Las sucesivas invasiones registradas en los alrededores del penal de Piedras Gordas, en Ancón, hoy ocupan casi 70 hectáreas. En un sector adyacente de similar extensión, la Municipalidad de Lima planea construir un parque zonal y un cementerio.
Tras conocerse que la comuna capitalina ya aprobó ese proyecto, el alcalde del distrito, Felipe Arakaki, solicitó a las autoridades metropolitanas que no se desentiendan de las ocupaciones ilegales y que busquen una solución urgente a esa situación.
Según dijo, la alternativa más viable es que Lima cambie la zonificación de «área de recreación» a «zona residencial», lo que permitirá desarrollar un programa de vivienda municipal para las más de 3000 familias invasoras.
Gastos elevados
El burgomaestre comentó que los predios invadidos pertenecen a la comuna capitalina, entidad que en la actualidad no destina ningún presupuesto para atender las necesidades de limpieza pública y seguridad que se generan en las cercanías.
«Aunque legalmente no deberían recibir ningún servicio, para evitar la contaminación recogemos 15 toneladas de basura cada semana. También tenemos que enviar serenos por los traficantes de terrenos. El gasto corriente que está asumiendo la Municipalidad de Ancón es muy grande, insostenible para nosotros», declaró Arakaki a La República.
Los invasores, instalados en el lugar desde hace seis años, se han agrupado en las asociaciones Pampas de Piedras Gordas, Nadine Heredia, Señor de Cachuy y Marko Jara Schenone. Todas ellas se sitúan entre el kilómetro 38 y 40 de la Panamericana Norte, precisó la autoridad edil.
El proyecto del parque zonal no ha estado libre de polémica. El jueves pasado, el Concejo Metropolitano redujo de 75 a 31.58 hectáreas las áreas destinadas a la construcción del nuevo espacio recreativo.
Dicha modificación, según el municipio de Lima, se realizó con la finalidad de entregar las 42 hectáreas restantes a la Asociación Civil San Juan Baustista –propiedad del Sodalicio de Vida Cristiana– para que construya el cementerio San Pedro de Ancón.
El regidor Hernán Núñez aseguró que esa decisión solo beneficia al privado, que invertirá US$ 12 millones para crear el camposanto en el terreno recibido. El mismo inversionista destinará US$ 10 millones a la construcción del parque zonal.
La clave
Felipe Arakaki comentó que los ocupantes ilegales tienen la intención de formalizar sus propiedades. El alcalde señaló que en estas zonas ya se ha construido infraestructura social (postas, colegios y parroquias).