INDECOPI descarta denigración en las cartas de Laive a los clientes de Gloria sobre una medida cautelar
INDECOPI declaró infundada la denuncia de Gloria contra Laive por denigración, porque sus cartas a los clientes de Gloria solo informaban de una medida cautelar vigente y de su contenido.
Informar de una medida cautelar vigente no es denigración
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) resolvió, en la Resolución 0154-2026/SDC-INDECOPI del 24 de agosto de 2026, que Laive S.A. no cometió actos de competencia desleal en la modalidad de denigración, previstos en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, al enviar cartas a los clientes de Leche Gloria Sociedad Anónima – Gloria S.A. sobre una medida cautelar dictada contra esta. La Sala confirmó así la Resolución 253-2025/CCD-INDECOPI del 16 de diciembre de 2025, con la que la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal declaró infundada la denuncia de Gloria.
La Sala estableció que informar de la existencia y del contenido de una medida cautelar vigente, dictada por la autoridad competente y vinculada con la actividad comercial de quienes reciben la información, no constituye una conducta sancionable en materia de competencia desleal.
Una empresa puede escribir a los clientes de un competidor, incluso para dar su propia posición sobre un asunto en controversia, como parte de la libertad de expresión. El límite está en el mensaje: las cartas no deben transmitir a quien las recibe un mensaje falso, inexacto o sin pertinencia en la forma o en el fondo.
La medida cautelar estaba vigente y era eficaz el día en que Laive envió las cartas, aunque después la Sala la declaró nula en la Resolución 0132-2025/SDC-INDECOPI. Gloria la había apelado, y conforme al artículo 33.7 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la apelación de una medida cautelar se concede sin efecto suspensivo.
Pedir colaboración y citar la multa no obliga a los clientes
La medida cautelar la dictó la Comisión el 18 de febrero de 2025, en un procedimiento iniciado por Laive contra Gloria por actos de confusión. Ordenó a Gloria el cese preventivo e inmediato de los elementos de la publicidad en el envase del producto «Yogurt Gloria Actibio» que pudieran generar una percepción de similitud o riesgo de confusión con el producto «Yogurt Laive Sbelt Probióticos»: la distribución de colores verde claro y blanco del envase y el color de sus letras.
El 27 de febrero de 2025, Laive envió cartas a clientes de Gloria que vendían «Actibio», entre ellos Tiendas Tambo S.A.C. (Tambo) y Supermercados Peruanos S.A. Las cartas adjuntaban el íntegro de la resolución que dictó la medida cautelar y comunicaban estos 5 puntos:
- Que la Comisión había impuesto a Gloria la medida cautelar.
- El mandato de la medida cautelar, citado textualmente.
- Un pedido para que los clientes de Gloria colaboraran con el cumplimiento de la medida cautelar.
- Que la Comisión puede sancionar el incumplimiento de una medida cautelar con una multa de 10 a 125 UIT.
- Que el procedimiento seguía en trámite y que la apelación de la medida cautelar no suspendía sus efectos.
Gloria sostuvo que las cartas daban a entender a los clientes que estaban obligados a cumplir la medida cautelar y a retirar «Actibio» de sus locales, cuando la única obligada era Gloria y la medida solo alcanzaba a la publicidad en el envase.
La Sala no encontró en las cartas hechos distintos de los que constaban en la resolución de la Comisión, ni expresiones que excedieran el contenido de la medida cautelar, ni un pedido de retiro de «Actibio», ni una indicación de que los clientes de Gloria estuvieran obligados a cumplir la medida. Las cartas transcribían el punto resolutivo que ordenaba el cese a Gloria, y el íntegro de la resolución adjunta despejaba cualquier duda sobre quién era la obligada.
Pedir a los clientes de Gloria que colaboraran con el cumplimiento no configura por sí mismo denigración. La medida cautelar recaía sobre la publicidad en el envase de un producto que esos clientes vendían, y Laive tenía un interés legítimo en dar a conocer una medida dictada en un procedimiento iniciado por ella.
Advertir que el incumplimiento de una medida cautelar es sancionable es, para la Sala, una indicación objetivamente veraz. Por sí sola, no da a entender que los clientes de Gloria estén obligados a cumplir la medida ni que puedan ser sancionados por incumplirla.
El retiro del producto por los clientes no prueba la denigración
Después de las cartas, Tambo exigió a Gloria retirar «Actibio» de los locales de Tambo, y Supermercados Peruanos le pidió asumir cualquier riesgo de la venta del producto. La Sala resolvió que esas decisiones responden a la autonomía y al criterio comercial de cada cliente, según su propia evaluación de los riesgos, y que no permiten atribuir a las cartas un contenido distinto del que se desprende de su texto.
Laive envió una segunda carta el 10 de marzo de 2025 para precisar que solo Gloria estaba obligada por la medida cautelar. Para la Sala, enviarla no equivale a reconocer una conducta denigratoria: la segunda carta ayuda a despejar dudas en los clientes de Gloria.
Dar cuenta de una medida no es atribuir una infracción
Gloria invocó 2 resoluciones de la Sala sobre cartas en las que una empresa decía a terceros que su competidor había cometido actos de engaño. La Sala las distinguió: las cartas de Laive no atribuían a Gloria una infracción ni una actuación ilícita, sino que daban cuenta de una decisión de la autoridad competente.
La Sala recordó además la Resolución 0071-2026/SDC-INDECOPI, según la cual expresar la posición propia sobre la conducta de un competidor no configura por sí solo denigración cuando no se le atribuye una calificación o una decisión inexistente de una autoridad.
La reserva del expediente obliga a los funcionarios, no a las partes
Gloria alegó que Laive no podía difundir la resolución que dictó la medida cautelar, porque el acceso al expediente está reservado a las partes y a los terceros apersonados, conforme al artículo 39 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal. La Sala resolvió que ese deber de reserva recae en los funcionarios públicos que tramitan el procedimiento, no en las partes, y que las partes no tienen en ese artículo restricción alguna para usar o difundir la información que conozcan en el procedimiento.
Fuentes