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INDECOPI multa a academia de Cusco por anunciar ingresantes sin pruebas y operar sin licencia

INDECOPI sancionó a una academia preuniversitaria de Cusco que anunció ingresantes sin pruebas previas y operó sin licencia de funcionamiento, y redujo la multa de un anuncio en parte veraz.

Contenido
La Sala confirma en parte las sanciones a una academia de Cusco
Las pruebas del anuncio deben existir antes de difundirlo
El engaño no depende del año en que ingresaron los alumnos
Operar sin licencia de funcionamiento es violación de normas
La multa por el anuncio 2 baja en proporción a lo probado
Victorem tiene 3 días hábiles para cesar la publicidad y el servicio
El acta de fiscalización no necesita describir los cargos

LIMA, 2 de octubre de 2026

Portada de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco con estudiantes en la vereda

La Sala confirma en parte las sanciones a una academia de Cusco

La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) resolvió, con la Resolución 0181-2026/SDC-INDECOPI del 2 de octubre de 2026, la apelación de Corporación Victorem e Impulsa S.A.C. (Victorem), una academia preuniversitaria de Cusco, contra la Resolución 038-2026/INDECOPI-CUS de la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Cusco. La Comisión había sancionado a Victorem por actos de engaño, por 2 anuncios exhibidos en su establecimiento, y por violación de normas, por operar sin licencia de funcionamiento.

La Sala confirmó el engaño, la multa por violación de normas y la medida correctiva, y redujo la multa por uno de los 2 anuncios. Victorem no apeló el extremo que la declaró responsable de violación de normas, que quedó consentido.

Las pruebas del anuncio deben existir antes de difundirlo

Los 2 anuncios mostraban los nombres de 10 alumnos y, debajo de cada uno, la universidad, la carrera, la modalidad de ingreso y, en algunos casos, el puesto y la nota. La Sala entendió que transmitían este mensaje: los alumnos estudiaron en Victorem y, por eso, ingresaron a la universidad en la carrera, la modalidad y el puesto anunciados.

El anunciante carga con la prueba de que sus afirmaciones objetivas son veraces, y debe tener esa prueba antes de la difusión del anuncio. Es el deber de sustanciación previa, que la Sala aplicó con los numerales 8.3 y 8.4 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal.

La Sala valoró las pruebas que presentó Victorem y las que recabó ella misma, con este resultado en cada una:

PruebaLo que acreditó
Fichas de matrícula, registros de asistencia y constancias de notasQue los 10 alumnos estudiaron en Victorem.
Resultados de calificación de la universidad, presentados con la apelaciónEl ingreso de 2 alumnos del anuncio 2 en la carrera, el puesto y la modalidad anunciados.
Consulta de la Sala a las páginas web de admisión de las universidadesEl ingreso de 1 alumna más del anuncio 2.
Declaraciones juradas de los alumnosNada.

Las declaraciones juradas se elaboraron entre mayo y junio de 2024, después del 22 de marzo de 2024, fecha en que se constataron los anuncios, por lo que no cumplen el deber de sustanciación previa. Además, se elaboraron después de que la Secretaría Técnica de la Comisión requiriera a Victorem las pruebas del mensaje, y son declaraciones unilaterales que ningún otro documento respalda. Con todas las pruebas, quedó acreditado el ingreso de 3 de los 5 alumnos del anuncio 2 y de ninguno de los 5 del anuncio 1.

El engaño no depende del año en que ingresaron los alumnos

Victorem alegó que los anuncios con resultados de 2021 no captan alumnos en 2024, porque los padres buscan resultados actuales, y que por eso no obtuvo beneficio de ellos. La Sala respondió que el anuncio generaba una falsa expectativa sobre los resultados del servicio y podía desviar a los consumidores hacia Victorem, con independencia del año en que los alumnos ingresaron a la universidad.

