Eran dos vendedores ambulantes que decidieron enfrentarse a todo un municipio. Sin dinero, oficinas, ni abogados gritaron ‘justicia’ ante procuradores, apelaciones y olvidos. Diez años después, los escucharon.
Fred Venancio Portilla es un testigo que se convirtió en protagonista. El 5 de enero del 2005 vio cómo su hijo Christian huía de los policías municipales de San Isidro, cómo lo atraparon, lo asfixiaron y cómo cayó para no volver a levantarse. “Lo cogotearon y desnucaron”, dice. Vio todo lo que un padre no quisiera ver.
Para el Poder Judicial, la Municipalidad de San Isidro, en su condición de empleador, tiene responsabilidad en este hecho y deberá pagar 571 mil soles a los padres de la víctima.
Los hechos
Faltaban 11 días para que Christian Venancio Huapaya cumpliera 20 años y menos de una hora para que vuelva a su casa de El Agustino. A él y a su padre los separaban unos metros, mientras vendían jabones y secadores entre las avenidas Las Flores y Javier Prado.
Alrededor de las 5:00 p.m. aparecieron agentes de la entonces llamada policía municipal y comenzó un operativo de desalojo de ambulantes.
Los trabajadores informales empezaron a correr. Fred y su hijo se distanciaban cada vez más. Christian huyó hacia el paradero, intentó subir a una combi. Pero no lo logró.
Lo cogieron del cabello y no le dieron oportunidad de escapar. “Lo encerraron como si fuera un pajarito. Lo ahorcaron, lo soltaron, se agachó, quiso coger una piedra, no pudo levantarse y se desplomó”, cuenta su hermana Gina.
Por eso, Fred Venancio decidió buscar justicia. No denunció solo a un policía municipal o a un alcalde (en ese entonces, Jorge Salmón). Denunció al Municipio de San Isidro. “Era como David y Goliat. Fíjate con quién nos metíamos. El municipio tenía procuradores y apelaban nuestras sentencias… Pero, ahora, mi hijo ya puede descansar en paz”, dice.
Y es que diez años después, el Poder Judicial le da la razón. Fred y Teresa, padres de Christian, aún no tienen dinero, oficina, ni abogados. Trabajan en un quiosco en Córpac (San Isidro), ganan alrededor de 50 soles diarios y están decididos a pagar los honorarios de los abogados que los apoyaron. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Municipalidad de San Isidro el pago de una reparación civil de 571 mil soles a su favor.
El PJ detalla que la Sala Penal a cargo del caso impuso –en su momento– a los autores del delito 6 años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, Venancio precisa que el principal responsable, Luis Cabanillas Reátegui, se acogió a un beneficio penitenciario con el que pudo salir de la cárcel al cumplir dos años de prisión.
Eso ocurrió entre el 2005 y 2006, cuando también el municipio les entregó un quiosco en la Av. Canaval y Moreyra, en San Isidro. Aquel negocio les permite solventar los gastos de toda la familia que, en su mayoría, se dedica al comercio ambulatorio. Esto es lo poco que recibieron en 10 años.
Fuentes del municipio de San Isidro indicaron que pagarán la multa establecida por la Corte Suprema. Este caso aparece tres días después de que se denunciara el ataque a un motociclista por parte de agentes de fiscalización. La comuna informó que ha despedido a 6 miembros y la medida podría alcanzar a más trabajadores.
El decano de Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti, precisa que el abuso de autoridad tiene una pena de hasta dos años.
“El sereno está para poner orden, no para actuar abusivamente. Se le puede denunciar ante la policía”, concluye.
Casos de abuso de autoridad
En abril de este año, el mototaxista Marco Antonio Donayre murió tras recibir una golpiza que le propinaron serenos de San Martín de Porres cuando intentaba defender a un reciclador de la zona que era agredido durante una intervención.
El último jueves, serenos del municipio de Ate dejaron heridos a cuatro comerciantes y a un comensal con el rostro desfigurado. Los vendedores informales se resistieron al violento desalojo en las inmediaciones del mercado de Ceres. El alcalde Oscar Benavides justificó el accionar de los agentes. “El mercado de Ceres antes era tierra de nadie. Les pedimos una y otra vez que salgan. Con palabritas no se ordena la ciudad”, argumentó.
San Isidro reestructura su área de Fiscalización ante abusos
En un plazo de 20 días la Municipalidad de San Isidro tendrá un proceso de reestructuración integral de su área de Fiscalización para optimizar sus competencias, seguridad y niveles de operatividad.
Entre sus principales acciones está reforzar el cruce de información con la base de datos de la Policía Nacional para verificar si los actuales miembros de dicha área, así como los futuros postulantes, tienen antecedentes penales.
La medida también contempla el mejoramiento del protocolo de intervenciones con el apoyo de la PNP, procediendo a reforzar el actual sistema de evaluaciones físicas y psicológicas del personal contratado.
La Defensoría del Pueblo recomendó a este municipio aprobar un protocolo en caso de intervención y fiscalización, a fin de que se proteja los derechos fundamentales de todas las personas intervenidas.