Sentencia sanciona a universidad pública por competencia desleal. Abogados coinciden en la necesidad de reducir la cantidad de empresas estatales.
Si bien el Estado ha reducido significativamente su actividad empresarial en diversos sectores económicos, su participación subsiste y genera preocupación en varios bufetes de abogados, sobre todo porque genera casos de competencia desleal como uno que ha sido recientemente sancionado por Indecopi.
El tribunal de esta agencia reconoció que la Universidad Nacional del Altiplano (Puno) había montado una pollería que estaba perjudicando el negocio de los otros restaurantes de pollos del lugar.
Si bien ya hubo antes un caso similar (un hospital estatal que usaba recursos públicos para brindar servicios privados más baratos que las clínicas), el de la pollería es considerado como un hito que marca un precedente que permitirá aplicar este mismo tipo de sanción a empresas como Enapu o Petro-Perú.
Los fondos de las universidades, explica Milton Von Hesse, director de la maestría en Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, deberían usarse para dar una educación de calidad y para actividades o servicios que sean parte de la formación del alumnado y permiten mejorar la vida de la comunidad, pero no para desarrollar negocios que puede atender el sector privado.
ROL DEL ESTADO
“La actividad empresarial del Estado suele arrojar pérdidas [del dinero de los contribuyentes] y, dependiendo de las circunstancias, puede generar, además, graves perjuicios al mercado”, recalcó Enrique Cavero, del estudio Hernández & Cía. Abogados, quien considera que el subsidio es más eficiente cuando es entregado como aporte monetario a las empresas de un sector donde no hay suficientes incentivos para invertir y no creando empresas estatales.
“El Estado solo debe entrar en el ámbito empresarial cuando los privados no estén en condiciones de atenderlo. Si no es así, puede generar una competencia desleal, porque el privado no puede competir con alguien que trabaja por debajo del costo, atendiendo a una racionalidad política”, añade José Antonio Olaechea, socio gerente del Estudio Olaechea.
Y es justamente atendiendo a ese principio de subsidiariedad –expresado en la Constitución– que, según Alfredo Bullard, socio del Estudio Bullard, Falla & Escurra, lo más conveniente es entregar la gestión de un servicio estatal a un privado para que lo maneje de forma más eficiente. “No hay que confundir la gestión con el financiamiento. Incluso donde es necesario un apoyo, es mejor subsidiar al sector privado que crear empresas estatales subsidiadas”, opinó.
SEPA MÁS
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) de Indecopi se encarga de reprimir todo acto o conducta de competencia desleal que afecte el proceso competitivo.
En el Congreso existe el proyecto de ley 4630 que pretende retomar la sanción penal (2 a 6 años de cárcel) para quien compita en forma desleal o abuse de su posición de domino.
LAS CIFRAS
255
Denuncias nuevas de competencia desleal se registraron el año pasado en Indecopi. Se resolvieron 288 en total. El 69,8% corresponde a las declaradas fundadas.
136
Empresas estatales hay en el país. Al menos 97 dependen de gobiernos locales y 36 de Fonafe. Además, fuera de Fonafe están Petro-Perú, Silsa y Esvicsac.