en una solicitud de ITSE diligenciada vía notarial el 11 de junio de 2025.
La Sala sostuvo que la municipalidad, al impedir la presentación de la solicitud, vulneró el derecho de petición administrativa que regula el artículo 117 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (TUO de la Ley 27444). Por ese derecho, toda entidad de la administración pública está obligada a recibir y tramitar las solicitudes y a responderlas dentro del plazo legal.
Impedir o negar la presentación de solicitudes o escritos, en contra de las normas que garantizan el derecho de petición en sede administrativa, es una barrera burocrática ilegal según el literal k) del numeral 35.1 del artículo 35 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
La mesa de partes recibe la solicitud aunque falten requisitos
La Sala recordó que, según los artículos 135 y 136 del TUO de la Ley 27444, la mesa de partes de cada entidad tiene estas obligaciones:
- Recibir y dar ingreso: la mesa de partes recibe las solicitudes y formularios y les da ingreso para iniciar o impulsar el procedimiento, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión.
- Recibir aunque falten requisitos: la mesa de partes recibe todos los formularios o escritos, aunque incumplan los requisitos.
- Observar en un solo acto: al momento de la presentación, y por única vez, la mesa de partes formula las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan salvarse de oficio e invita al solicitante a subsanarlas en un plazo máximo de 2 días hábiles.
La Sala subrayó que la municipalidad tiene la obligación legal de recibir las solicitudes de ITSE, de acuerdo con el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo 002-2018-PCM.
La resolución no exime de requisitos ni de fiscalización posterior
La declaración de ilegalidad no exime a Eritos S.A.C. de cumplir los requisitos y condiciones de las solicitudes que presente. La Sala precisó también que su pronunciamiento no desconoce las facultades de fiscalización posterior de la municipalidad, que puede revisar después la documentación presentada por los solicitantes y declarar la nulidad de un acto administrativo o revocarlo.
Una certificación notarial acreditó la negativa de recepción
Eritos S.A.C. acreditó la negativa con la certificación notarial de la Carta 92263, con la que un notario de Lima llevó la solicitud a la municipalidad. El notario certificó que el recepcionista se negó a recibir la carta alegando que al formato de solicitud le faltaban sello y firma.
En la apelación, la municipalidad sostuvo que esa carta no probaba una negativa, sino que la solicitud no pudo presentarse por no tener sello y firma, y que Eritos S.A.C. pudo subsanar esa omisión de inmediato. La Sala concluyó que la certificación notarial da fe de que existió una negativa de recepción de la solicitud, porque, según el Decreto Legislativo 1049, Ley del Notariado, el notario que certifica la entrega de una carta da fe del hecho y le confiere fecha cierta.
La Sala no analizó si el sello y la firma debían subsanarse, porque esos requisitos no eran materia de cuestionamiento en el procedimiento.
Ni el cambio de riesgo ni la licencia revocada justifican el rechazo
La municipalidad también sostuvo que el nivel de riesgo del establecimiento pasó de bajo o medio a alto o muy alto por hechos verificados en un operativo del 14 de octubre de 2023, lo que sustentó la revocatoria de la licencia de funcionamiento. Según la municipalidad, Eritos S.A.C. debía tramitar primero el certificado de ITSE, antes de contar con la licencia, y no pedir la renovación del certificado cuando la licencia ya había sido revocada.
La Sala respondió que todos esos argumentos buscan justificar el rechazo de la solicitud, y que no es jurídicamente válido que una autoridad rechace una solicitud sin admitirla a trámite. La municipalidad es competente para evaluar y otorgar las ITSE, pero debe ejercer esa competencia sin contravenir el TUO de la Ley 27444 ni el Decreto Legislativo 1256.
El derecho de petición no garantiza una respuesta favorable, pero sí asegura el acceso al procedimiento y una respuesta motivada.
El proceso judicial sobre la licencia no suspende el procedimiento
La municipalidad pidió suspender el procedimiento porque, desde el 2 de abril de 2024, sigue en trámite un proceso contencioso administrativo en el que Eritos S.A.C. demandó la nulidad de la resolución municipal que revocó la licencia de funcionamiento y el certificado de ITSE del establecimiento.
La Sala denegó la suspensión porque el proceso judicial no versa sobre la misma materia que el procedimiento, como exige el artículo 31 del Decreto Legislativo 1256. Los dos casos tienen los mismos sujetos, pero no el mismo petitorio ni los mismos fundamentos. El procedimiento cuestiona la negativa a recibir la solicitud de ITSE del 11 de junio de 2025, y el proceso judicial pide la nulidad de la revocatoria por la notificación incorrecta de una carta de la municipalidad.
La municipalidad debe inaplicar la barrera a Eritos S.A.C.
De la resolución de la Comisión, la Sala confirmó también estas otras decisiones:
- Inaplicación: la municipalidad, a través de sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, inaplica la barrera burocrática declarada ilegal al caso concreto de Eritos S.A.C., según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1256.
- Incumplimiento: imponer la barrera mediante actos administrativos o actuaciones materiales posteriores a la resolución se considera incumplimiento del mandato de inaplicación y motiva el inicio de un procedimiento sancionador.
- Multa: el incumplimiento del mandato de inaplicación puede sancionarse con una multa de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según el artículo 34 del Decreto Legislativo 1256.
- Informe: la municipalidad informa las medidas adoptadas en un plazo no mayor a 1 mes, según el numeral 1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1256 y la Directiva 001-2017/DIR/COD-INDECOPI.
- Copia de la resolución: el procurador público o el abogado defensor de la municipalidad remite copia de la resolución al titular de la entidad y a la Secretaría General, o a quien haga sus veces, para conocimiento de sus funcionarios y servidores públicos, según el artículo 42 del Decreto Legislativo 1256.
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