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INDECOPI declara ilegal exigir el certificado de saneamiento ambiental a un establecimiento comercial de Ica
INDECOPI declaró ilegal que la Municipalidad Provincial de Ica exigiera a un establecimiento comercial el certificado de saneamiento ambiental, un documento que la Ley General de Salud no prevé.

Exigir el certificado de saneamiento ambiental, barrera ilegal
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) confirmó, en la Resolución 0224-2026/SEL-INDECOPI del 20 de mayo de 2026, que es barrera burocrática ilegal la exigencia de contar con el certificado de saneamiento ambiental que la Municipalidad Provincial de Ica hizo a Solana Comercial S.A.C. para su establecimiento comercial de la avenida San Martín 727, en Ica. Así lo había declarado la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Ica en la Resolución Final 0009-2025/CEB-INDECOPI-ICA; la Sala mantuvo esa decisión con fundamentos distintos.
Vigilar la higiene no faculta a exigir documentación específica
La Sala reconoció que la Municipalidad tiene competencias de control sanitario y de vigilancia de las condiciones de higiene de los establecimientos comerciales. Ejercer esas competencias de control no supone, en ningún caso, ejercer competencia normativa, salvo que la propia ley disponga lo contrario, según el artículo 125 de la Ley 26842, Ley General de Salud.
La Municipalidad puede, por tanto, verificar las condiciones de higiene del establecimiento, pero no exigirle documentación específica que las acredite. Esa documentación no está prevista en la Ley 26842 ni en el Decreto Supremo 022-2001-SA, Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios.
Por eso, la exigencia del certificado de saneamiento ambiental contraviene el artículo 125 de la Ley 26842 y el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por el que los gobiernos locales están sujetos a las leyes que regulan las actividades y el funcionamiento del sector público.
La Comisión había fundado la ilegalidad en el artículo 13 de la Ley 26842, según el cual ninguna autoridad puede exigir carné sanitario, carné de salud o documento similar como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o afines. La Sala descartó ese fundamento: el artículo 13 protege la salud de las personas naturales y no alcanza a los establecimientos comerciales, que no tienen un estado de salud que certificar.
Los establecimientos siguen obligados a mantener la higiene
La Sala precisó que la declaración de ilegalidad no libera a los establecimientos comerciales, en especial a los que venden alimentos y bebidas, de la obligación de mantener condiciones de higiene y salubridad. Las municipalidades pueden sancionar al establecimiento que no cumpla sus obligaciones de limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
Una anotación en el acta de inspección basta como exigencia
La Municipalidad sostuvo en su apelación que no hubo barrera burocrática: el Acta de Inspección Sanitaria 001503-2025, del 5 de agosto de 2025, solo anotó «No muestra certificado de saneamiento ambiental», sin imponer una sanción ni ordenar al establecimiento que obtuviera el certificado. La Sala rechazó ese argumento.
Para la Sala, la anotación constata que el establecimiento no presentó un documento que los inspectores le pidieron durante la inspección. No exhibir el certificado de saneamiento ambiental es, además, una conducta sancionable según el código 9.05 del Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas aprobado por la Municipalidad, y la Municipalidad la consideró junto con las demás presuntas infracciones detectadas en esa inspección. Para que exista una barrera burocrática no hace falta una sanción ni una orden de clausura: basta una exigencia de la autoridad capaz de producir efectos sobre la actividad económica de la empresa.
Inaplicación para la empresa y pago de costas y costos
Como consecuencia de la declaración de ilegalidad, la Sala confirmó también estos mandatos de la Comisión:
- Inaplicación: la barrera burocrática declarada ilegal se inaplica al caso concreto de Solana Comercial S.A.C., según el artículo 10 del Decreto Legislativo 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
- Multa: el incumplimiento del mandato de inaplicación es sancionable con una multa de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según el artículo 34 del Decreto Legislativo 1256.
- Costas: la Municipalidad las paga a Solana Comercial S.A.C. en un plazo no mayor a 15 días hábiles, después de que la empresa le comunique el número de cuenta para el pago.
- Costos: la Municipalidad los paga a Solana Comercial S.A.C. después de que la empresa presente la solicitud de liquidación de costos.
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