Para declarar el engaño no hace falta probar un daño efectivo a un competidor, a los consumidores o al orden público económico: basta con que el daño sea potencial, como establece el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

Operar sin licencia de funcionamiento es violación de normas

La empresa obligada a contar con una autorización para desarrollar su actividad incurre en violación de normas cuando no acredita documentalmente que la tiene, según el literal b) del numeral 14.2 del artículo 14 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. En este caso, la autorización era la licencia de funcionamiento, que la empresa debe obtener antes de abrir el establecimiento, según el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobado por Decreto Supremo 163-2020-PCM. Victorem prestaba el servicio de preparación preuniversitaria en su establecimiento del distrito de Wanchaq sin esa licencia, y en sus descargos formuló un allanamiento a esa imputación.

El allanamiento redujo la multa a la mitad

La Comisión no contaba con información económica de Victorem y graduó la multa con los criterios del artículo 53 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal: la naturaleza de la infracción, el efecto disuasivo de la sanción y la duración de la conducta. Fijó 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y la redujo en 50 % por el allanamiento válido y oportuno de Victorem. La Sala confirmó la multa de 0.50 UIT.

El periodo infractor dura lo que dura la conducta

Victorem alegó que la Secretaría Técnica de la Comisión tardó en imputarle los cargos y que esa demora alargó el periodo con que se calculó la multa. La Sala lo desestimó: el periodo infractor es el lapso en que la empresa operó sin licencia de funcionamiento, no la fecha en que la autoridad imputa los cargos. En este caso corrió desde la inspección del 22 de marzo de 2024 hasta la notificación de la imputación de cargos, el 3 de junio de 2025. El periodo habría terminado antes si Victorem hubiera acreditado que obtuvo la licencia antes de esa notificación.

La multa por el anuncio 2 baja en proporción a lo probado

La Sala confirmó la multa de 2.24 UIT por el anuncio 1. Por el anuncio 2, redujo la multa en una proporción equivalente a la parte de la información cuya veracidad quedó acreditada y la fijó en las dos quintas partes de la original: 0.89 UIT. Aplicó el principio de razonabilidad.

Las multas de cada instancia, por infracción, quedaron así:

InfracciónMulta de la ComisiónMulta de la Sala
Engaño por el anuncio 12.24 UIT2.24 UIT
Engaño por el anuncio 22.24 UIT0.89 UIT
Violación de normas0.50 UIT0.50 UIT
Total4.98 UIT3.63 UIT

La Sala requirió a Victorem el cumplimiento espontáneo de la multa, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo, y dispuso remitir los actuados a la Unidad de Ejecución Coactiva.

Victorem tiene 3 días hábiles para cesar la publicidad y el servicio

La Sala confirmó la medida correctiva que ordenó la Comisión, que obliga a Victorem a 2 ceses:

  • Publicidad: el cese definitivo e inmediato de la publicidad infractora y de otra de naturaleza similar.
  • Servicio: el cese definitivo e inmediato de la prestación del servicio de preparación preuniversitaria, en tanto no cuente con la licencia de funcionamiento.

Victorem debe cumplir la medida en un plazo no mayor de 3 días hábiles, contados desde que la resolución sea confirmada por la Sala. Si no la cumple, se le impondrá una nueva multa y se ordenará su cobranza coactiva. Esa multa coercitiva es no menor de 1 ni mayor de 10 UIT y se paga dentro de 5 días hábiles, según el numeral 57.1 del artículo 57 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal.

El acta de fiscalización no necesita describir los cargos

Victorem pidió anular el acta de fiscalización de la inspección porque no describía los cargos y tenía una enmendadura. La Sala respondió que el acta de fiscalización no es un acto administrativo: deja constancia de los hechos verificados, y los cargos se comunican en la resolución que inicia el procedimiento sancionador, con la que Victorem conoció las imputaciones y pudo defenderse. La enmendadura recae sobre la palabra «porque» y no altera ningún aspecto sustancial del acta, por lo que no la invalida.

Fuentes

  • 0181-2026/SDC-INDECOPI
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Razón social
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