El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó la solicitud de arbitraje interpuesta por el Consorcio Chavimochic S.A.C. contra el Gobierno Regional de La Libertad por decidir dar por terminado el contrato para la construcción de las obras de la tercera etapa de la irrigación, que le adjudicó el segundo en 2014.
El organismo emitió la notificación de denegación de registro al consorcio el pasado 27 de febrero –tres días después de que este solicitara el arbitraje– bajo el argumento de que el demandante “pertenece a personas jurídicas cuya nacionalidad (Brasil) no es parte del convenio Ciadi”.
La noche del viernes, el consorcio hizo pública su intención de iniciar un proceso de terminación anticipada del contrato, ya que no se le otorgaron las “facilidades para la construcción de las obras”, en alusión a la liberación de las tierras del proyecto. Además, comunicó que el concedente no podrá ejecutar la garantía del contrato, que asciende a US$38 millones.
En conversación con El Comercio, el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, informó que aún no ha recibido ninguna notificación del consorcio. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación”, dijo e indicó que la concesionaria tiene la intención de “confundir a la opinión pública”.
Enfatizó que el Estado prepara una estrategia legal que no genere ningún perjuicio. “Hemos sido contundentes en que deseamos coordinar con la empresa. Ellos han mostrado interés. Hoy lo que queda es sentarnos y ver de manera conciliada la salida del proyecto”, afirmó. Respecto a la ejecución de la garantía del contrato, puntualizó que se trata de un asunto “controversial”.
Recordó que decidieron rescindir el contrato porque el consorcio no presentó el cierre financiero del proyecto.
-Datos-
Unas 16 mil hectáreas de la tercera etapa de la irrigación tendrían doble y triple titulación.
El consorcio Chavimochic S.A.C. alega que el Estado no liberó la totalidad de las tierras para las obras de la tercera etapa de la irrigación.
El contrato no establece que es necesario liberar las tierras para la presentación del cierre financiero, alega el Estado.
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