La Comisión Permanente del Congreso aprobó hoy una iniciativa que prohíbe a las instituciones educativas de todos los niveles obligar la compra de textos escolares nuevos o que estén diseñados para un solo uso, con el objetivo de acabar con las prácticas abusivas en esa materia.
El proyecto de ley busca proteger a los consumidores de esas prácticas en la selección o adquisición de textos escolares, y garantiza a padres y alumnos su derecho a comprar y utilizar textos de segundo uso como fuente de consulta o material de estudio y de trabajo.
La aprobación de la norma se produce luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) dispusiera inmovilizar los fondos de cuatro editoriales que habrían pagado altas «comisiones» a colegios a cambio de que elijan sus textos escolares como material educativo.
La norma, que propone modificar la Ley 29694, fue aprobada con voto a favor de 22 congresistas, ninguno en contra y una abstención.
La iniciativa señala que las instituciones educativas deberán promover el intercambio de materiales educativos o la implementación de bancos de libros, que busquen proteger la economía de los padres de familia.
El proyecto resume en un solo texto consensuado los dictámenes emitidos por las comisiones de Educación, Juventud y Deporte, y de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos.
El titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado Zegarra (NGP), explicó que la iniciativa busca poner fin a una práctica indebida iniciada hace diez años en perjuicio de los padres de familia.
Con tal finalidad, el proyecto precisa que el Ministerio de Educación (Med) será el responsable de establecer los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que utilizan las instituciones de gestión privadas en los procesos de selección y adquisición de material educativo en pluralidad de ofertas.
El dictamen aprobado señala también que en los procesos de selección de textos escolares deberán participar el director, los profesores y los padres de familia.
A su vez, los docentes, en coordinación con el director, deberán presentar a los padres de familia, de ser posible, por lo menos tres propuestas del texto de cada área curricular que cumplan con los criterios de calidad establecidos en la ley.
Por otro lado, el proyecto propone la creación de un Observatorio Nacional de Textos Escolares (ONTE), a cargo del Med, que se encargue de publicar los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que todo texto escolar debe contener; registrar a las editoriales y los establecimientos dedicados a la venta de textos escolares, y señalar directamente el precio final de los mismos, entre otras disposiciones.
En el debate intervino el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, quien dejó la conducción de la Mesa Directiva para comentar que se podría convocar empresas editoriales chinas para que elaboren los textos escolares, ya que podrían editarlos en forma masiva y venderlos a muy bajos precios.
También intervinieron los legisladores Lourdes Alcorta y Javier Bedoya (APGC), Julio Gagó y José Elías (GPF), Yonhy Lescano (AP), Rogelio Canches, Martín Rivas y Javier Diez Canseco (NGP), entre otros, quienes expresaron su respaldo al proyecto y propusieron algunas modificaciones al texto inicial.
vía Comisión Permanente pone fin a prácticas abusivas en compra de textos escolares.