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OEFA multa a Apumayo por componentes sin certificación ambiental y archiva el exceso de límites máximos permisibles
OEFA multa a Apumayo por componentes sin certificación ambiental y por no prevenir el arrastre de material a una quebrada, y archiva el exceso de límites máximos porque ya agravó la primera multa.

El Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA confirmó la responsabilidad de Apumayo S.A.C., titular de la unidad minera Apumayo, en Ayacucho, por implementar sin certificación ambiental 5 componentes no contemplados en su instrumento de gestión ambiental y por no adoptar medidas para evitar que el material de una vía minera fuera arrastrado a la quebrada Jispiccahua, confirmó las 2 medidas correctivas y redujo las multas por esas infracciones a 74,012 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y 26,956 UIT. Revocó, en cambio, la multa de 1,394 UIT por exceder los límites máximos permisibles (LMP) en un punto de descarga no autorizado y archivó esa infracción.
La decisión consta en la Resolución N° 590-2026-OEFA/TFA-SE, que resolvió la apelación de Apumayo contra la Resolución Directoral N° 00779-2026-OEFA/DFAI, con la que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) de OEFA había resuelto su reconsideración contra la Resolución Directoral N° 00871-2025-OEFA/DFAI. En lo que confirma y en las multas reformadas, la resolución agota la vía administrativa.
Responsabilidad por 5 componentes no contemplados
La primera infracción consiste en haber implementado, sin certificación ambiental, componentes no contemplados en el instrumento de gestión ambiental de la unidad minera. Son 5: una tubería de HDPE que descargaba sobre el suelo el agua de contacto de la Poza de Monitoreo de Subdrenaje 1 del botadero de desmonte Huamán Loma; otra tubería de HDPE que salía de un muro de gaviones y descargaba agua con características ácidas hacia la quebrada Jelloccasa; el propio muro de gaviones, y 2 áreas de acumulación de material de relleno, de 781,14 m² y 490,42 m².
El Tribunal rechazó que la infracción quedara excusada por las circunstancias que alegó Apumayo. Que la tubería sea un elemento auxiliar del manejo de aguas y no un componente principal no cambia la infracción, que consiste en haberla incorporado sin la certificación ambiental. Y el informe que sostenía que el muro era necesario para contener el dique de tierra, igual que un plano de 2011 del depósito de aguas pluviales, no sustituye la certificación ambiental ni regulariza los componentes.
Tampoco la excusa el deber del titular minero de adoptar oportunamente medidas de prevención y control, previsto en el artículo 16 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM: ese deber no lo habilita a ejecutar componentes nuevos sin la certificación ambiental que debe obtener antes de ejecutarlos, según el artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y la infracción se acredita con el incumplimiento de la obligación ambiental, sin necesidad de demostrar un impacto, como la producción de lixiviados.
Cierre del muro de gaviones y retiro de la tubería
El Tribunal confirmó la medida correctiva que obliga a Apumayo a cerrar el muro de gaviones y retirar la tubería de HDPE que sale de él, y a acreditar la estabilidad física, la estabilidad hidrológica, la estabilidad geoquímica, el establecimiento de la forma del terreno y la rehabilitación de hábitats de las áreas donde los implementó. El plazo es de 90 días calendario, contado desde el día siguiente de notificada la Resolución Directoral N° 00871-2025-OEFA/DFAI. En un plazo no mayor de 7 días calendario de vencido ese plazo, Apumayo presenta ante DFAI un informe técnico con fotografías o videos fechados y con coordenadas UTM WGS 84, mapas o planos y fichas técnicas de campo.
La medida ya no comprende la remoción del material de relleno de una de las áreas de acumulación: DFAI dejó sin efecto esa parte al resolver la reconsideración. Que Apumayo haya acreditado con una fotografía del 28 de setiembre de 2024 que la tubería está sellada no cambia que el muro y la tubería se implementaron sin certificación ambiental.
En la apelación, Apumayo pidió dejar sin efecto la medida o variarla, para mantener y verificar el sellado de la tubería en lugar de retirarla y para incorporar el muro al instrumento ambiental de cierre correspondiente en lugar de cerrarlo. El Tribunal encauzó ese pedido como una solicitud de variación de la medida correctiva y lo remitió a DFAI para que lo atienda, en aplicación del principio de informalismo y del deber de encauzar de oficio el procedimiento, previstos en el numeral 1.6 del artículo IV y en el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS.
