Corte suprema ordena que el banco devuelva s/.8 millones a la operadora. Banco recurrirá al TC. Dice que jueces de Ica obstaculizan la cobranza coactiva.
La Corte Suprema le dio la razón a Telefónica del Perú en el proceso abierto contra Scotiabank, debido al cobro de multas que le aplicaron las municipalidades de San Andrés y Subtanjalla (Ica).
La sentencia sobre el caso implicará que el banco devuelva S/.8 millones a la operadora de telecomunicaciones, indicó Domingo Rivarola, abogado del estudio Payet, Rey, Cauvi, quien defiende a la entidad bancaria.
No obstante, refirió que Scotiabank interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y se reserva el derecho de abrir procesos por responsabilidades funcionales a los magistrados que dieron la sentencia.
“La alta dirección del banco está evaluando las acciones a tomar”, dijo.
COBRADORES
Este proceso data del 2003, cuando los mencionados municipios multaron a Telefónica por instalar fibra óptica sin los permisos correspondientes. La multa ascendió a unos S/.8 millones.
La compañía reclamó, pero los cobradores coactivos municipales ejecutaron la deuda en las oficinas del Scotiabank en Ica.
En el sistema de cobranza coactiva, tanto público como privado, los ejecutores pueden hacer efectivas las acciones contra los deudores, siempre y cuando estén inscritos ante las entidades del sistema financiero y bancario, Policía Nacional y oficinas registrales donde actúan, según lo establece las normas que regulan esta actividad.
Para Telefónica, la cobranza se realizó de manera irregular. Según argumentaron voceros de la operadora, el banco entregó el monto adeudado a los ejecutores coactivos no registrados, con una rapidez inusitada para este tipo de procedimientos (cinco horas) y fuera del horario de oficina.
“Scotiabank dispuso de los fondos de Telefónica sin observar el correcto procedimiento en su calidad de tercero retenedor, a pesar de tener pleno conocimiento de que la ejecución forzosa de la cobranza coactiva que se nos hacía estaba suspendida, afirmó Julia María Morales, secretaria general de Telefónica del Perú.
Tal argumento es rechazado por Scotiabank. “Ellos se negaron a pagar y no interpusieron una medida cautelar (medida usual de protección contra estas acciones) para evitar el cobro, por lo que el ejecutor coactivo que representaba a ambas municipalidades realizó el embargo”, sostuvo Rivarola.
PRECEDENTE
Para Scotiabank, se ha sentado un precedente que afectaría a cualquier entidad que use cobranzas coactivas para recuperar deudas. “La sentencia interpreta la ley y obliga ahora a que los ejecutores coactivos estén inscritos en todas las sucursales bancarias y comisarías del país”, comentó.
La operadora rechaza tal afirmación. “En este proceso no se discute que la acreditación sea en el ámbito nacional. Solo que los ejecutores a quienes el banco entregó indebidamente el dinero de Telefónica no estaban acreditados ante las autoridades de la jurisdicción de Ica”, señalaron.
Scotiabank afirma que Telefónica también ha planteado un embargo por S/.2 millones contra las municipalidades que la multaron.
Telefónica ha negado que pretenda cobrar a las municipalidades.
Enrique Arroyo, gerente general de la Asociación de Bancos, afirmó que la pretensión de Telefónica es inaceptable.