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OEFA deja sin efecto multa de 2 629,041 UIT a Compañía Minera Santander por cierre progresivo no ejecutado
OEFA dejó sin efecto la multa de 2 629,041 UIT a Compañía Minera Santander porque pidió modificar su plan de cierre antes de que venciera el plazo y el Ministerio de Energía y Minas aprobó el cambio.

El Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA revocó la multa de 2 629,041 UIT a Compañía Minera Santander S.A.C. por no ejecutar el cierre progresivo de 3 componentes de su unidad en Huaral y archivó el procedimiento administrativo sancionador, porque la empresa pidió a tiempo modificar su Plan de Cierre de Minas y el Ministerio de Energía y Minas aprobó el cambio.
La decisión consta en la Resolución N° 593-2026-OEFA/TFA-SE, que revocó la Resolución Directoral N° 1004-2026-OEFA/DFAI, de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de OEFA.
La Dirección había declarado responsable a Santander de no ejecutar el cierre progresivo que su Plan de Cierre de Minas preveía para 3 componentes de la unidad fiscalizable Santander, en la provincia de Huaral: el Depósito de Desmonte Magistral Sur, la Cantera Chupa y los Módulos no rehabilitados. Le había impuesto una multa total de 2 629,041 UIT, que queda sin efecto junto con la declaración de responsabilidad. El Cuadro N° 1 de la resolución trae la multa de cada componente.
El Tribunal consideró que, aplicado el eximente, carecía de objeto pronunciarse sobre los demás argumentos de Santander, entre ellos los referidos al cálculo de las multas.
3 condiciones para aplicar el eximente por deber legal
El Tribunal aplicó el eximente de responsabilidad del literal b) del numeral 1 del artículo 236-A del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS: obrar en cumplimiento de un deber legal.
Para el Tribunal, el titular minero está obligado a ejecutar las medidas de cierre aprobadas y también a procurar que esas medidas y sus cronogramas sean idóneos para un cierre ambientalmente adecuado. El titular minero puede pedir por iniciativa propia la modificación del Plan de Cierre de Minas, según el artículo 20.2 del Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-EM, en el texto vigente cuando Santander presentó su solicitud.
La falta de ejecución de las obligaciones de cierre mientras la autoridad certificadora evalúa una solicitud de modificación del Plan de Cierre de Minas no es imputable al titular minero cuando concurren 3 condiciones: que la solicitud se presentara antes del vencimiento del plazo de ejecución de las medidas de cierre, que la modificación solicitada esté vinculada con los componentes y las obligaciones imputados, y que la autoridad certificadora aprobara después la modificación.
En ese supuesto, para el Tribunal no resulta razonable exigir al titular minero que ejecute simultáneamente las medidas originalmente aprobadas, y en los plazos establecidos, mientras se evalúa la modificación de esas medidas o de su cronograma. El Tribunal ya se había pronunciado en ese sentido en las Resoluciones N° 129-2022-OEFA/TFA-SE y N° 297-2026-OEFA/TFA-SE.
Santander pidió la modificación antes de la supervisión de 2022
En julio de 2022, la versión vigente del Plan de Cierre de Minas de la unidad fiscalizable Santander era su Segunda Modificación, aprobada en 2021 por el Ministerio de Energía y Minas, autoridad certificadora del plan. Santander presentó la solicitud de aprobación de la Tercera Modificación del Plan de Cierre de Minas el 30 de abril de 2022, antes de que venciera el cronograma de cierre progresivo de los 3 componentes, antes de la supervisión de OEFA del 21 al 27 de julio de 2022 y antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador.
El Ministerio aprobó la Tercera Modificación el 31 de enero de 2023, con la Resolución Directoral N° 0004-2023/MINEM-DGAAM. La Tercera Modificación mantuvo las medidas y los diseños de cierre y cambió el cronograma de los 3 componentes imputados. El Cuadro N° 2 de la resolución trae el cronograma anterior y el nuevo de cada componente.
Con esas fechas, el Tribunal dio por cumplidas las 3 condiciones y concluyó que la falta de ejecución del cierre progresivo mientras el Ministerio evaluaba la Tercera Modificación no es imputable a Santander.
La vigencia formal del plan no bastaba para sancionar
La Dirección sancionó porque las obligaciones de la Segunda Modificación estaban formalmente vigentes en la supervisión de julio de 2022. Para el Tribunal, ese análisis no basta para atribuir responsabilidad: no evalúa qué efecto tuvieron la solicitud oportuna de modificación y su aprobación posterior sobre la exigibilidad de las obligaciones mientras el Ministerio evaluaba la solicitud.
El Tribunal precisó que su decisión no reconoce efectos retroactivos automáticos a la Tercera Modificación ni niega que la Segunda Modificación estaba vigente en la supervisión. Lo que examinó es si la falta de ejecución de las obligaciones originales, durante la evaluación de su modificación, era imputable a Santander.
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