El contralor de la República, Fuad Khoury, informó que los gobiernos locales, los ministerios y las universidades estatales concentran a la mayor parte de los 10,659 funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, detectados en las acciones de control entre 2009 y julio de 2011.
De esa cantidad detalló que 4,039 pertenecen a gobiernos locales (38 %), 2,091 son de ministerios (20 %), 1,665 de universidades (16 %), 1,629 de empresas del Estado (15 %), 830 de gobiernos regionales (8 %), 250 de sociedades de beneficencia (2 %), y 155 de organismos autónomos (1 %).
Al hacer un balance de la labor desplegada en 2011 sostuvo que de esa cifra 8,222 funcionarios están involucrados en infracciones de tipo administrativo; mientras que 1,438 habrían incurrido en ilícitos penales y 929 en faltas de carácter civil.
Refirió que todos esos funcionarios se encuentran incluidos en los 733 informes de control elaborados por la Contraloría, de los cuales 300 son de control posterior (derivado de una denuncia o indicador de corrupción), 379 son de control concurrente (veedurías o auditorías preventivas) y 102 son de informes previos adicionales.
En declaraciones a la Agencia Andina dijo que los principales ilícitos penales detectados son: peculado, asociación incompatible, cohecho, malversación de fondos, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
La relación de 10,659 casos de funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción fue remitida a la comisión especial parlamentaria que investiga la gestión del gobierno pasado, que citó al contralor para que brinde mayores detalles al respecto.
Fuad Khoury también señaló que, gracias a un convenio con el Ministerio Público, la Contraloría enviará en breve a la Fiscalía un grupo aproximado de 15 casos emblemáticos para acelerar su investigación y elevarlos al Poder Judicial a fin de dictar sanción.
Por otro lado evaluó de manera positiva la labor efectuada por la Contraloría durante 2011, porque se cumplió con el 94 por ciento de las acciones de control programadas en el plan de trabajo anual.
“También logramos la descentralización, completada en 2011 con el establecimiento de cuatro macrorregiones operativas, las cuales han sido fortalecidas con más de 350 personas adicionales, distribuidas en Chiclayo, Arequipa, Huancayo y Lima”, declaró.
Indicó que desde el punto de vista operativo, la Contraloría aumentó de 1,200 a 1,800 las personas que laboran en ese organismo, lo que representa 50 por ciento más de potencial humano desde mayo de 2009.
Por último mencionó que la estrategia de lucha contra la corrupción tiene siete ejes: liderazgo, legislación, gestión pública eficiente, sector privado decidido, comunicación y transparencia, educación y valores, y medición.
vía Mayoría de casos de presunta corrupción se detectó en municipios y ministerios.