INDECOPI multa a Enosa por oponer el derecho de prioridad sin ley expresa del Congreso
INDECOPI multó con 15.85 UIT a la empresa estatal Enosa por oponer su derecho de prioridad, sin ley expresa del Congreso, a concesiones de distribución eléctrica solicitadas antes por un privado.
Denuncia fundada contra Enosa por violación de normas
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada, en la Resolución 0134-2026/SDC-INDECOPI del 20 de julio de 2026, la denuncia de Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. (Villacurí) contra Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Noroeste S.A. (Enosa), empresa estatal, por actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas del numeral 14.3 del artículo 14 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. La Sala revocó así la Resolución 204-2025/CCD-INDECOPI de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que había declarado infundada la denuncia.
Villacurí solicitó la concesión definitiva de distribución eléctrica de los proyectos «La Huaca 2», en Piura, y «Corrales», en Tumbes. Enosa ejerció frente a esas solicitudes el derecho de prioridad que la regulación eléctrica reconoce al concesionario de distribución dentro de su Zona de Responsabilidad Técnica (ZRT), y promovió actuaciones en sede administrativa y judicial para hacerlo efectivo.
Para que la actividad empresarial de una empresa estatal configure violación de normas basta que infrinja el artículo 60 de la Constitución Política del Perú: no se requiere acreditar que la empresa obtuvo una ventaja significativa.
Cese de actuaciones orientadas al ejercicio del derecho de prioridad
La Sala impuso a Enosa una medida correctiva con 2 órdenes:
- Cese: «el cese definitivo e inmediato de las actuaciones orientadas al ejercicio y materialización del derecho de prioridad regulado en la normativa eléctrica», respecto de los proyectos «La Huaca 2» y «Corrales».
- Abstención: «se abstenga de realizar, en lo sucesivo, cualquier actuación destinada a oponer dicho derecho de prioridad respecto de proyectos para los cuales un agente privado hubiera solicitado con anterioridad una concesión definitiva de distribución eléctrica».
Enosa tiene un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución, para cumplir la medida correctiva, bajo apercibimiento de una multa coercitiva y de su cobranza coactiva, de acuerdo con el numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto Legislativo 1044.
Multa de 15.85 UIT y pago de costas y costos
La Sala impuso a Enosa una multa de 15.85 UIT. Enosa no tiene ventas de los 2 proyectos: la concesión de «La Huaca 2» se otorgó a Villacurí, y en «Corrales» se amparó el derecho de prioridad de Enosa, pero Enosa aún no es titular de la concesión. Por eso la Sala no aplicó el método del Decreto Supremo 032-2021-PCM basado en un porcentaje de las ventas del producto o servicio afectado, y graduó la multa con los criterios del artículo 53 del Decreto Legislativo 1044: la modalidad y el alcance del acto, sus efectos y la dimensión del mercado afectado.
La Sala ordenó además a Enosa asumir las costas y costos en que incurrió Villacurí en el procedimiento.
El derecho de prioridad no proviene de una ley del Congreso
El Estado solo puede realizar actividad empresarial autorizado por ley expresa, según el artículo 60 de la Constitución. La Sala exige que esa ley la apruebe el Congreso de la República, no cualquier norma con rango de ley.
Para la Sala, ejercer el derecho de prioridad es actividad empresarial, porque desplaza al agente que solicitó antes la concesión definitiva: la autoridad declara improcedente su solicitud.
El derecho de prioridad entró en la regulación eléctrica con el Decreto Legislativo 1221, que el Poder Ejecutivo dictó con facultades delegadas y que modificó el artículo 30 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y con el Decreto Supremo 018-2016-EM, que reguló su procedimiento y sus efectos en el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Ninguna de las 2 normas es una ley aprobada por el Congreso, y por eso Enosa carece de habilitación legal expresa para ejercer el derecho de prioridad.
La Sala precisó que su decisión no supone la invalidez del Decreto Legislativo 1221 ni del Decreto Supremo 018-2016-EM, que obligan a los agentes públicos y privados del mercado eléctrico, sino que esas normas no bastan para amparar el ejercicio del derecho de prioridad por una empresa estatal.
Los procesos judiciales no suspenden el procedimiento
Enosa pidió suspender el procedimiento por 2 procesos contencioso-administrativos sobre el derecho de prioridad: uno ante el Primer Juzgado Civil de Piura, por «La Huaca 2», y otro ante el Juzgado Civil Permanente de Tumbes, por «Corrales». La Sala denegó la suspensión. Esos procesos determinan si las autoridades regionales actuaron conforme a la regulación sectorial al admitir o rechazar las solicitudes de Enosa para ejercer el derecho de prioridad. El procedimiento determina si las actuaciones de Enosa cumplen el artículo 60 de la Constitución, sea cual sea el resultado judicial. Lo que resuelvan los jueces no es determinante para el procedimiento.
Fuentes