Las farmacias de Lima que funcionan dentro de clínicas venden medicamentos hasta en un 200 por ciento más del precio normal, según comprobaron representantes de la intendencia de la Sunasa y de Digemid en diferentes operativos realizados en la capital.
La supervisión estuvo a cargo de inspectores de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, y de la Intendencia de Prestadores de Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa).
Wilfredo Solís, intendente de la Sunasa, señaló que si bien los operativos se efectuaron esta vez en clínicas privadas, la siguiente semana acudirán a las farmacias de los hospitales públicos, «ya que este no es un problema solo del sector privado».
Manifestó que en la sobrevaloración de precios se encuentran medicamentos antihipertensivos, antibióticos, entre otros, que son utilizados por pacientes asegurados en las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).
El funcionario de la Sunasa indicó que para afrontar este problema, el 5 de diciembre último se conformó un equipo de trabajo integrado por Sunasa, la Asociación de Clínicas Privadas y la Asociación de EPS.
En un plazo de 60 días, dicho grupo se encargará de encontrar una solución integral al acceso a medicamentos, así como de promover una campaña sobre el derecho a la información para los asegurados, y organizar sistemas de quejas y reclamos en dichos establecimientos.
Por ello, con el propósito de realizar un análisis objetivo y técnico, la Sunasa organizará un taller de discusión con la participación de personal de Indecopi, Digemid, EsSalud, entre otras entidades.
«La sobrevaloración de los medicamentos afecta los derechos de los asegurados por acceder a un precio justo y razonable», añadió la Sunasa.
Asimismo, incrementa sus gastos y afecta al acceso y la transparencia de la información sobre los costos de los medicamentos, lo que limita la capacidad y el derecho a elegir, principio fundamental en toda economía de libre mercado, agrega.
La Sunasa es un organismo público, de carácter técnico-especializado, adscrito al Ministerio de Salud. Está facultado para regular, autorizar, registrar y supervisar el funcionamiento de las instituciones de salud, sean públicas o privadas, que ofrezcan seguros de salud o atención en el marco del Aseguramiento Universal en Salud.
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