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INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad de Lurín desconozca el levantamiento automático de una clausura
INDECOPI declara ilegal que la Municipalidad de Lurín mantuviera cerrado un local: no observó en 48 horas la subsanación comunicada y la clausura temporal quedó sin efecto.

Barrera burocrática ilegal por desconocer el levantamiento automático
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó, en la Resolución 0288-2026/SEL-INDECOPI del 24 de junio de 2026, que la Municipalidad Distrital de Lurín impuso una barrera burocrática ilegal a Automotriz D. Salazar E.I.R.L., titular de un taller automotriz de conversiones a gas. La barrera es «la limitación de operar el local comercial» de la empresa «como consecuencia de una clausura temporal cuya subsanación fue comunicada el 11 de agosto de 2025».
La Sala confirmó así la Resolución 0558-2025/CEB-INDECOPI de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Según la Sala, la Municipalidad desconoció el levantamiento automático de la clausura temporal y mantuvo la limitación de operar el local por medio de dos actas de fiscalización, una notificación de imputación de cargos, dos actas de ejecución de medida provisional y la colocación de cedulones de clausura, de un vehículo municipal y de un bloque de concreto.
48 horas para notificar una observación debidamente motivada
La Sala aplicó el numeral 21.6 del artículo 21 de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. La clausura temporal se levanta dentro de las 48 horas siguientes a que el titular subsane las observaciones que motivaron la medida y lo comunique formalmente a la municipalidad. Si la municipalidad no formula una observación debidamente motivada dentro de ese plazo, la clausura temporal queda sin efecto automáticamente. El plazo corre desde la hora en que la comunicación ingresa por la mesa de partes de la municipalidad.
Para la Sala, la municipalidad debe emitir la observación y notificarla dentro de las 48 horas, porque el acto administrativo es eficaz desde que se notifica, según los artículos 16 y 18 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
La Sala concluyó que la Municipalidad no podía mantener la limitación de operar el local exigiendo la emisión de una resolución o acta de levantamiento de clausura, porque esa exigencia desconoció el efecto automático del numeral 21.6.
El escrito presentado como descargo activó el plazo de 48 horas
La Municipalidad alegó que el escrito que la empresa presentó el 11 de agosto de 2025 era un descargo extemporáneo contra una notificación de imputación de cargos. La Sala constató que, aunque se presentó dentro del procedimiento administrativo sancionador de la Municipalidad, el escrito también comunicó la subsanación de las observaciones que motivaron la clausura temporal y pidió su levantamiento. Por eso activó el plazo de 48 horas, y su supuesta extemporaneidad como descargo no le resta eficacia como comunicación de subsanación.
Una comunicación interna no es una observación debidamente motivada
La Municipalidad no acreditó haber formulado una observación debidamente motivada dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de subsanación. La Sala descartó los dos memorándums que invocó la Municipalidad:
- Memorándum 185-2025-SFA-GF/MDL, del 11 de agosto de 2025: pidió a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastre verificar el local. Es una comunicación interna de la Municipalidad, no una observación dirigida a la empresa.
- Memorándum 106-2025-SGRD-GDE/MDL, del 19 de agosto de 2025: informó que la verificación fue infructuosa. No se dirigió a la empresa y se emitió después de vencido el plazo de 48 horas.
Sin esa observación, la clausura temporal quedó sin efecto automáticamente al vencer el plazo.
Autonomía municipal no permite desconocer el levantamiento automático
La Municipalidad alegó que actuó en ejercicio de su autonomía y de sus competencias de fiscalización y sanción, y que fiscalizó a la empresa por incumplir disposiciones de seguridad y protección emitidas por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y otros organismos.
La Sala respondió que la autonomía municipal y las competencias de fiscalización no habilitan a la Municipalidad a desconocer el levantamiento automático de una clausura temporal. Lo discutido no era si la Municipalidad podía fiscalizar el local o iniciar un procedimiento administrativo sancionador, sino si podía mantener la limitación de operar el local después del levantamiento automático. Por eso, el presunto incumplimiento de las disposiciones de seguridad no cambia el resultado.
La Sala precisó que no evaluó la legalidad ni la razonabilidad de la imposición inicial de la clausura temporal, y que lo resuelto no desconoce las competencias de fiscalización de la Municipalidad en materia de seguridad y funcionamiento de establecimientos comerciales.
La Municipalidad debe inaplicar la barrera al caso de la empresa
Con la confirmación quedan firmes estas disposiciones de la Comisión para la Municipalidad:
- Inaplicación: la Municipalidad debe inaplicar la barrera burocrática declarada ilegal al caso concreto de la empresa, conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
- Nueva imposición: si la Municipalidad vuelve a imponer la barrera mediante actos administrativos o actuaciones materiales emitidos después de que lo resuelto quede firme, eso podrá considerarse un presunto incumplimiento del mandato de inaplicación y motivar el inicio de un procedimiento sancionador.
- Informe a la Comisión: la Municipalidad debe informar a la Comisión, en un plazo no mayor a 1 mes, las medidas adoptadas respecto de lo resuelto, conforme al numeral 1 del artículo 50 del Decreto Legislativo 1256.
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