Las empresas brasileñas implicadas en el Caso Lava Jato no solo afrontan pesquisas por el pago de sobornos para la adjudicación de obras. Sus proyectos también enfrentan indagaciones en instancias judiciales y fiscales. Son 10 casos los que vienen siendo investigados y que habrían causado un perjuicio de más de S/1.000 millones al Estado, según la contraloría.
Entre las obras indagadas más antiguas está el Interceptor Norte adjudicado a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. junto a la Compañía San Martín S.A. por Sedapal en el 2004. Esta tenía como objetivo tratar los desechos de más de 20 distritos de Lima.
El perjuicio económico sería de S/12’508.484. Por ejemplo, “la construcción de un sistema de rebose de emergencia de aguas residuales, sin haber requerido previamente la autorización, generó un gasto innecesario de S/3’252.189”, dice el reporte de la contraloría.
Otra obra del Grupo Odebrecht investigada es el tramo 1 de la línea 1 del metro de Lima. Su carpeta está en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. El proyecto fue adjudicado en el 2009 al consorcio formado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Perú, junto a Graña y Montero S.A.
Otros cuatro juzgados civiles también ven demandas relacionadas con la obra.
Hasta la fecha, el metro de Lima es el único caso documentado de pago de sobornos en el Perú. Por este ilícito hay dos detenidos y tres prófugos.
Otro caso es la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis, adjudicada a Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., la cual tiene una carpeta en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz.
Las obras investigadas del Grupo Odebrecht más recientes corresponden al gasoducto del sur peruano y la Vía Costa Verde del Callao. La primera, adjudicada en el gobierno de Ollanta Humala a Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.C. y Enagás, registra para la contraloría un presunto perjuicio económico de US$136 millones. El caso está en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima-Tercer Despacho.
El segundo proyecto –la Costa Verde Callao– recae en la misma instancia judicial, pero acá el perjuicio económico señalado es de S/741.458. La obra fue adjudicada en el 2013 por el Gobierno Regional del Callao al consorcio formado por la Constructora Odebrecht S.A. sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.
—Otras empresas—
En el Callao, no solo la obra adjudicada por Odebrecht está en la mira judicial. La avenida Néstor Gambetta (que data del 2010 cuando el actual presidente de la Comisión Lava Jato, Víctor Albrecht, era el presidente regional) fue adjudicada al consorcio de las brasileñas Constructora Queiroz Galvao S.A., sucursal del Perú, y Constructora Andrade Gutierrez S.A., sucursal Perú.
En este caso, la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, a cargo de Plinio Hermoza, formalizó este mes la denuncia por presunta colusión agravada contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno.
Los lotes 1,2 y 3 de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa es una obra de Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A. sucursal Perú junto a OTV S.A. del 2008. Esta es investigada en el Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción.
Completan la lista de obras indagadas, el hospital Antonio Lorena nivel III del Cusco a cargo de Constructora OAS Ltda. (en la fiscalía de Cusco); la rehabilitación de la carretera Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca (a cargo del Juzgado Especializado de Lima) y la carretera Tingo María-Aguaytía (en el Juzgado Civil de Lima), ambas adjudicadas a las brasileñas Camargo Correa y Queiroz Galvao en consorcio.
La contraloría registra otras tres obras de brasileñas en las que encontró perjuicio económico, pero que fueron archivadas: El proyecto Especial Río Cachi (1999), la carretera Huánuco-Tingo María-Pucallpa y la irrigación del Alto Piura.