En diciembre del 2018, dos años después de que un incendio destruyera sus viviendas, 238 familias de la comunidad shipibo-konibo deberán retornar a la zona de Cantagallo, en el Rímac, para vivir en un nuevo complejo habitacional.
Inicialmente, la reubicación de los shipibos a un espacio en mejores condiciones era responsabilidad de la Municipalidad de Lima, pero ahora la construcción del mismo estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicha cartera asumió en diciembre pasado el proyecto ante la falta de coordinación y acción de la comuna tras el incendio del 4 de noviembre del 2016.
Según Vivienda, en el espacio ubicado frente a la Alameda Acho se ha debido iniciar las labores de limpieza y remoción de escombros, las cuales culminarán a fines de enero del 2018 para dar paso a la construcción del complejo. No obstante, los vecinos de la zona comentan que hace tres semanas no hay movimiento.
Los detalles
En este lugar, antes ocupado por la comunidad, quedaron acumulados 300 mil metros cúbicos de desechos, razón por la que muchos cuestionaron su habitabilidad. «No es un relleno sanitario. Para serlo debería declararse como tal. Se van a retirar los desechos y se dejará el terreno original, que es el óptimo para poder construir por dos términos: salubridad y resistencia del terreno», responde el arquitecto Armando Aliaga, representante de Vivienda.
En dos meses, cuando culmine esta etapa, se comenzará a levantar el Conjunto Habitacional «Comunidad Buen Vivir-Jakonax Jati Jema», que incluirá la habilitación de 238 lotes de vivienda, servicios básicos (agua, desagüe y electrificación), estacionamientos y áreas para actividades colectivas (ver infografía).
El proyecto también considera un espacio de 391 metros cuadrados destinado a educación, donde deberá reasentarse el colegio intercultural bilingüe que funcionaba en Cantagallo y que, de manera temporal, se ha trasladado a la cuadra 3 del jirón Virú, en el Rímac. Su construcción será responsabilidad del Ministerio de Educación (Minedu). A su lado habrá una losa deportiva que podrá ser utilizada para actividades comunales.
Difícil consenso
Ricardo Franco, presidente de la Asociación de Vivienda Shipibo en Lima (AVSHIL), una de las tres que agrupan a la comunidad, señaló que existe consenso para este proyecto. «Cada familia tiene un documento de garantía por el que se da dos años para construir las viviendas. Se dice que en un año debería estar todo listo, pero depende del avance», señala el dirigente.
El ministerio de Vivienda detalla que demoró dos meses que las asociaciones acepten el diseño del proyecto. «Hicimos la consulta al Ministerio de Cultura y nos señaló que sería bueno tener la aprobación de todos. Hicimos reuniones con traductores en el lugar».
Según el arquitecto Aliaga, el diseño de esta habilitación urbana ha considerado la tipología de Ucayali. Habrá un parque central, viviendas con espacios altos que, incluso, podrán tener patios posteriores (que servirían como taller de artesanías), así como una feria al ingreso del complejo.
Estado actual
Durante una visita realizada ayer, este diario verificó que la zona está cercada y la maquinaria detenida. Los vecinos señalaron que desde hace tres semanas no se realizan labores de remoción de escombros. «Después del retiro de la comunidad (para que inicien las obras en la zona), hubo pequeños trabajos, pero luego se detuvieron», manifestaron.
Por su parte, el sector Vivienda asegura que la municipalidad de Lima les solicitó un permiso para autorizar el traslado vía camiones del desmonte del lugar. «Eso ya está solucionado. Mañana (hoy) los trabajos continuarán con normalidad. No hay paralización de trabajos», se pronunció.
No obstante, Mar Pérez, responsable de Derechos Económicos y Sociales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien viene monitoreando el proceso, también señaló que las maquinarias están detenidas hace semanas y existe demoras en la aplicación del cronograma pactado con Vivienda.
Otro problema también sería el pago del bono de 500 soles, a cargo de la Municipalidad de Lima, para que las familias alquilen una vivienda hasta que acaben las obras. «Solo un pequeño grupo ha recibido el subsidio. Algunos se han trasladado a zonas adyacentes al proyecto. Hay hacinamiento total. No se cumple con estándares internacionales en materia de poblaciones indígenas», dice.
Techo propio
Las 238 familias shipibo-konibo (1.226 personas) recibirán un lote de 50 metros cuadrados, el cual pasará por un proceso de formalización a cargo de Cofopri. Luego podrán postular al programa Techo Propio para obtener un bono familiar habitacional y construir su vivienda. Del total de beneficiarios, 237 cumplen con los requisitos para solicitarlo.
El Ministerio de Vivienda estima que en agosto del 2018 estará lista la habilitación urbana y que para las fiestas navideñas de ese año los integrantes de la comunidad ya podrán ocupar sus nuevas casas. Su construcción será rápida, dicen. Queda pendiente la tan esperada reubicación.
Diferencias
A diferencia de Río Verde, este proyecto no considera viviendas multifamiliares (edificios), sino casas.
La comunidad dejó Cantagallo recién en octubre por supuestos incumplimientos de Lima.
Una comunidad que espera más de 16 años
Desde la selva. Estas familias, que llegaron desde Ucayali en la década de 1990 al 2000, constituyen la primera comunidad nativa urbana en el Perú, según la Defensoría del Pueblo. En el 2001 recibieron constancias de posesión en Cantagallo.
Río verde. En febrero del 2013 el municipio de Lima y Lamsac firman una adenda al contrato, con lo que se creaba un fideicomiso para realizar el proyecto Río Verde, el cual consideraba la reubicación de la comunidad. En mayo se inicia el proceso de reubicación para más de 220 familias shipibo-konibo.
Espacio. Durante la gestión de Susana Villarán, Lima compra un terreno en Campoy para construir un complejo habitacional.
Cambios. En marzo del 2015, el alcalde Luis Castañeda decide que el presupuesto de Río Verde se utilice en la construcción de un bypass.
Desastre. En noviembre del 2016, un incendio destruye más de 500 viviendas. Ese mes, Castañeda dijo que Campoy no era un espacio viable para la reubicación. Luego se conoció que en marzo del 2015 el alcalde aprobó vender ese terreno.