Durante el 2015, 379 barreras burocráticas fueron denunciadas ante el Indecopi por ser ilegales o carentes de razonabilidad. Éstas representaban un costo para el sector privado de S/333,33 millones, según cálculos del Indecopi, entidad que ordenó su inaplicabilidad para las personas que denunciaron la existencia de éstas.
De este monto, el 98% corresponde a trabas burocráticas impuestas por el Ministerio de Transportes. La detección de estos requisitos y la inaplicación de los mismos implicó un ahorro de S/327,8 millones para el sector privado.
En total, durante el año pasado el Indecopi detectó –sea de oficio o de parte– 1.855 barreras burocráticas ilícitas. Ello generó un ahorro potencial de S/1.008,29 millones para el sector privado, si se tiene en cuenta los costos que genera cada barrera y el total de población que puede ser afectada por ésta.
EFECTOS PARA ¿TODOS?
José Antonio Tirado, asesor jurídico del Indecopi, explicó que una única norma –el Reglamento Nacional de Tránsito– ocasiona que sea el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la entidad que mayores costos le genere al sector privado de manera ilegal o carente de razonabilidad.
“Dentro de las barreras burocráticas impuestas por el MTC, destaca aquella que exige a las empresas de transportes contar con un patrimonio neto mínimo de 1.000 UIT, como requisito para que puedan acceder o permanecer en el mercado del servicio de transporte público regular de personas, en el ámbito nacional”, detalló el Indecopi.
“A propósito de la continuidad de la situación, el Indecopi inició el proceso –el cuál está en trámite– ante el Poder Judicial para que se declare la ilegalidad de la disposición de la norma del MTC”,indicó Tirado.
El problema que tiene el Indecopi es que cuando la barrera burocrática es declarada ilegal o carente de razonabilidad a partir de una denuncia, ésta se vuelve inaplicable solo para la persona que la denunció.
Son pocos los casos en que dejan de tener efectos para todos. Cuando Indecopi declara que una requisito es ilegal o carente de razonabilidad a partir de una investigación iniciada por iniciativa propia, podrá eliminar la barrera siempre que ésta tenga un rango menor al de una resolución ministerial.
En caso la norma tenga rango de resolución ministerial, el Indecopi puede acudir al Poder Judicial para que no se aplique más (lo que viene sucediendo con el Reglamento Nacional de Transporte).
Por último, recientemente se ha permitido que la decisión del Indecopi tenga efectos generales sin importar el rango de la norma, siempre que la resolución de esta autoridad sea publicada en el diario oficial El Peruano.
“En la página web del Indecopi ya hay resoluciones que han sido publicadas, sobre todo son ordenanzas municipales”, indicó Delia Farje, secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi.
MENOS BARRERAS
Mario Zúñiga, director de la asociación Contribuyentes por Respeto, opina que una sanción efectiva por parte de Indecopi sobre la entidad que aplica una barrera burocrática sería una forma eficiente para disminuir las barreras burocráticas ilícitas.
Además, considera que sería útil permitir que cualquier persona interesada pueda denunciar una barrera burocrática, y no solo quién esté siendo directamente afectado por ésta, pues a veces la posibilidad de represalias disuade al denunciante.
Por su parte, Ivo Gagliuffi, socio de Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados, recordó que también existen mecanismos preventivos –a diferencia de lo que pasa con el Indecopi– para evitar las trabas burocráticas. Colocó como ejemplo el análisis de impacto regulatorio.
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