Gonzalo Anzola, director de la ACCEP, explicó a Gestión.pe que la normativa actual hace imposible – ya que toma hasta cuatro años – desalojar a un moroso. Proponen dos mecanismos. Aquí los detalles.
La problemática de los inquilinos morosos también afecta a loscentros comerciales , especialmente desde que empezó su expansión en provincias hace tres años, trayendo como consecuencia perjuicios económicos y desincentivos para arribar a más ciudades del interior del país.
Gonzalo Anzola, director de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), explicó a Gestión.pe que la normativa vigente dificulta el desalojo de aquellos comerciantes que incumplen los contratos suscritos con los malls ya que toma hasta cuatro años lograr la restitución del local comercial.
«Dentro de los mecanismos actuales con las que contamos para hacer efectivo el desalojo de los locales comerciales se ubica los que estipula el Código de Procedimientos Civiles , que especifica el desalojo por ocupación precaria», explicó.
Este un procedimiento sumarísimo, que en teoría toma cinco meses para lograr la posesión del local y alquilarlo a otro arrendatario. Sin embargo, en la práctica – refirió Anzola – este plazo se amplía a cuatro años y tres meses. «Tener un local comercial ocupado precariamente durante tanto tiempo, significa un perjuicio económico para cualquiera», detalló.
Ante esta situación, el gremio plantea dos mecanismos para reducir el plazo que toma el desalojo efectivo de un inquilino moroso, por dos causales específicas. En concreto, en casos de vencimiento del contrato y no devolución del local comercial y ante la falta de pago por una determinada cantidad de meses .
El primera propuesta, detalló el empresario, es la toma deposesión directa por parte del propietario . «Lo que quiere decir que una vez vencido el contrato de arrendamiento o la falta de pago por una determinada cantidad de meses, el mall notificaría notarialmente al inquilino para comunicarle que se ha verificado estas causales, por lo debería devolver el local en 48 horas «, indicó.
Así, en 48 horas – precisó Anzola – el representante del centro comercial conjuntamente con el notario se apersonarían al local y si no hay ninguna oposición, se haría un inventarios de los bienes del local alquilado, se nombraría a un administrador y se dispondría de un almacén en la que se guarden esos bienes.
«El administrador se encargaría de administrar los bienes retirados de la tienda con lo cual el propietario recuperaría el control de su local y eventualmente lo podría volver arrendar», remarcó. En caso de que el inquilino no esté de acuerdo con esta medida, esta propuesta estipula también la posibilidad de efectuar un reclamo a nivel judicial.
«Si a nivel judicial lo declaran procedente; el administrador paga la indemnización correspondiente y el inquilino recuperaría la posesión del local, pero mientras ocurre la resolución del reclamo, el local seguiría funcionando bajo la titularidad del propietario», afirmó.
El segundo planteamiento de los malls está referido a establecerun proceso especial para recuperar el local comercial , que sí requeriría de una intervención judicial, que se haría no a nivel de primera instancia del Poder Judicial, sino básicamente a través de los jueces de paz letrados a nivel nacional.
«Este proceso consistiría en una demanda de restitución de inmueble, a la que se le podría acumular la pretensión de pago de las rentas correspondientes, es decir, funcionaría también para esos dos supuestos, que son el vencimiento de contrato y falta de pago de la renta», apuntó el director de la ACCEP.
En este proceso especial, agregó, no sería admisible el tramite previo de conciliación extrajudicial, que es algo muy común en un proceso judicial, y se tramitaría ante un juez de paz letrado. «Este segundo planteamiento haría que en un plazo de 3 a 5 días útiles se revise el expediente y se emita una sentencia que dispondría la restitución del inmueble con la ayuda de la fuerza pública para que se ejecute la sentencia», informó.
Ambas propuestas aun no han sido presentadas ante la autoridad correspondiente, no obstante la meta del gremio es poderlas presentar como una alternativa para enfrentar la problemática de los inquilinos morosos . «Si creemos que es necesario que se regule este tema. Incluso, para el caso de arrendamiento en casas comerciales debería existir una normativa especifica y especial para este tipo de casos», puntualizó.
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Javier Piqué, como se recuerda se mostró a favor – hace dos semanas – de modificar la ley de alquileres y de trabajar junto al Congreso en un nuevo marco normativo.
«Nosotros en algún momento comentamos que es necesario modificarse la legislación de alquileres. Específicamente no estamos trabajando al detalle hasta que salga a la luz el programa Renta Joven», explicó Piqué.
«Ahora hay iniciativas en el Congreso en ese sentido (para modificar la actual ley de alquileres). Nosotros preferiríamos juntar una sola iniciativa (la propuesta normativa) dado que sería mejor juntar esfuerzo y apoyar en ese sentido», remarcó el titular del Vivienda.