El Contralor General, Fuad Khoury, planteó simplificar la ley que regula los “lobbys” para que aquellas personas que gestionan intereses particulares ante la administración pública se formalicen y ejerzan su actividad de manera transparente.
Indicó que la Ley 28024 que regula esta actividad, no está dando los resultados esperados porque es muy compleja y establece demasiados requisitos para el registro, renovación y ejercicio de los gestores profesionales, lo que genera altos costos de operación.
«Esta situación habría ocasionado que solo tengamos seis gestores profesionales registrados a nivel nacional en once años de vigencia de la ley», indicó en el seminario “Ley de lobby: principales desafíos en su implementación” organizado por la Contraloría.
Actualmente, explicó, estos procedimientos se realizan ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), cuando existen otras opciones más eficientes y transparentes como son los portales de transparencia.
Consideró también que se deben diseñar mecanismos que incentiven a las empresas, gremios y otros a contratar a los gestores profesionales debidamente registrados, aprovechando que ahora existe una mayor conciencia de la necesidad de mantener una buena reputación.
En forma paralela, dijo, se deben realizar campañas de sensibilización e información para reivindicar el valor del «lobby» como instrumento legítimo y, hasta necesario, para la toma de decisiones en el sector público.
Explicó que el «lobby» adecuadamente ejercidos, pueden resultar beneficiosos para los intereses públicos porque permiten aportar información, experiencia y tecnicismo que requieren los tomadores de decisiones para actuar con ponderación y prudencia.
No obstante, Khoury Zarzar consideró que la norma debe definir claramente los actos de gestión de interés y sus límites con otros tipos de gestiones que se realizan ante la administración pública.
A pesar de la rigurosidad de la norma, dijo, existen vacíos que no permiten discernir entre la gestión de intereses y otras formas de interacción con la administración pública. Por ejemplo, no hay forma de diferenciar la labor de asesoría legal que llevan a cabo los estudios de abogados ante las entidades públicas de la gestión de intereses.
Redes sociales
El Contralor consideró también que las nuevas tecnologías y tendencias –como la redes sociales, los bloggers y en general el uso de los medios digitales- están generado nuevas formas de ejercer presión o de promoción de los intereses de los grupos privados ante la administración pública.
«Esta nueva forma de hacer lobby hace uso del colectivo social, con la doble intención de tener una mayor capacidad de presión y aparentar que se trata de un mecanismo “más limpio” o “menos cuestionable” de generar influencia», afirmó.
vía Contraloría plantea simplificar normas para que «lobbys» se formalicen.