Según el artículo 20 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA-CD, la autoridad puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva, de oficio o a pedido de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas al adoptarla. La solicitud de variación no procede una vez vencido el plazo otorgado para cumplir la medida.
No adoptar medidas de prevención: la limpieza no lo subsana
La segunda infracción confirmada consiste en no adoptar medidas de prevención para evitar que el material del talud de la vía de uso minero fuera arrastrado hacia la quebrada Jispiccahua. En la evaluación ambiental de marzo de 2022 se constató el arrastre de ese material hasta la naciente de la quebrada, y en los sedimentos el arsénico superó los valores ISQG y PEL de la guía de calidad ambiental canadiense, y el plomo y el mercurio, los valores ISQG.
No adoptar a tiempo una medida de prevención es una infracción de naturaleza instantánea, que no se subsana con actos posteriores. Por eso la limpieza del tramo y los 7 monitoreos de sedimentos de junio de 2025 que Apumayo presentó con la apelación no revierten la responsabilidad.
El Tribunal también confirmó la medida correctiva que obliga a acreditar la rehabilitación del suelo en el tramo que va desde la progresiva 3+800 de la vía de uso minero hasta el punto CAS-APU-08, con muestreo de calidad del suelo o del sedimento rehabilitado en al menos 6 puntos. El plazo es de 90 días calendario, contado desde el día siguiente de notificada la Resolución Directoral N° 00871-2025-OEFA/DFAI. Apumayo no cuestionó la medida, sino que afirmó haberla cumplido con esos monitoreos, y el Tribunal corrió traslado de la apelación a DFAI para que evalúe el cumplimiento de la medida y el pedido de dejarla sin efecto.
Archivada la infracción por exceder LMP en un punto no autorizado
DFAI había sancionado a Apumayo con 1,394 UIT por no cumplir, en el parámetro pH, los LMP del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM en el punto ESP-8, donde la tubería de la Poza de Monitoreo de Subdrenaje 1 descargaba sobre el suelo con un pH de 5,13. El Tribunal revocó esa sanción y archivó la infracción.
Aplicó el precedente de observancia obligatoria de la Resolución N° 643-2025-OEFA/TFA-SE, del 28 de noviembre de 2025, que distingue 2 supuestos. Exceder los LMP es una infracción autónoma solo cuando la descarga sale por un punto de control previsto en el instrumento de gestión ambiental. Cuando sale por un punto no autorizado, o proviene de la omisión del deber de prevención o del incumplimiento de compromisos del instrumento de gestión ambiental, exceder los LMP es un factor agravante de la infracción principal.
La descarga en ESP-8 salía por la tubería que el instrumento de gestión ambiental no contemplaba, de modo que el exceso de LMP depende de esa infracción. Su efecto ya estaba considerado en la multa por los componentes no contemplados, como agravante en los factores f1 y f3.
Multas reducidas a 74,012 UIT y 26,956 UIT
El Tribunal recalculó las 2 multas con la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. Las multas se pagan en UIT vigentes a la fecha de pago.
La multa por los componentes no contemplados baja de 76,593 UIT a 74,012 UIT. DFAI había calificado como aspectos ambientales o fuentes de contaminación, en el factor f3, la alteración del aire, el ruido, la alteración del suelo y la alteración de la flora. Para el Tribunal, esos son impactos, y el factor f3 evalúa los elementos de la actividad que interactúan con el ambiente: aquí, los flujos de agua vertidos con parámetros por encima de los LMP, el movimiento de tierras y el desbroce de vegetación. Con ese cambio, el factor f3 pasa de 24 % a 18 %. El Tribunal mantuvo el beneficio ilícito, calculado con el costo de tramitar un ITS que incorpore los 5 componentes, y rechazó que se calculara solo con el costo de instalar una línea de conducción o en función de si los componentes aumentan la producción.
La multa por no adoptar medidas de prevención baja de 28,781 UIT a 26,956 UIT. El Tribunal excluyó del beneficio ilícito el costo de capacitación del personal: los costos evitados se limitan a los gastos que la normativa ambiental exige, que son indispensables para cumplir la obligación y que guardan relación causal directa con la infracción, y adoptar medidas de prevención es una obligación material, logística y ejecutiva que no depende de capacitar al personal. El beneficio ilícito queda en 7,325 UIT.
Fuentes
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