Las últimas semanas han sido escenario de diversas revelaciones sobre las actividades de la empresa brasileña Odebrecht en el Perú que van desde los US$29 millones que han admitido haber pagado en sobornos entre el 2005 y 2014, hasta las obras que están siendo investigadas por la fiscalía. Ayer, el contralor Edgar Alarcón aportó más datos para delinear el impacto de los perjuicios causados por la constructora.
La Contraloría General de la República determinó que, en el período comprendido entre 1998 y el 2015, Odebrecht habría causado al Perú un perjuicio económico de US$283 millones.
Alarcón indicó que de los 23 proyectos que la constructora ejecutó en ese lapso, por un monto de US$16.940 millones, su institución efectuó labores de control y emitió informes en 16 de ellos. El costo de este grupo de obras fue de US$11.271 millones.
Aunque dijo que la fiscalía y el Poder Judicial ya recibieron esos informes en el transcurso de los años, Alarcón reclamó que estos aún no se hayan resuelto. “Nosotros no vemos si hay coima o no, vemos la ejecución de los contratos”, explicó.
En opinión de Fuad Khoury, quien se desempeñó como contralor por 7 años hasta el 2016, la corrupción “no tiene sanción en el Perú” porque “los juicios terminan con penas suspendidas o duran tanto que ya pierden valor en el tiempo”. Reclamó que no se hayan creado juzgados anticorrupción, tal como la Contraloría General de la República ha sugerido desde su gestión.
—Caso IIRSA—
Alarcón también se refirió a presuntas irregularidades identificadas en la ejecución de las carreteras IIRSA Norte, Centro y Sur (que comprende el Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil). Sobre estas, dijo que la contraloría detectó un incremento en los costos de 93% sobre la inversión inicialmente estimada. En el caso de IIRSA Sur, por ejemplo, el monto se duplicó: pasó de US$1.184 millones a US$2.346 millones.
Además, el contralor recordó que, pese a que su institución advirtió en el 2005 a Pro Inversión que Odebrecht no podía hacerse de la buena pro de los tramos 2, 3 y 4 de IIRSA Sur por tener un proceso judicial abierto, en enero del 2006 se promulgó la Ley 28670, que permitió que la firma brasileña ejecute las obras. La norma aprobada por el Congreso lleva las firmas del ex presidente Alejandro Toledo y del ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski.
Si bien la fiscalía ha incluido al mandatario en la reapertura de su investigación sobre este caso, Alarcón señaló que su evaluación no alcanza a ambos y que deberán ser el Ministerio Público y el Congreso los que determinen posibles responsabilidades penales o políticas, respectivamente.
Al igual que la comisión del Congreso que investiga el Caso Lava Jato, la contraloría también revisará las obras que ejecutó Odebrecht durante el gobierno del condenado ex presidente Alberto Fujimori. “[Veremos] qué proyectos son, qué hizo la contraloría y en qué estado están a nivel del Poder Judicial”, dijo Alarcón. La próxima semana se informará sobre estas indagaciones internas.