La Contraloría de la República ha advertido presuntas irregularidades en la licitación de los cinco corredores complementarios, realizada durante la gestión de Susana Villarán. Según el vicecontralor Edgar Alarcón, la administración pasada omitió una serie de requisitos, que podrían ser causales de la «nulidad de los contratos otorgados».
En Canal N, Alarcón dijo que «está en riesgo la concesión de las cinco redes viales». Incluso enumeró las «inconsistencias» que harían tambalear la reforma dispuesta por la anterior gestión de la Municipalidad de Lima.
Estas declaraciones fueron compartidas por la teniente alcalde de Lima, Patricia Juárez, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que el vicecontralor ha corroborado lo que venían diciendo: «No existe ninguna reforma. ¡Corregiremos errores técnicamente!»
Pero ¿cuáles son estas supuestas inconsistencias?
Según el vicecontralor, la gestión de Villarán no entregó el plan de promoción de la inversión privada, el cual debió ser aprobado por el concejo metropolitano. Tampoco envió el diseño final del contrato de concesión con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
DEFIENDE LA LICITACIÓN
Gustavo Guerra García, ex presidente de Pro Transporte, indicó a El Comercio que el referido plan de promoción se aprobó a través de la ordenanza que delega a la entidad municipal ejecutar los corredores complementarios y que ese informe «nunca fue solicitado» por el máximo órgano de control.
«La única notificación que recibimos de la Contraloría fue cuando el MEF sacó el informe en que no nos da la opinión favorable pero tampoco desfavorable [por la entrega fuera de tiempo del contrato de recaudo]. Antes de eso, la Contraloría no dijo ni una palabra ni tampoco la Oficina de Control Institucional (OCI) de Pro Transporte», dijo.
Explicó que los 38 primeros paquetes de rutas de los cinco corredores viales, donde están incluidos los de Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier Prado-La Marina, se licitaron antes de que se aprobara el reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (vigente desde mayo del 2014) por lo que no era necesaria la opinión del MEF.
Además, recordó que a pedido de Pro Transporte la OCI participó en todos los actos públicos administrativos de las licitaciones de recaudo y de los corredores complementarios y «nunca dijeron una palabra de que algo estuviera mal. Incluso, han firmado las actas de todos los actos públicos».
ACUSACIONES DE AMBAS PARTES
Pero para el vicecontralor Edgar Alarcón, la falta más grave que habría cometido la administración pasada es que mandó a elaborar un estudio de preinversión a la empresa Getinsa-Geoconsult, el cual no ha sido entregado al municipio.
Al respecto, Guerra García aclaró que el referido estudio se refiere a las mejoras de infraestructura en el ámbito de los corredores complementarios que se iban a dar con posterioridad a la implementación del servicio. Su elaboración fue encargada con anticipación, pero no era un requisito para licitar los corredores.
«El vicecontralor debería documentarse bien, está confundiendo papas con camotes. Para implementar los corredores necesitábamos un estudio de demanda que lo hizo Taryet y luego está el estudio de Deloitte que dice que los riesgos están mitigados».
Finalmente, el ex presidente de Pro Transporte precisó que la Contraloría de la República no tiene ninguna competencia para declarar la nulidad de ningún contrato. Consideró además que las declaraciones de Alarcón tienen un interés político. «Sería bueno que el vicecontralor no haga política, porque no es su función hacerlo», indicó.