Impacto. Tras la recepción de comentarios al anteproyecto del congresista Del Castillo, los gremios empresariales se manifestaron en contra. Mientras que Naciones Unidas y Osiptel saludaron la medida.
El periodo para la recepción de comentarios al anteproyecto para regular las fusiones y adquisiciones empresariales, promovido por el congresista Jorge del Castillo, y que logró importancia luego de las fusiones en el sector farmacéutico, culminó el último 14 de febrero.
La República tuvo acceso a los comentarios y precisiones de distintos órganos técnicos nacionales e internacionales, así como de gremios empresariales con tendencias claramente divididas respecto a la necesidad de una ley para vigilar la competencia de los mercados en el Perú.
Los que están en contra
Por ejemplo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) asegura que una regulación ante las fusiones y adquisiciones empresariales » resultaría una traba burocrática a la inversión y al desarrollo de nuestras industrias» y que la aprobación de esta iniciativa «traería consigo impactos negativos para los sectores económicos ya que aumentaría las trabas a las inversiones y reduciría la eficiencia de nuestros mercados». Consideraron pertinente control expost, es decir, que tras las operaciones se dicten sanciones por las prácticas anticompetitivas.
Posición similar a la de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privada (Confiep) que no solo consideran en que se trata de una barrera burocrática, sino que incluso es anticonstitucional, puesto que el presidente de Indecopi, Ivo Gagliuffi, reveló que, de implementarse, necesitarían un aumento en el presupuesto de S/ 5 millones para crear una división especializada.
Para la Confiep, esto supone una capacidad de gasto atribuida al Congreso de la República para la cual no tiene facultades, según la Constitución. Aun así, Confiep hizo comentarios puntuales en los artículos del proyecto según sus perspectivas.
De igual forma, la Sociedad Nacional de Industrias presentó una opinión negativa a la iniciativa y pidió no aprobarla.
«(Este proyecto) deterioraría la competitividad del país y perjudicaría el bienestar de los consumidores, por lo que solicitamos respetuosamente no aprobar esta iniciativa», se lee en el documento.
Los que sí están a favor
Del otro lado de la vereda se encuentran los órganos técnicos nacionales e internacionales que no solo están de acuerdo sino que también hicieron precisiones para que la iniciativa sea eficiente al momento de su implementación en la vigilancia de la competencia en los mercados.
Por ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) consideró que el encargado de establecer los umbrales (límites de participación del mercado según monto de la operación financiera) no debe ser el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino el Indecopi.
Consideraron que si esta iniciativa está en manos del Gobierno de turno puede estar sujeta a decisiones políticas.
El Organismo Supervisor de las Telecomunicaciones (Osiptel) no solo se pronunció a favor de la medida sino también se consideró el ente encargado para regular su sector teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico es un espacio limitado.
Diez Canseco Abogados, estudio jurídico especializado en temas de libre competencia, también saludó la medida y explicó que cuando se establezcan aprobaciones de fusiones con condiciones, estas condiciones se deben revisar periódicamente con la finalidad de levantarlas en algún momento según las condiciones del mercado.
Indecopi y Defensoría a favor
– Durante la última sesión de la comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, Indecopi y la Defensoría del Pueblo resaltaron la urgencia de aprobar una medida de control expost.
– Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, destacó que la institución que dirige ha emitido opinión a todas las iniciativas presentadas por los congresistas Jorge del Castillo, Marco Arana y Yonhy Lescano. Además dijo que resulta importante una ley de este tipo en el marco de la postulación de Perú para ingresar a la OCDE.
– La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) consideró que la implementación de esta ley, una vez aprobada, puede reducirse. El anteproyecto contempla un periodo de un año para implementarla mientras que la UNCTAD sugiere que sean seis meses.
UNCTAD: “Es uno de los principales pilares de un régimen de defensa de la competencia. El anteproyecto se ajusta al estándar internacional”.
Confiep: “El proyecto de ley no analiza que la concentración de empresas puede tener un efecto favorable en la competencia y la sociedad”.